Las seis claves judiciales para entender la operación contra el referéndum en Cataluña

Las detenciones y registros ordenados durante la jornada del 20 de septiembre han desencadenado una oleada de críticas bajo un mensaje común: la operación ha sido fruto de una actuación represiva del Estado. Distintas voces del Gobierno catalán, comenzando por su presidente, Carles Puigdemont, acusaron al Ejecutivo nacional de imponer "un estado de excepción" y suspender 'de facto' el autogobierno, mientras que desde Podemos e IU se calificaba la acción judicial como un atentado contra las instituciones catalanas y se lamentaba que el operativo se hubiera cobrado presos políticos.

Fue un juez, el de Instrucción 13 de Barcelona, el que autorizó todos los arrestos y entradas en consellerias, empresas y domicilios particulares. Lo hizo de oficio, sin que mediara petición previa de la Fiscalía y en el marco de una investigación abierta el pasado mes de febrero. Por reparto, las querellas presentadas por VOX y un abogado particular contra el exjuez Santiago Vidal recayeron hace ocho meses en su juzgado.

TE PUEDE INTERESAR

El veterano juez-ingeniero al que teme el independentismo, al frente de la operación

Beatriz Parera Antonio Fernández

Lo sucedido ha provocado una escalada de la tensión en Cataluña y protestas en las calles. El balance: 20 personas investigadas formalmente, de ellas 14 detenidas, 41 registros y la intervención de 9,8 millones de papeletas para votar sí/no en el referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional. Se les imputa, por el momento, la comisión de delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Estas son las claves judiciales del 20-S:

1. La operación se ha llevado a cabo dentro de un procedimiento judicial. El juez Juan Antonio Ramírez Sunyer, titular del Juzgado de Instrucción 13, dictó a primera hora del miércoles los autos en los que autorizaba la operación. Fuentes jurídicas confirman que siguió para ello su propio criterio, lo que queda respaldado por la ausencia de petición del Ministerio Público que, por su estructura jerárquica, sí debe cumplir las órdenes de sus superiores y está dirigido por un fiscal general del Estado designado por el Gobierno.

2. Los delitos por los que investiga a los detenidos llevan aparejadas penas de cárcel, pero eso no significa que el magistrado vaya a dictar su ingreso en prisión provisional. Aunque Ramírez Sunyer les acusa, en concreto, de malversación, que prevé una pena de hasta ocho años de prisión, las fuentes consultadas por este diario apuntan que no pasarán a disposición judicial de forma inminente y quedarán libres tras ser interrogados por la Guardia Civil.

3. El instructor les acusa de causar un perjuicio al patrimonio que, como funcionarios públicos, debían administrar. Entre los arrestados se encuentran Josep Maria Jové, Josep Maria Salvadó Tenesa y Juan Manuel Gómez, todos ellos altos cargos de de la Conselleria de Economía y Hacienda; David Palaca Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores; Xavier Puig Farré, de la Oficina de Asuntos Sociales, perteneciente a la Conselleria de Bienestar, y Josue Sallent Rivas y David Franco Marcos, ambos altos cargos del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI).

También hay otros dos arrestados, Oau Furriol Fornells y Mercedes M. Martos, por su relación con el hallazgo de papeletas con el sí/no en una nave de Bigues i Riells (Barcelona). Otro de los arrestos se ha practicado en Madrid, donde la Guardia Civil ha detenido a Rosa María Rodríguez Curto, directora general de Servicio de la empresa T-System.

4. Fuentes del caso informan de que la acusación puede ampliarse a otros dos delitos: sedición y revelación de secretos, que ampliarían en varios años las penas a las que se enfrentan los detenidos.

5. La causa se abrió tras la presentación de querellas después de que el exsenador Vidal comentara en cuatro conferencias que la Generalitat había "obtenido ilegalmente los datos tributarios de los ciudadanos catalanes". También destacó en esas charlas que existían trabajos de campo para determinar cuántos jueces del territorio serían fieles a la república catalana. El juez amplió posteriormente el procedimiento tras admitir una nueva querella, de VOX, sobre la actuación del director del Institut d'Estudis de l'Autogovern, Carles Viver Pi i Sunyer, y del secretario de Hacienda de la Generalitat, Lluís Salvadó, dentro del proceso independentista.

6. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJ) investiga hechos similares en dos causas, aunque, por el momento, centra su acción en los aforados. Las fuentes consultadas apuntan que es posible que acumule por conexidad los procedimientos ahora desperdigados en distintos juzgados. Además del 13 de Barcelona, otros jueces como el de guardia de Terrassa han iniciado acciones por hechos vinculados al desarrollo del 1-O.