Rajoy vuelve al mensaje del diálogo para poner a prueba la unidad independentista

Después de quedar "como mínimo desarbolado" el equipo de la Generalitat que preparaba el referéndum ilegal del 1-O, el Gobierno reedita los mensajes del diálogo y la mano tendida a la negociación "dentro de la ley", más dirigidos a la antigua Convergència que a Carles Puigdemont. En medios gubernamentales, reconocen que prueban de nuevo con la táctica de llevar la división al bloque independentista, a ahondar en las contradicciones entre los restos de CDC, los planes de hegemonía de Oriol Junqueras y los antisistema de la CUP.

Mariano Rajoy, sus ministros y los principales dirigentes y portavoces del PP hacen hincapié en los últimos dos días en las posibilidades de "hablar de todo", de financiación y reformas legales, si la Generalitat rectifica en su apuesta por la consulta ilegal. Abrió el camino el presidente del Gobierno, con su declaración institucional al acusar a Puigdemont de llevar demasiado tiempo a las órdenes de la CUP como para recordar lo que es la democracia, y ofreció diálogo a cambio de la rectificación una vez constatado, tras la operación judicial, que el referéndum es inviable.

En el Ejecutivo y en el PP creen que hay diferencias entre los partidos secesionistas, que habrá sectores del PDeCAT que querrán sobrevivir a un fracaso de la apuesta de Puigdemont por el referéndum, que son más sensibles a las presiones del empresariado catalán (como la antigua CiU) y que están preocupados por la entrega del presidente de la Generalitat a los intereses de ERC y Junqueras, y más aún por el protagonismo de los antisistema.

De hecho, una vez desarticulado el dispositivo para la consulta, el presidente de la Generalitat se apoya en la movilización callejera de las bases de ERC y la CUP para responder a la acción de la Justicia que impide el referéndum. Rajoy, Luis de Guindos, Cristóbal Montoro, desde el Ejecutivo, y Rafael Hernando, desde el Grupo Popular, vuelven a remarcar las posibilidades que ofrece a los nacionalistas catalanes "volver a la ley": de entrada, la reforma del sistema de financiación para contar con más fondos y la participación en la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para negociar inversiones. Y para después, hasta la reforma constitucional que postula el PSOE como solución, aunque sin dar detalle alguno, y en la que el PP no cree.

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Fuentes gubernamentales admiten que no es un mensaje que pretendan que cale en Puigdemont y sus aliados, pero sí en la "sociedad civil" catalana, incluidos los sectores sociales que en su día representó CiU.

En el pulso con los independentista de los últimos días, en el Gobierno se declaran especialmente satisfechos con el respaldo del PSOE y con el hecho de que la Generalitat se haya quedado sin el mínimo soporte informático para simular la realización de una consulta el próximo 1-O. Fue un factor clave en el 9-N que entonces se dejó pasar y permitió a Artur Mas simular un recuento y ofrecer datos hasta dar una apariencia legal a la consulta.