Todos los partidos presionan a Puigdemont para que convoque elecciones

Toda negociación llega a un punto en el que cada paso adelante perjudica la posición de todas las partes. Llegados a este punto, la única forma de evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña es que Carles Puigemont convoque antes del viernes elecciones autonómicas, sin declaración formal de independencia. No es seguro que el Gobierno que Mariano Rajoy lo acepte como suficiente para frenar la intervención de la Administración catalana, pero es la única opción y, por eso, todos los partidos se han lanzado a presionar a Puigdemont para que lo haga. Incluso diputados del PDeCAT aseguran en privado que es la mejor opción.

Expresamente, la portavoz del PSOE, Margarita Robles, aseguró este martes en el Congreso que si hay convocatoria electoral debe frenarse la aplicación del 155. Fue meridianamente clara. Si esos comicios autonómicos ordinarios se convocan "en el marco constitucional y dentro de la legalidad vigente no tendría razón de ser la puesta en marcha del mecanismo 155 de la Constitución, que sólo se pone en marcha cuando lo apruebe el Senado", subrayó ante los medios. "Ni política ni jurídicamente sería necesaria la aplicación", abundó. La portavoz precisó que ese llamamiento a las urnas debería comportar un "rechazo" a cualquier declaración unilateral de independencia (DUI).

En una entrevista en RNE, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, señaló que la crisis en Cataluña no se soluciona "exclusivamente" celebrando elecciones en la comunidad autónoma. Un nuevo escenario político, ha explicado, "podrá ayudar a resolver los problemas", pero "el incumplimiento de las obligaciones" por parte de Puigdemont "no se soluciona simplemente convocando elecciones", sino "alguna cosa más". Ni Catalá ni otros miembros del Gobierno y el PP especifican qué tendría que hacer Puigdemont para evitar el 155. Hay una opción intermedia como rebajar la aplicación este jueves y viernes en el trámite del Senado, pero, en todo caso, no parece probable que se pudiera anular una hipotética convocatoria electoral. Y Rafael Hernando, portavoz del PP, exigió "la vuelta a la legalidad estatutaria y constitucional, asumiendo la anulación de leyes ya suspendidas por el Tribunal Constitucional".

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Cataluña no tiene ley electoral y, por tanto, si convocara elecciones autonómicas lo tendría que hacer al amparo de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, lo que supondría una vuelta a la legalidad. La duda es si esa convocatoria paralizaría la que el 155 deja en manos de Rajoy en un plazo máximo de seis meses. Obviamente, el decreto de convocatoria no debería incluir ninguna referencia a la independencia, el referéndum ilegal o la suspendida ley de transitoriedad.

El ministro de Justicia afirma en RNE que con una mera convocatoria de elecciones ordinarias no basta para que se congele la aprobación del 155

Los socialistas no querían hablar de choque directo con el Gobierno, pese a que las palabras de Robles colisionaban con las de Catalá. La portavoz se aferró a las declaraciones de ayer lunes de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. En una entrevista en Onda Cero, la número dos del Ejecutivo reconocía que la Cámara Alta "tiene capacidad de adaptarse a lo que Puigdemont y el Parlament hagan" en función de lo que vaya ocurriendo esta semana. El PSOE se queda, pues, con esa mayor flexibilidad mostrada por la lugarteniente de Rajoy, y no con el tono más duro del titular de Justicia. Lo que dijo Santamaría, expresó Robles, es "la misma tesis" que defiende Ferraz. Mientras la dirigente hablaba a los periodistas, asentía la vicesecretaria general del partido, Adriana Lastra. El llamamiento a Puigdemont para que disuelva por sí mismo el Parlament fue constante durante su encuentro con los informadores.

"Menos épica"

La condición que pone el PSOE es que no haya DUI de ningún tipo. Ya lo había avisado ayer Óscar Puente, el portavoz de la dirección. Si el 'president' o la Cámara catalana proclaman la secesión de Cataluña, no habrá más remedio que tomar el control de la autonomía. Robles alegó que el jefe del Govern no puede agarrarse a las leyes de referéndum y de transitoriedad jurídica. La primera ha sido anulada definitivamente y la segunda está suspendida por el Tribunal Constitucional. Tales normas, pues, "no existen, no tienen virtualidad jurídica ni política". Así que la convocatoria de elecciones en el marco de la legalidad y de la Carta Magna "sería una manifestación de acatamiento" a ese marco y un reconocimiento de la vuelta a la ley. La postura del PSOE, en realidad, no ha cambiado en las últimas horas. Ha sido la del Gobierno la que se ha endurecido.

Los socialistas se aferran a las palabras anteriores de Santamaría, que aseguraba que el Senado podría adaptarse a los pasos dados por el jefe del Govern

También el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que el presidente de la Generalitat debería convocar elecciones si eso evita la aplicación del artículo 155 de la Constitución porque esa es ahora "la prioridad", y le gustaría que estos comicios se desarrollaran en base a "la legalidad catalana".

Y Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, pidió "menos épica" para que se evite una aplicación del 155 que, en su opinión, sería inconstitucional.

El PSOE, de hecho, no oculta que si hay convocatoria electoral habría que replantearse el 155 que se aprueba el viernes en el Senado. Ese objetivo es el del líder del PSC, Miquel Iceta, que en los últimos días ha mantenido conversaciones con Mariano Rajoy y con Carles Puigdemont, en busca de esa salida que evite la aprobación del 155. De hecho, hoy mismo su adjunta, Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet, subrayaba en la Ser que con una disolución del Parlament se "cortaría total y absolutamente" la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

También Xavier Domènech, de En Comú Podem, pidió que no se aplique el 155, sin descartar las elecciones. "Estamos a favor de cualquier cosa que impida que se aplique el 155", abundó la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero. La dirigente volvió a arremeter contra los socialistas porque ya decidieron apoyar la intervención de Cataluña "al margen de las condiciones", porque el grupo liderado por Pablo Iglesias sigue entendiendo que Puigdemont realmente no llegó a declarar la independencia. Montero advirtió de que ahora se hará lo que quiera el PP, y no lo que pida el PSOE, puesto que el Ejecutivo cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, informa Iván Gil. La portavoz insistió en que el "bloque monárquico" ha optado por tramitar el precepto de la Carta Magna y aplicarlo de la forma más "salvaje", "autoritaria" y "agresiva" posible.

Ciudadanos siempre ha apoyado la aplicación del 155, pero también es partidario de esos comicios que, además, pueden serle favorables, según todas las encuestas.

Pospuesta una semana la creación de la comisión del modelo territorial

Otra demora más. La comisión de estudio de revisión del modelo autonómico, propuesta por el PSOE y pactada con el PP como paso previo a una reforma constitucional, sigue aún congelada. Ya fue aprobada por la Mesa del Congreso, pero aún no se ha puesto en marcha. Ayer lunes acababa el plazo dado por la presidenta de la Cámara, la popular Ana Pastor, para que los grupos aportasen los nombres de sus representantes en el nuevo órgano. El Grupo Mixto había presentado un escrito ante el órgano rector en el que pedía más tiempo para comunicar los nombres. 

En realidad, solo PP, PSOE y Ciudadanos habían registrado ya a sus elegidos para la comisión. Nacionalistas e independentistas, y también Unidos Podemos, se habían descolgado por el 155. 

Este martes, según adelantó Margarita Robles, Pastor concedió una "prórroga única" de una semana a los grupos para enviar los nombres de sus representantes. Para entonces ya se sabrá si finalmente el Senado ha votado la intervención de Cataluña y si el Gobierno ha destituido a todo el Govern. El PSOE no se opuso a este nuevo plazo pedido por algunos grupos porque responde a un "ánimo constructivo".

Los socialistas consideran que los trabajos deben arrancar de forma inmediata, en cuanto venza el plazo, y confían en que todos los grupos se acabarán sumando a una labor "histórica" como lo es la de reformar la Constitución. Consideran que no hay razón para no acudir y participar en las deliberaciones.