La trama de Granados obtuvo beneficios del 3.000% vendiendo informes a consistorios

La Guardia Civil continúa analizando la información que ha recabado tras las primeras detenciones de la Operación Púnica, pero los agentes ya han comprobado la habilidad que desarrollaron sus cabecillas para obtener rendimientos exorbitantes. De la documentación intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado se desprende que la red de Francisco Granados y David Marjaliza logró que sus gestiones les reportaran beneficios de hasta el 2.988% por la venta a diferentes instituciones de supuestos informes de auditoría energética.

Se trata de un elemento fundamental en la operativa de esta presunta red corrupta. El núcleo de su actividad giraba en torno a la obtención de contratos multimillonarios de suministro de electricidad y mantenimiento de instalaciones para la multinacional francesa Cofely. Los investigadores de la UCO sostienen que Granados y Marjaliza convencieron a alcaldes y ediles de todos los colores políticos para que privatizaran el abastecimiento municipal de energía y se lo adjudicaran luego mediante adjudicaciones amañadas a la compañía gala. A cambio de la intermediación, ingresaron abultadas comisiones.

Las sociedades instrumentales

El importe de esos pagos aún está por determinar pero no será difícil dar con la cifra exacta. Fuentes cercanas a la investigación consultadas por El Confidencial aseguran que los agentes de la Guardia Civil sostienen que las comisiones se camuflaron en otras licitaciones que iban ligadas a las adjudicaciones principales otorgadas a Cofely. En concreto, la trama habría escondido los cohechos a través de supuestos servicios de auditoría energética contratados por los consistorios implicados.

Supuestamente, esos informes debían servir para conocer el verdadero consumo de electricidad de los municipios que habían licitado con Cofely. En teoría, se trataba por tanto de un trabajo complementario que tenía por objeto rebajar la factura habían abonado hasta ese momento los contribuyentes. Pero los investigadores descubrieron que todas esas auditorías acabaron adjudicándose a una misma empresa, Ruta Energética SL. En apariencia, esta sociedad no tenía relación con ninguna otra. Su único administrador era un empresario anónimo, Antonio Cándido Ruiz García, único propietario a su vez de la firma que tenía el 100% de las acciones de Ruta Energética, la sociedad Ruta del Negocio SL.

Pero la Guardia Civil desenmascaró el engaño. Ruiz García sólo era uno de los testaferros que tenía en nómina Marjaliza y tanto Ruta Energética como Ruta del Negocio fueron las sociedades instrumentales que empleó la red para canalizar el pago de las comisiones. Gracias a esta fórmula, Cofely ni siquiera tuvo que pagar las comisiones a todos los actores que le habían ayudado a multiplicar sus contratos en España. El dinero de las comisiones salió directamente de las mismas arcas municipales que estaban siendo saqueadas con el amaño de las licitaciones.

El pelotazo de las comisiones

Las comisiones se obtenían con un auténtico pelotazo. El caso más clarificador es el del Ayuntamiento de Parla, gobernado por el PSOE. Tras adjudicarle en mayo de 2013 un contrato de 66,1 millones de euros a Cofely (4,4 millones al año durante 15 ejercicios), la corporación municipal acordó en pleno mes de agosto de 2013 y por vía de urgencia otorgar otro contrato de servicios de auditoría energética a Ruta Energética por un importe equivalente al 2% de la cuantía del contrato a la empresa francesa. Es decir, otros 1.389.900 euros (92.666 euros durante 15 años).

Parla adjudicó a la empresa de la trama púnica Ruta Energética SL un contrato de 1.3 millones en concepto de estudios. Granados y Marjaliza sólo gastaban una ínfima parte de esa cantidad en la confección de los informes

Según ha sabido este diario, la trama llegó a contratar a un técnico para que hiciera los informes de Parla y otros similares para ayuntamientos que también se habían sumado al fraude, como los de Móstoles y Almendralejo. El especialista contratado para realizar estos estudios fue R. L. R, uno de los 52 imputados por el juez que instruye la causa, Eloy Velasco. Fuentes cercanas a las pesquisas aseguran que R.L.R. comenzó a trabajar para la red el pasado de mayo a cambio de una minuta mensual de 1.000 euros. Sería el encargado de realizar todos los informes que necesitaba la trama para poder camuflar las comisiones.

En el momento de su detención, tras seis meses colaborando con la red, R.L.R. únicamente había realizado dos estudios, ambos para el Ayuntamiento de Parla, correspondientes a los ejercicios 2013 y 2014. Es decir, que esos dos informes costaron a la trama un total de 6.000 euros (los seis meses trabajados por el técnico). Pero los cabecillas de la red obtuvieron mucho más dinero por esos documentos. Concretamente, facturaron a los contribuyentes del municipio del sur de la Comunidad de Madrid 185.332 euros. Es decir, que obtuvieron una rentabilidad del 2.988%. Ni en el mercado de la droga.