El PSOE mantiene la comisión territorial pese a las 'bajas' de Podemos y nacionalistas

El PSOE no va a renunciar a su gran apuesta estratégica para intentar encontrar una salida al conflicto con Cataluña. Pese a todas las dificultades y pese a que corra el riesgo de naufragar antes siquiera de nacer. Su voluntad de que comience a prepararse el camino de la reforma constitucional en una comisión específicamente diseñada para estudiar las deficiencias del Estado autonómico es completamente firme, y está dispuesto a que esta eche a andar lo antes posible, al margen de que nacionalistas, independentistas e incluso Unidos Podemos amenacen con quedarse fuera en caso de que se aplique —como ya se da por descontado— el artículo 155 de la Constitución para "restaurar la legalidad" en Cataluña.

"Unos días más adelante o más tarde, la comisión echará a andar. Pronto. El reloj del cambio político y del diálogo no se va a frenar", sentencian con total rotundidad fuentes muy próximas a Pedro Sánchez. El criterio del secretario general, en consecuencia, no ha cambiado: quiere empujar para que la comisión de revisión del modelo territorial se constituya lo antes posible, convencido de que ese es el "único espacio" viable de diálogo y en el que además estarán representadas todas las fuerzas. En la dirección socialista se añade que al final, pese a las resistencias iniciales, "se acabarán sumando" todos los grupos. Antes o después. Sánchez cuenta en este caso con la complicidad de los populares y de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que por ahora cree que "no tiene por qué haber demoras" en la constitución del espacio de interlocución. Pero si las amenazas de plantón se consuman, puede ocurrir que se ponga en pie con el único respaldo de socialistas, PP y Ciudadanos.

Que la comisión de estudio propuesta por el PSOE, pactada con el PP —y apoyada por todos los grupos, salvo ERC y Cs—, iba a toparse con muchas dificultades se empezó a ver con claridad este martes, a menos de una semana de que concluya el plazo para que las formaciones designen a sus representantes en ella. El PNV advirtió de que si finalmente el Gobierno ponía en marcha los trámites para la aplicación efectiva del 155 para poder tomar el control de todas o parte de las competencias de la Generalitat, el clima no sería propicio para abrir ese foro de diálogo. Y el PDeCAT, el partido del 'president' Carles Puigdemont, también ve "muy difícil" inaugurar un espacio de interlocución en el Congreso mientras se despliega el 155. Lo complicado, decía su portavoz en Madrid, Carles Campuzano, sería "poder compatibilizar" lo que desde Cataluña se concibe como suspensión del autogobierno con un debate parlamentario sobre cómo cambiar la Carta Magna.

"Unos días más adelante o más tarde, la comisión echará a andar. Pronto. El reloj del cambio y del diálogo no se frena", dicen en el círculo de Sánchez

ERC también se descuelga, en coherencia además con su voto contrario a la creación de la comisión. Los republicanos quieren una negociación entre el Gobierno y la Generalitat. Y en la medida en que no se acepte ese diálogo "de igual a igual, o entre los dos gobiernos, cualquier reforma de la Constitución siempre implicará el plácet de los grandes partidos españoles, de manera que, aun cuando todos los catalanes pensáramos igual, cosa que no deseo, siempre estaríamos a merced de la voluntad de PP, Ciudadanos y PSOE", explicaba este miércoles a los medios el portavoz de ERC en la Cámara Baja, Joan Tardà.

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De nuevo, las hostilidades

A la falta de apoyos de los nacionalistas se unieron las dudas de Unidos Podemos. La presión del grupo liderado por Pablo Iglesias para que el PSOE retire su respaldo al Ejecutivo central en las medidas contra Cataluña volvió a subir de nivel este miércoles con la amenaza de no participar en la comisión de revisión del Estado autonómico. Un intento a la desesperada, uniéndose al camino emprendido por PNV y PDeCAT, que vinculan su presencia en dicha comisión a que no se aplique el artículo 155.

Desde el 1-O, Podemos ha marcado distancias con el PSOE, acusándolo de integrar el "bloque inmovilista" y de apoyar la "represión" del Estado

Desde el 1-O, Podemos ha marcado distancias con el PSOE, acusándolo de formar parte del “bloque inmovilista” y de apoyar de modo indirecto la “represión” durante el referéndum. Palabras gruesas que la pasada semana, tras oficializarse el apoyo de los socialistas al presidente del Gobierno y pactar la vía para reformar la Constitución, se convirtieron en ruptura. Iglesias volvió a situar a Sánchez en el marco de la “triple alianza”, junto a PP y Cs, y dio por muerto al “nuevo PSOE”.

El intento de boicot a la comisión y a los trabajos que de ella salgan se centra en dos vías de actuación. Por un lado, se cuestiona que “el PSOE y el PP solo quieren hablar de modelo territorial, y eso no resuelve el problema de los españoles". "Sería un engaño para los ciudadanos si abrimos la Constitución solo para hablar del modelo territorial”, explican fuentes de la dirección del grupo confederal. Por otro lado, y para intentar impedir una eventual modificación regresiva de la Carta Magna, los de Iglesias forzarán que todo cambio deba ratificarse mediante referéndum. Pueden hacerlo: cuentan con el número suficiente de diputados (más de 35, la décima parte del Congreso que exige la Ley Fundamental de 1978).

Los socialistas no escondieron su malestar por las palabras de Podemos. El secretario de Organización, José Luis Ábalos, criticaba el doble juego, la paradoja de que quien "tenía la pretensión de mejorar o cambiar el sistema político" ahora "se niega a participar en una empresa de tal envergadura" como la reforma de la Constitución. "Uno tiene que hacerse la reflexión: aquello que vino a cambiar, ¿en qué queda? Esa es la reflexión que tienen que hacer", señalaba el número tres.

En el PSOE interpretan que la posición de Unidos Podemos responde a una "excusa de niño" y a un escoramiento hacia las tesis de los independentistas que le saldrá mal electoralmente, como han venido demostrando las últimas encuestas, incluida la que publicó este medio el pasado sábado. "Con este tipo de cosas, lo que demuestra Podemos es que no quiere gobernar. No tiene sentido de Estado. Su postura no es comprendida fuera de Cataluña. ¿Cómo van a avalar en Madrid o en Málaga el derecho de autodeterminación o que apoyen que la Generalitat se salte la ley?", aseguraba este miércoles un alto mando de la dirección, que insistía en que los dirigentes socialistas reciben la felicitación de los ciudadanos allá donde van por mantenerse en este tema del lado del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En el PSOE llevan muy a gala en las últimas semanas su "sentido de Estado" y de la "responsabilidad". En la cúpula y fuera de ella se subraya con ahínco que los socialistas fueron los arquitectos de la democracia española, por haber estado al frente del Gobierno más años y por haber sido los impulsores de la "modernización" de España. Esa es la razón por la que bajo ningún concepto Sánchez se moverá de su respaldo a Rajoy en esta gravísima crisis institucional con Cataluña.

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Fin del plazo, el lunes

El lunes próximo concluye el plazo dado por Pastor para que los grupos faciliten los nombres de sus representantes en la comisión de revisión del modelo territorial. A partir de ahí, la presidenta de la Cámara podrá convocar la sesión constitutiva cuando quiera. "La fecha de puesta en marcha depende más de los portavoces, pero en principio no tiene por qué haber demora. Hasta ahora se van haciendo los pasos habituales", señalaban a este diario fuentes cercanas a la jefa del legislativo. "No creemos que vaya a servir de nada. Así que nos da igual cuándo se constituya", decían mientras desde Cs.

Los socialistas confían en que el resto de grupos se "acabará sumando" al foro de diálogo porque será el único espacio de interlocución abierto en las Cortes

Los socialistas ya proporcionaron este martes la lista de sus nueve elegidos para la comisión —Adriana Lastra, portavoz, y Patxi López como portavoz adjunto, más Meritxell Batet, José Enrique Serrano, Susana Sumelzo, Gregorio Cámara, Pilar Cancela, Artemi Rallo y Sofía Hernanz como vocales—. Ciudadanos, por su parte, nombró a sus tres representantes: Nacho Prendes, vicepresidente primero del Congreso, junto a los diputados Javier Cano (Cádiz) y Virginia Millán (Sevilla), una representación de perfil bajo que casa con la postura que Albert Rivera ha adoptado de cara a este órgano: no es la "solución" un foro que busque "contentar a los separatistas", sino que "hay que afrontar la reforma de la Constitución de una forma seria y amplia", inciden fuentes de la formación naranja. El PNV, de participar finalmente, podría enviar a su portavoz en la Cámara, Aitor Esteban, o al parlamentario Mikel Legarda. El PSOE quiere, de hecho, que sean los nacionalistas vascos quienes presidan la comisión, precisamente por el mensaje de integración que se lanzaría, aunque no se descarta que al final la pueda encabezar el veterano José Enrique Serrano —director de Gabinete de los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero—, bien visto por el PP.

De confirmarse las ausencias, se podría producir la foto de una comisión integrada solo por PP, PSOE y Ciudadanos. En Ferraz, sin embargo, no piensan arrugarse. En la dirección insisten en que al final los demás grupos "se acabarán sumando" porque será el "único" espacio de diálogo existente que acoja a todas las fuerzas. No piensa renunciar a él porque es una apuesta directa de Sánchez (y del PSC) y porque lo costoso fue "atraer" a Rajoy a ella. Y consiguió su implicación. Tanto su sí a la creación de este órgano como a la apertura del debate de la reforma constitucional en seis meses.

Presión inútil

En el equipo de Sánchez reconocen que la distancia con Podemos ha aumentado en las últimas semanas, y que esa célebre mesa de coordinación parlamentaria que ambos partidos vendieron como gran éxito antes de agosto está por ahora muerta. No niegan que pueda producirse la cooperación en cuestiones sociales, pero admiten que la agenda política está copada por Cataluña —y lo seguirá estando mucho tiempo— y ahí las diferencias son abismales, ya que Iglesias, marcado por la posición de Catalunya en Comú (la formación de Ada Colau), sigue defendiendo el referéndum pactado, que el PSOE niega radicalmente.

Rajoy ultima con Sánchez y con Rivera el paquete de medidas que incluirá el despliegue del 155, que deberá llevarse al Senado para su aprobación

En todo caso, el punto de mira del PSOE es otro ahora mismo, dada la inminencia de la aplicación del 155 una vez que venza el segundo plazo del requerimiento de Rajoy a Puigdemont, este jueves a las 10 de la mañana. Aunque el mensaje del Ejecutivo y de Sánchez (desde Bruselas) era el mismo, que el 'president' convoque elecciones y entonces la vía del 155 se abortará de manera automática, la respuesta llegó pocas horas después desde Barcelona: Puigdemont no se plantea comicios y su partido incluso le pide que proclame la independencia de Cataluña en caso de que el Ejecutivo central ponga en marcha la tramitación del precepto constitucional.

La previsión es que se celebre un Consejo de Ministros extraordinario el sábado —a la vuelta de Rajoy del Consejo Europeo— para aprobar la hoja de ruta para la intervención de Cataluña. Cuando La Moncloa envíe la documentación al Senado, el presidente de la Cámara, el popular Pío García-Escudero, convocará la Mesa, que a su vez fijará la fecha de la comisión conjunta —la Constitucional y la General de las Comunidades Autónomas— que deliberará sobre las medidas planteadas por el Gobierno. Se dará un plazo a la Generalitat para que presente alegaciones y a continuación se citará al pleno del Senado, que por mayoría absoluta —que de suyo tiene el PP, aunque además contará con el apoyo del PSOE y de Cs— aprobará el despliegue del 155. La sesión podría tener lugar o a finales de la próxima semana o a principios de la siguiente. Rajoy mantiene la interlocución constante con Sánchez —con el que se citó el martes— y con Rivera —con el que despachó este miércoles— para concretar el guion hasta ahora jamás explorado del 155.

Sánchez prosigue su 'campaña' de explicación con los líderes europeos

El viaje de dos días a Bruselas de Pedro Sánchez tenía un objetivo claro: explicar a las autoridades europeas y a los líderes socialdemócratas que quienes están fuera de la legalidad son los independentistas y que el PSOE respalda al Gobierno en la aplicación del 155 para "devolver a la legalidad" a Cataluña y convocar elecciones en un plazo breve. 

El líder socialista protagonizó una rueda de prensa en la capital comunitaria este miércoles y mantuvo encuentros bilaterales con el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani; con la alta representante para la Política Exterior de la UE, Federica Mogherini; con Gianni Pittella, presidente del Grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) en el Parlamento Europeo, y con John Crombez, líder de los socialistas flamencos. Y este jueves se reunirá con el jefe de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y Karl-Heinz Lambertz, presidente del Comité de las Regiones. También participará, junto con los líderes socialdemócratas europeos, en la cita previa al Consejo Europeo. Así, mantendrá contactos bilaterales con los primeros ministros de Portugal, António Costa; Suecia, Steffan Löfven, e Italia, Paolo Gentiloni, además de Jeremy Corbyn, líder de los laboristas británicos.

Sánchez defendió este miércoles que "el conjunto de la política española" aboga por "la democracia y los valores europeos", frente a "la materialización de la antipolítica" impulsada por un "movimiento reaccionario y regresivo" en Cataluña, "para recortar derechos y libertades y la democracia", informa EFE.

"Muchos habéis visto durante las últimas semanas lo que está pasando en una parte de España, en Cataluña, y habréis pensado que es una falta de democracia por parte del sistema político español. Yo quiero decir que es lo contrario", aseguró durante un debate en una convención del grupo S&D. Sánchez defendió también que el 155 es un artículo "homologable" a los que ya existen en otras constituciones europeas.