EL JUEZ ACUERDA SU PUESTA EN LIBERTAD

Ignacio González paga la fianza de 400.000 euros con 11 fiadores

A partir de ahora, están vigentes las medidas cautelares impuestas en el auto de prisión eludible

Foto: El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (c), a su salida de la cárcel de Soto del Real. (EFE)
El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González (c), a su salida de la cárcel de Soto del Real. (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado este miércoles la libertad del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González una vez consignados en el Juzgado por 11 fiadores los 400.000 euros impuestos para salir de prisión, donde se encontraba desde el pasado 21 de abril por su presunta implicación en la denominada operación Lezo.

A partir de ahora están vigentes las medidas cautelares impuestas en el auto de prisión eludible, consistentes en las presentaciones semanales en la Audiencia Nacional o el juzgado más cercano a su domicilio, la retirada del pasaporte y la prohibición de salida del territorio español. El mandamiento de libertad se ha enviado al juzgado de Colmenar competente para tramitar la excarcelación de la prisión de Soto del Real. El expresidente de la Comunidad de Madrid ha abandonado la cárcel a las 19:48 de este miércoles.

El magistrado ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe se mostraba favorable a esta medida al considerar que ha disminuido el riesgo de reiteración delictiva y que, debido a la actuación judicial, se han cortado, en concreto, las vías para que pueda manejar fondos en el extranjero.

Ignacio González paga la fianza de 400.000 euros con 11 fiadores

En un auto hecho público a última hora del martes, el magistrado —que exigía que la caución se pague en efectivo— acusa al considerado cabecilla de la trama Lezo de ocultar irregularidades en la compra de Inassa durante la etapa de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón. Explica que encargó un informe a Cuatrecasas que pagó con fondos públicos y añade: "En definitiva, una autoridad pública encarga y paga con dinero público un informe a un despacho de abogados para analizar la operación de compra de Inassa pero posteriormente oculta dicho informe". "Es evidente que cualquiera que hubiese sido el resultado del informe, ya señalara meras irregularidades fiscales o administrativas o delitos flagrantes, Ignacio González debió comunicar su resultado a los correspondientes órganos de fiscalización de la Comunidad de Madrid o a la Fiscalía", pone de manifiesto.

García-Castellón agrega que la instrucción ya ha acreditado que aquel documento no se limitaba a exponer meras irregularidades sino que contenía indicios claros de una conducta delictiva. Ignacio González y Edmundo Rodríguez confirmaron este extremo por separado en dos conversaciones interceptadas. "No se trata de una referencia coloquial o en clave política, sino que se trata en ambos casos del pleno conocimiento de un hecho delictivo que no fue denunciado", dice y agrega que, con esta actuación, González permitió el pago de dicha operación con fondos públicos hasta el año 2012 y dio cobertura ilícita a los presuntos autores del delito.

A pesar de coincidir con el Ministerio Público en que el riesgo de fuga, reiteración delictiva y destrucción de pruebas se han atenuado, el auto señala que las actuaciones de la trama han traspasado las fronteras nacionales y existen indicios de que movieron capitales en países que albergan la sede de las filiales de la sociedad Inassa, como Brasil, Panamá, República Dominicana o Colombia.

"La estructura societaria creada por la organización indiciariamente oculta en terceros países, como Suiza, Luxemburgo, Liechtenstein o Reino Unido, el dinero público desviado. Los elementos probatorios que se están recabando evidencian que el reparto de papeles entre los miembros de la organización facilita el retorno del capital oculto bajo la instrumentalización de préstamos, inversiones societarias, fondos de inversión o ampliaciones de capital en negocios con apariencia legal", pone de manifiesto.

También señalada el juez evidentes irregularidades en las obra de Canal Golf y pone de manifiesto que él y otros imputados acordaron el desvío de capitales públicos invertidos en la ejecución de la obra a través de la mercantil Tecnoconcret. La empresa, con participación del hermano y el cuñado de González, no tenía ni la experiencia ni la estructura necesarias para asumir el proyecto, destaca. "Su aportación fue nula", agrega el juez. No solo eso: el magistrado señala, además, la adjudicación forzada de licitaciones para la mercantil ACS.

El juez se ha basado en un informe de Anticorrupción que señala que, una vez analizados los hechos presuntamente delictivos y los indicios objetivos de criminalidad que los soportan, siguen concurriendo "consistentes elementos probatorios de la actividad delictiva de Ignacio González, a los efectos necesariamente provisionales que marcan esta fase procesal".

"La amenaza punitiva de los hechos delictivos imputados es, 'a priori', superior a los 20 años de prisión, dato que por sí solo objetiva un evidente riesgo de fuga, sin que el arraigo familiar del investigado lo haga desaparecer", dice Anticorrupción. Del mismo modo, la instrucción ha puesto de relieve que el investigado "podría tener un significativo patrimonio oculto tras entramados societarios radicados en paraísos fiscales".

Ignacio González paga la fianza de 400.000 euros con 11 fiadores

No obstante, la Fiscalía considera que ha disminuido el riesgo de que repita su actuación en países como Colombia y Panamá. En cuanto al riesgo de fuga, el transcurso del tiempo y el avance de la instrucción judicial también reducen dicho riesgo, dice. "Todo ello impone la necesidad de acomodar la situación personal del investigado al presente estado de las actuaciones procesales, estableciendo unas medidas menos restrictivas de sus derechos fundamentales, garantizando al tiempo su sujeción al proceso", agrega el Ministerio Público.

González ha pedido salir de prisión en dos ocasiones. El considerado cabecilla de la trama Lezo ingresó en la cárcel en abril, acusado de liderar una trama de cobro de comisiones ilícitas y blanqueo de capitales. En sus escritos, reclamaba al juez instructor, Manuel García-Castellón, quedar libre debido al deterioro físico que estaba suponiendo su encarcelamiento.

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