Blesa y Rato piden que los gastos de sus tarjetas no sirvan como prueba

Los expresidentes de Caja Madrid y Bankia Miguel Blesa y Rodrigo Rato consideran que una de las principales pruebas aportadas al proceso por Bankia, el repertorio de gastos personales efectuados por cada uno de los acusados en el juicio de lastarjetas 'black', vulnera su derecho a la intimidad. Así lo han manifestado sus abogados este lunes durante la primera jornada del proceso por el uso de estos medios de pago, en que el fiscal pide para ellos seis y cuatro años de prisión respectivamente por un presunto delito continuado de apropiación indebida. Sus letrados consideran que al mandar al juzgado el listado de esos gastos —entre ellos, un viaje a Zambia de Blesa y los abonos en restaurantes y locales de copas de Rato— se contravino la Ley de Protección de Datos Personales, por lo que reclaman la nulidad de la prueba.

La petición ha sido planteada por los defensores de los dos principales acusados del caso, Carlos Aguilar, letrado de Blesa, quien estableció esa remuneración presuntamente ilegal para los miembros del consejo de administración de la caja, e Ignacio Ayala, representante de Rato, quien supuestamente mantuvo las tarjetas para los consejeros procedentes de esa entidad una vez se convirtió en su presidente. El resto de letrados de los acusados se han adherido a esa solicitud. La defensora del exdirigente de CCOO Rodolfo Benito, que también se sienta en el banquillo, ha añadido que Bankia no ha justificado a lo largo del proceso de dónde procedía ese repertorio de gastos.

Otra de las cuestiones previas planteadas durante las primeras horas del juicio ha sido la falta de legitimidad de Bankia y el FROB para actuar en el proceso. El asunto lo ha introducido el abogado del exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga. Según su argumentación, cuando su cliente efectuó los gastos con su tarjeta, Bankia todavía no existía, al no haberse producido la fusión con el resto de cajas que la conformaron inicialmente. El FROB, según ese mismo defensor, no puede haber sufrido ningún perjuicio puesto que, en ese momento, todavía no había intervenido la entidad. También ha añadido que el heredero de los derechos y obligaciones de Caja Madrid no fue Bankia, que se quedó con su negocio bancario, sino la fundación de obra social de la caja.

Historia de unas tarjetas

Martes 9 de noviembre de 1999. El diario 'El País', en su sección local de Madrid, publica una noticia titulada 'Caja Madrid regala una visa de 125.000 pesetas al mes para dos alcaldes y tres ediles'. La información cuenta en su texto que, además de esos cargos, de esas tarjetas se benefician también “políticos jubilados” colocados por sus partidos en la entidad. Se trata, dicen ellos, de gastos de representación. Pero todos coinciden en una cosa: no hay que presentar facturas. La información pasa casi desapercibida. Ninguna denuncia. Nada que permita a un juez abrir una investigación sobre esos hechos.

Miércoles 1 de octubre de 2014. La noticia vuelve a saltar a los periódicos. 'Blesa, Sánchez Barcoj y Moral Santín gastaron casi medio millón con las tarjetas de Caja Madrid', titula 'Expansión'. Esta vez el escándalo es mayúsculo. La burbuja inmobiliaria ha estallado y el sector bancario español ha sufrido una reestructuración sin precedentes tras lustros de desmadres crediticios ligados al ladrillo. Bankia, la sucesora de Caja Madrid, está siendo investigada por haber engañado con sus cuentas a 200.000 accionistas en su salida a bolsa y, meses después, haber tenido que ser rescatada con 24.000 millones de euros públicos. Son sus nuevos gestores, llegados tras la intervención, los que deciden actuar.

Casi 17 años después de la primera noticia, 65 consejeros y ejecutivos de esa entidad que disfrutaron de esos medios de pago, entre ellos los presidentes que precedieron a José Ignacio Goirigolzarri —Miguel Blesa y Rodrigo Rago—, se sientan en el banquillo acusados de un delito de apropiación indebida. El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón pide para ellos penas de entre seis y un año de prisión por crear (Blesa), mantener (Rato) o simplemente usar (el resto de los juzgados) para gastos personales este sistema retributivo que, según el fiscal, “carecía de todo amparo legal, previsión estatutaria, soporte en contratos mercantiles o de trabajo o respaldo en acuerdos de los órganos de administración de Caja Madrid”.

El juicio de las tarjetas 'black', como las denominó el exsecretario general de Caja Madrid Enrique de la Torre en uno de los correos electrónicos —enviado con copia al presidente de la entidad, Blesa— que desataron la tormenta, ha comenzado este lunes en las instalaciones de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid). Se trata del proceso a toda una época, la de las prácticas corruptas toleradas en el sector gracias a un crecimiento que parecía ilimitado, pero que se tornaron insostenibles con la llegada de la crisis, el paro, las bajadas de salarios, los desahucios…

Porque esas tarjetas de las que disponían los directivos solo por el hecho de serlo se utilizaron para realizar gastos de miles de euros en joyerías, ropa, alimentación, vino, vacaciones, restaurantes y hoteles de lujo, gasolina, reformas de inmuebles, reparaciones de coches, mobiliario, obras de arte… O simplemente para tirar de cajero cuando sus titulares necesitaban efectivo. Gran parte de ese despilfarro se produjo cuando la entidad ya empezaba a mostrar síntomas de sus posteriores dificultades financieras. En total, las cantidades desembolsadas entre 2003 y 2012, el periodo que se enjuicia ahora, superaron los 12 millones de euros. Pero las tarjetas existían desde 1996.

Entre las decenas de grandes procesos por corrupción investigados en los últimos años, el de las 'black' es, probablemente, el que presenta un repertorio de acusados más heterogéneo. En él están representados todos los partidos. El PP —con Blesa y el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, pero también con el exsecretario de Estado de Hacienda Estanislao Rodríguez Ponga, el exdiputado José Manuel Fernández Norniella y varios exconsejeros madrileños—, el PSOE —con el exministro de Felipe González Virgilio Zapatero, el exconsejero Ramón Espinar o el histórico dirigente de la FSM José Acosta— e IU, con José Antonio Moral Santín, que tuvo el dudoso honor de convertirse en el consejero que más gastó con su tarjeta, 456.522 euros.

En el banquillo también se sientan miembros de la patronal —como el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán o el de la CEIM, la organización empresarial madrileña, Arturo Fernández— y, junto a ellos, exdirigentes sindicales como Rodolfo Benito (CCOO) o José Ricardo Martínez (UGT). Pero también un exjefe de la Casa Real como Rafael Spottorno.

Solo uno de los titulares de esas tarjetas nunca la usó por considerar que se trataba de una mala praxis bancaria. Fue el consejero delegado durante la presidencia de Rodrigo Rato, Vicente Verdú. Cuando el presidente le hizo entrega de ese medio de pago, con un límite de 75.000 euros anuales, ni siquiera abrió el sobre donde estaba el código PIN y advirtió de que en los 30 años que había trabajado en banca —tanto en el BBVA como en la Banca March— jamás había visto nada parecido. Rato ha negado que le entregara la visa y que al hacerlo se produjera esa conversación que Verdú relató ante el juez Fernando Andreu durante la instrucción del caso.

Las principales penas solicitadas son para los expresidentes Blesa y Rato. El primero, para el que el fiscal pide seis años de cárcel, fue quien autorizó la entrega de las tarjetas a los miembros del consejo de administración, la comisión de control y ciertos directivos, tarea que encomendó a uno de sus directores generales, Ildefonso Sánchez Barcoj. “Para dotar de la necesaria opacidad a tales retribuciones, las tarjetas fueron emitidas al margen del circuito ordinario de solicitud, aprobación, emisión y cancelación de las tarjetas de empresa”, relata el escrito de acusación. Sus gastos nunca fueron sometidos a las correspondientes retenciones fiscales.

Rato, para el que el ministerio público solicita cuatro años de prisión, también recibió su tarjeta de manos de Sánchez Barcoj tras suceder a Blesa. Además, tras la fusión que dio lugar a Bankia, decidió que los consejeros ejecutivos y directores generales que procedían de Caja Madrid las conservaran. Esos medios de pago solo se cancelaron tras la intervención de la entidad y la llegada del nuevo presidente, José Ignacio Goirigolzarri, al vértice del nuevo consejo de administración y con la entidad nacionalizada.

Tanto Blesa como Rato tendrán, además, que indemnizar a Bankia o al FROB por los gastos realizados por ellos mismos y de forma conjunta, con los desembolsados por los demás usuarios de tarjetas cuya emisión autorizaron y que ascienden, en el caso de cada uno, a 9,3 y 2,6 millones de euros.

De sus titulares, 13 ya han devuelto lo que gastaron, entre ellos Sánchez Barcoj, Arturo Fernández, Virgilio Zapatero y Rato. El último en hacerlo ha sido Blesa, al que el juez Andreu ha levantado el embargo de parte de sus cuentas para que pueda hacer frente a los 436.388 euros que gastó con su visa. El fiscal aprecia para todos ellos la atenuante de reparación del daño causado.

Además del fiscal, también acusan la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), a través del exdiputado de UPYD Andrés Herzog, la Confederación General del Trabajo, la propia Bankia y el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), estos dos últimos como perjudicados. El tribunal es la sección cuarta de lo penal de la Audiencia Nacional y está formado por las magistradas Ángela Murillo (presidenta), Carmen Paloma González Pastor y Teresa Palacios.

Durante las jornadas de lunes y martes, se expondrán las cuestiones previas para pasar, a partir del 30 de septiembre, al interrogatorio de los acusados. Las sesiones de este juicio, uno de los más importantes del año junto al de la primera época del caso Gürtel —que comenzará, previsiblemente, el 4 de octubre—, se extenderán, si no hay retrasos, hasta el 9 de diciembre.