La UCO extenderá la 'operación Púnica' a todos los órganos que licitaron con Cofely

La operación Púnica de la Guardia Civil ha permitido desmantelar una trama de corrupción que operaba en diferentes puntos de España y que estaba integrada por más de medio centenar de personas, entre políticos, empresarios y funcionarios. La Fiscalía Anticorrupción estima que el perjuicio causado por esta red al erario público asciende a 250 millones de euros. Pero los investigadores están convencidos de que únicamente ha aflorado una pequeña parte de su entramado. Según fuentes cercanas a la investigación, el nuevo Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, responsable de las pesquisas, está trabajando ya en una segunda fase de la operación Púnica que extenderá el foco a otros organismos e instituciones públicas y puede acabar con aún más políticos en prisión.

Por lo pronto, la investigación de la UCO se ha saldado con la detención de 35 personas y la imputación de 51. En la cúspide de esta organización se encontraría el exnúmero tres del PP de Madrid y exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados, y los empresarios David Marjaliza y Alejandro de Pedro Llorca. El instructor del caso, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, considera que existen indicios suficientes para sostener que Granados utilizó sus contactos políticos para que Marjaliza y De Pedro Llorca consiguieran adjudicaciones y contratos ilegales con instituciones gobernadas por el PP, el PSOE y el partido independiente Unión Democrática Madrileña (UDMA).

Datos de otras adjudicaciones

La mayor parte de esas gestiones tuvieron como principal benefeciaria a la empresa Cofely, una filial del gigante energético francés GDF Suez. Cofely utilizó a Granados, Marjaliza y De Pedro Llorca para que numerosos ayuntamientos le adjudicaran el servicio de suministro y mantenimiento de la red eléctrica municipal. La compañía gala habría logrado más de 200 millones de euros en este tipo de concesiones sólo durante los últimos dos años. Esa cifra es el resultado de licitaciones recientes conseguidas por Cofely en los Ayuntamientos madrileños de Móstoles, Valdemoro, Parla, Collado-Villalba, Casarrubuelos, Serranillos del Valle y Torrejón de Velasco. Además, la UCO también desactivó otra licitación que tenía en marcha el Ayuntamiento de Almendralejo (Badajoz) y que igualmente iba a acabar en manos de la multinacional francesa.

La UCO tendrá ahora que analizar la abundante documentación de la que se ha incautado esta semana. Sin embargo, fuentes cercanas a la investigación aseguran a El Confidencial que los especialistas en delitos económicos del Instituto Armado ya disponen de datos que amplían las acusaciones a otros municipios y organismos que también habrían concedido adjudicaciones a Cofely en los últimos años. Los mandos de la Guardia Civil prefirieron centrarse únicamente en los consistorios registrados el pasado lunes por motivos de operatividad, pero los investigadores están ya preparando una segunda fase que, según las fuentes consultadas, va a afectar en la práctica a todas las licitaciones que ha conseguido en España la firma gala.

Concesiones en Castilla-La Macha y Galicia

Entre las adjudicaciones que se quedaron fuera de esta primera parte de la operación Púnica se encuentran, por ejemplo, varios contratos otorgados a Cofely por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para “el mantenimiento integral de edificios e instalaciones en los centros de salud y consultorios dependientes de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo”. La última adjudicación del Sescam, formalizada en diciembre de 2013, ascendió a 425.162 euros. También están pendientes de análisis otro contrato de 10,9 millones de euros que Cofely firmó en julio de 2013 con el Servicio Gallego de Salud para el “suministro energético prestacional y mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones de centros sanitarios” y al menos tres acuerdos con los consistorios de Prat del Llobregat (Barcelona), Pinto (Madrid) y la propia capital.

Los agentes también se han encontrado con la ayuda de ciudadanos anónimos. Según fuentes cercanas al caso, el buzón virtual de denuncias del Grupo de Delitos Telemáticos de la UCO ha recibido en los últimos días numerosas comunicaciones con detalles que podrían ser valiosas para la causa. Entre la información que ha llegado se encuentra un correo que asegura que Granados y Marjaliza fueron vistos hace sólo unas semanas manteniendo una reunión con una tercera persona en el Estado caribeño de Costa Rica. Estas otras informaciones ya están siendo analizadas por los guardias civiles del Grupo de Delitos contra la Administración.