Ignacio González vuelve a pedir la libertad: "No hay pruebas de patrimonio oculto"

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González vuelve a pedir su excarcelación justo cuando se cumplen seis meses desde que fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo que dirige la Audiencia Nacional. En un escrito presentado ante el Juzgado Central número 6, la defensa del exjefe del Ejecutivo regional argumenta que, transcurrido medio año desde el arresto, los investigadores no han podido acreditar los indicios que en un principio aseguraban tener contra él. Ni los efectos informáticos que se le intervinieron, ni la documentación de la que se incautaron los agentes, ni las conversaciones telefónicas interceptadas ni ningún otro contenido del sumario, cuyo secreto ya ha sido alzado, demuestran, según los abogados de González, que exista prueba alguna contra el exdirigente político popular.

En concreto, la defensa del expresidente madrileño entiende, respecto a la supuesta compra fraudulenta de Inassa en 2001 por parte del Canal de Isabel II, que el informe elaborado en 2004 por Cuatrecasas "únicamente" destacó "anomalías de tipo fiscal, ausencia de algún requisito administrativo y falta de claridad en la exposición que en su momento se hizo ante el consejo" del Canal en la operación, pero "en absoluto concluye ni menciona siquiera" que hubiera comisión alguna penalmente relevante. Además, añade, de una conversación "coloquial" —que tuvo lugar "en clave política, para comparar su gestión con las precedentes"— de González, "no puede deducirse que 12 años antes, cuando este era presidente del Canal, conociera que realmente se hubiera cometido un delito". Estos indicios, califican los letrados del expresidente regional, son de una "patética fragilidad".

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Sobre la "compra fraudulenta" de la sociedad brasileña Emissao, que se produjo en 2013, los abogados defienden que por aquel entonces González "ya no era presidente del Canal". "No tuvo dominio alguno en la adquisición" de la citada mercantil "ni conoció sus pormenores, ni la valoración que se le daba ni los informes de KPMG", insisten los representantes legales del expresidente madrileño, que niegan al mismo tiempo que el dirigente gestara la idea de la operación, como aseguran que ya dejó claro María Fernanda Richmond. Critican, sin embargo, la declaración de Edmundo Rodríguez, que fue quien acusó a González de pergeñar la compra. "Ni existe prueba de esta falsa acusación ni de la obtención de comisión alguna", subrayan los letrados, que también se refieren a la construcción del campo de golf que se adjudicó a la sociedad Tecnoconcret, participada por Pablo González, hermano del dirigente del PP.

González, sostiene el escrito, "no instó la modificación del proyecto en 2007, pues quien lo propuso fue Esperanza Aguirre", en ese momento máxima responsable del Gobierno autonómico. "Ni pertenecía a las mesas de contratación ni se encargó de proponer las condiciones técnicas ni los pliegos, ni fue el encargado de su aprobación", insisten los abogados, que arguyen asimismo que el exjefe del Ejecutivo regional "no tuvo ninguna relación" con Tecnoconcret, y que su hermano entró en la sociedad "con posterioridad". "Ninguna de las acusaciones en relación con esta pieza es suficiente para mantener una medida tan gravosa como la prisión provisional", afirman.

Sobre la investigación del supuesto pago de una comisión de 1,4 millones de euros por parte de OHL por la adjudicación del tren de Navalcarnero, el mismo escrito sostiene que cuando el Gobierno regional concedió este contrato, González "no tenía competencia alguna en materia de transportes". Además, este tampoco tuvo "relación alguna" con el consejero de la constructora Javier López Madrid ni con el presidente del grupo, Juan Miguel Villar Mir. "No existen además en las actuaciones pruebas de lo contrario", añaden los letrados, que argumentan también que ningún otro investigado por este asunto se encuentra actualmente en prisión.

Tampoco consideran los abogados de González que haya pruebas suficientes contra él en la pieza separada de la causa que rastrea la actuación de Informática de la Comunidad de Madrid (ICM). Esta parte del procedimiento, a su juicio, "se ha construido sobre la base de una supuesta reunión entre el consejero delegado de ICM y mi mandante" que, según el que fuera presidente de la mesa de contratación del organismo, Silvano Corujo, se produjo porque se lo contaron, pero no porque tuviera conocimiento directo de ella.

​Los letrados califican también de "increíbles elucubraciones" los argumentos que utiliza el auto que ordenó la prisión de González hace seis meses, que apeló a "la existencia de ingentes cantidades de dinero" en poder del expresidente madrileño, calculadas en atención a las inversiones que supuestamente se disponía a realizar y a las "operativas de blanqueo de capitales para aflorar dinero en efectivo a través de préstamos personales con su padre y su hermano", así como por medio de "facturación ficticia con empresas". Estas acusaciones, según la defensa del principal acusado en el caso Lezo, son "irreales". "Carece de sentido decir que mi mandante iba a comprar la multinacional Auditel, valorada en tres millones de euros, y aún menos sostener que ello iba a hacerse con dinero en efectivo", arguyen.

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Las declaraciones de los testigos, continúan, confirman que esos supuestos actos de blanqueo responden a "la existencia real de trabajos" llevados a cabo por González, conclusión a la que también conduce "el análisis de la información documental extraída del despacho" del exdirigente popular —que ya ha sido desmenuzada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de las pesquisas— así como de la "multitud de archivos y correos electrónicos alojados en el ordenador" del investigado.

"Ni existe organización criminal ni es coherente que pueda continuar mi representado en prisión con base en la gravedad de las penas de los delitos que se le imputan, cuando no existe prueba alguna de su participación en ellos y máxime cuando los que sí tendrían el dominio del hecho en tales actuaciones están en libertad", concluyen los letrados de González, quienes consideran también que hoy por hoy tampoco existe riesgo de fuga ni de reiteración delictiva, como sostenía el auto de prisión que hace seis meses ordenó el ingreso entre rejas del principal imputado.

"No existe, y por eso no se ha encontrado, ningún dinero de procedencia ilícita ni en España, ni en Europa ni en ningún país de Sudamérica o en cualquier otro territorio extranjero a nombre de mi mandante o a su disposición", argumenta la defensa de González, para mantener que este no tendría posibilidades de subsistir en el extranjero. "Tampoco se ha constatado la existencia de ninguna cuenta con dinero a disposición de mi mandante proveniente de una comisión por la compra de Emissao", agrega la representación legal del exdirigente, que niega que pueda considerarse siquiera como indicio "la mera declaración de Rodríguez Sobrino", quien dijo que una parte de esa supuesta comisión por la compra era para González. "Nunca la recibió", sentencia.

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Tampoco hay, continúa la defensa, "ningún patrimonio oculto". El expresidente, prosigue, "no tiene más bienes que los declarados en su IRPF". "Ni la intensa investigación que, desde hace seis años, está realizando el juzgado de Estepona en el caso ático en busca del patrimonio de mi representado y su mujer, ni la igualmente exhaustiva que se ha desarrollado en esta causa han llegado a identificar un solo bien patrimonial distinto a los ya declarados", insiste la representación legal de González, que niega también que los investigadores hayan encontrado "la más mínima prueba de que el investigado tuviera inversiones o un nivel de vida por encima de sus posibilidades".

"En definitiva, tras la exhaustiva investigación, no son ya sostenibles los argumentos genéricos, hipotéticos y absolutamente irreales sobre el riesgo de fuga que se han mantenido hasta ahora", añaden los letrados, que defienden que González tiene "un fortísimo arraigo personal y familiar en España", que tiene aquí a su mujer y a sus tres hijas, dos de las cuales cuentan con un trabajo estable, además de a sus padres, "de avanzada edad y movilidad reducida", como argumentaron los mismos abogados en la anterior petición de libertad, que la Audiencia Nacional rechazó el pasado agosto en lo que representaba la segunda respuesta negativa dada por el alto tribunal a una reclamación de excarcelación por parte de González.