hasta 30 años

La querella por rebelión en Cataluña se presentará el lunes en el Tribunal Supremo

Dirigirá su acusación contra el presidente, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, el resto de miembros del Govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y su Mesa

Foto: El Parlament, tras aprobar la resolución para declarar la independencia de Cataluña. (EFE)
El Parlament, tras aprobar la resolución para declarar la independencia de Cataluña. (EFE)

La Fiscalía General del Estado tiene previsto presentar este lunes en el Tribunal Supremo la querella contra los miembros de la Mesa del Parlament y del Govern por un delito de rebelión tras la declaración unilateral de independencia. El departamento que dirige José Manuel Maza dirigirá su acusación contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, e incluirá en la misma al vicepresidente, Oriol Junqueras, y al resto de miembros del Govern, tras la votación de este viernes en el Parlament que ha declarado constituida la República -lea la resolución íntegra aprobada en la Cámara catalana-. Lo mismo sucederá con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los integrantes de la Mesa que tramitaron la votación del texto de independencia.

El Ministerio Público quiere tomarse el tiempo necesario para recoger en su escrito la sucesión de acontecimientos de este viernes y determinar las responsabilidades de otras personas, como los cuatro votantes de la propuesta de Junts pel Si y la CUP y los diputados que han votado en secreto, por 70 sufragios a favor, la ruptura con España.


Acusará por un delito que acarrea penas de hasta 30 años en el alto tribunal con sede en Madrid. Su intención es la de acumular en una única causa la acción penal contra los miembros de la Generalitat, a los que ya investiga el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por otros ilícitos: desobediencia, prevaricación y malversación. Parte del delito se ha producido fuera de la comunidad autónoma dados los indicios de que se ocultaron en la vecina Francia urnas y otro material. Además, conlleva una inhabilitación absoluta de hasta 15 años.

Esta versión agravada de la sedición se reserva para quienes se levanten "violenta y públicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constitución o declarar la independencia de una parte del territorio nacional". La Fiscalía considera totalmente acreditado el delito, dado que ha existido una acción evidentemente coercitiva desplegada desde el Gobierno autonómico para forzar la separación de la comunidad del resto de España. Además, desde el Ejecutivo catalán pueden haberse promovido acciones violentas, como la huelga general del 2 de octubre o los disturbios del 20 y 21 de septiembre tras las detenciones de la operación Anubis.

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