Los acusados de amañar contratos para Cofely comenzaron a actuar desde Dalkia

Los antecedentes de la operación Púnica convergen en una multinacional de suministro energético diferente a Cofely, la empresa que según los investigadores de la Guardia Civil se habría beneficiado durante los últimos dos años de numerosas adjudicaciones públicas amañadas por la red que lideraban el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y su socio, el constructor David Marjaliza. Esa otra compañía es Dalkia, especializada también en el abastecimiento de electricidad. Al menos cuatro de los implicados en la trama Púnica pasaron por esa firma antes de comenzar a trabajar para Cofely, y no se trata de una casualidad.

Entre ellos se encuentran Constantino Álvarez de la Cueva y Pedro García Pérez. En el momento de su detención el pasado 27 de octubre, Álvarez era el director comercial de Cofely, pero antes de desempeñar esa responsabilidad ocupó el puesto de director general en Dalkia. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del procedimiento, le acusa de haber tenido un papel decisivo en el amaño de los concursos que acabó llevándose la compañía para la que trabajaba.

La misma imputación se cierne sobre Pedro García Pérez, exdirector de Mercado Público de Cofely y, al igual que Álvarez, exempleado de Dalkia. Llegó a ser apoderado de esa compañía. Se le considera el principal interlocutor de Cofely con los políticos corruptos. Por ese motivo, Velasco lo ha incluido en el selecto grupo de siete imputados a los que ha enviado a prisión provisional sin fianza.

Los empleados políticos

Los otros dos detenidos en Púnica que también pasaron por Dalkia son José Fidel Saura y José Antonio Alonso. El primero había sido colocado recientemente por el Partido Popular al frente del gabinete del consejero de Industria y Turismo de la Región de Murcia. Sin embargo, antes de conseguir ese excelente cargo, estuvo trabajando para la empresa de suministro eléctrico. Se le acusa de haberse puesto en contacto con otro de los cabecillas de la red, Alejandro de Pedro Llorca, para concederle a la trama un contrato de supuesta promoción turística.

Saura llegó a Dalkia de la mano de otro de los líderes de red Púnica, el exalcalde socialista de Cartagena y actual empresario del ladrillo José Antonio Alonso. Tras dejar la política a principios de la década pasada, Alonso empezó a compatibilizar los negocios inmobiliarios con su presencia en diferentes consejos de administración, y Dalkia era una de las compañías en las que tenía asiento. El juez Velasco acusa a Alonso de ser el máximo responsable de uno de los entramados de “tráfico de influencias” que coinciden en este escándalo.

El inicio de la red

El paso de estos cuatro imputados por Dalkia habría sido decisivo en el origen de la trama Púnica, según fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Confidencial. Los dos exempleados de Cofely imputados por la presunta compra de voluntades políticas, Álvarez y García Pérez, ya habrían protagonizado operaciones similares en su anterior compañía. Sin embargo, la dirección de Dalkia en España detectó esos movimientos irregulares y los invitó a marcharse. Ambos desembarcaron automáticamente en Cofely, dónde habrían seguido utilizando sus antiguos contactos para tratar de beneficiar a su nueva empresa. Según las pesquisas, participaron en la compra de licitaciones por un valor superior a 200 millones de euros. Este diario se ha puesto en contacto con Dalkia para recabar su versión de los hechos, pero una portavoz de la firma ha declinado realizar comentarios.

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil demuestra que ambos conservaron sus amistades. De los documentos intervenidos se desprende que tanto Álvarez como García Pérez siguieron manteniendo relación con Saura y Alonso, a pesar de que estos siguieron vinculados a Dalkia tras la marcha a Cofely de los dos primeros. El resto de acusados fue incorporándose a la trama posteriormente. La nómina de implicados creció, según la UCO, hasta los 52 políticos, empresarios y funcionarios señalados finalmente por sus averiguaciones. Pero el objetivo de la red siguió siendo el mismo: conseguir adjudicaciones públicas para la compañía que les pagaba.