LA OPERACIÓN PÚNICA CUENTA YA CON 51 DETENCIONES

Investigan la multinacional Cofely en la redada en la que ha sido detenido Granados

El que fuera número tres de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha sido arrestado por la Guardia Civil esta misma mañana

Foto: Registro del Ayuntamiento de Valdemoro en la Operación Púnica (Efe)
Registro del Ayuntamiento de Valdemoro en la Operación Púnica (Efe)

Las pesquisas de la investigación que ha llevado a la detención del ex número tres de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, apuntan ahora a una multinacional que ofreció comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones. Se trata de la división española de Cofely GDF Suez, dedicada a la eficiencia energética y en la que trabaja Miguel Ángel Villanueva, exvicealcalde de Ana Botella, como publicó este diario. Desde las 9:00 de la mañana la Guardia Civil registró la sede de la empresa, donde los responsables de la misma han estado retenidos y se realizaron fotocopias de todos los archivos existentes, según ha podido saber El Confidencial.

Según fuentes jurídicas, el juez Eloy Velasco sigue el rastro de esta compañía francesa por su vinculación con los dos ‘conseguidores’ de la trama, David Marjaliza y Alejandro de Pedro, quienes convencieron a alcaldes e incluso al presidente de la Diputación de León para que les adjudicaran contratos a cambio de comisiones. El magistrado imputará a la empresa por delitos cometidos como sociedad mercantil, aunque todavía está por ver cuando se hará. Por ahora, Velasco interrogará a los detenidos a partir del miércoles.

Francisco Granados , ex número dos de Aguirre, detenido

Vídeo: Detienen a Francisco Granados

 

Detenido Francisco Granados

El que fuera número tres de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, fue arrestado por la Guardia Civil a primera hora de este lunes en una operación liderada por el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción. Esta investigación, que lleva meses abierta, ha culminado con la detención del que fuera consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la comunidad madrileña y del empresario David Marjaliza, con el que mantenía una estecha relación. Tal y como ha podido saber este diario, la trama está formada por una organización criminal liderada por Marjaliza y otro empresario, Alejando de Pedro Llorca, y tenía el objetivo de lucrarse personalmente mediando entre empresarios y políticos con influencias en el ámbito municipal y regional para la consecución de contratos públicos en la gestión de servicios. Un agente de la Guardia Civil avisó a Granados de que estaba siendo investigado por corrupción..

Según informa José María Olmo, la operación, que ha sido bautizada como 'Púnica' -haciendo referencia a la nomenclatura latina Punica Granatum, que significa granado-, cuenta ya con 51 detenciones de miembros pertenecientes a ayuntamientos del PP de Madrid en su mayoría, alguno del PSOE y otros de partidos independientes. Además, fuera de Madrid también se han llevado a cabo varias detenciones de empresarios, concretamente en Valencia, León y Murcia, y dentro de la Comunidad se llevaron a cabo registros en el ayuntamiento de Parla y de Valdemoro. Entre los detenidos está el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el actual presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez.

 

 

Esta operación ha ido dirigida contra una trama de corrupción municipal y regional infiltrada en varios ayuntamientos y autonomías , principalmente de la provincia y Comunidades Autónoma de Madrid, Murcia, León y Valencia, en los que la connivencia de los ediles municipales y funcionarios, con empresarios de sociedades constructoras, obras y servicios energéticos, y el concierto venal con intermediarios y sociedades instrumentales, les han estado asegurando a aquellos el éxito en las adjudicaciones públicas, por un valor aproximado a 250 millones de euros, tan solo en los dos últimos años, y como contrapartida el cobro de comisiones ilegales, a costa de las Haciendas Municipales y Autonómicas.

La investigación se inició gracias a la cooperación internacional en el mes de enero de este año con la recepción de una comisión rogatoria de las autoridades suizas por sospechas graves de blanqueo, que fue el origen de una investigación de la Fiscalía Especial, liderando un trabajo conjunto con la Agencia Tributaria, la Intervención General del Estado y UCO de Guardia Civil.

Los delitos que se investigan son blanqueo de capitales, falsificación de documentos, delitos fiscales, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales, prevaricación , revelación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraudes contra la administración y organización criminal.

Una cuenta de 1,5 millones en Suiza

Desde hace prácticamente un año, la Fiscalía Anticorrupción tenía abiertas diligencias de investigación contra Granados por ocultar al menos 1,5 millones de euros en Suiza y cuyo origen, según se sospecha, es ilícito. Cuando la Fiscalía liderada por Antonio Salinas tuvo suficientes indicios de delito presentó una querella ante la Audiencia Nacional por ser el órgano competente al tratarse de delitos cometidos por un español en el extranjero. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, recayó en manos de Eloy Velasco, al frente del caso junto al fiscal.

Durante estos meses se ha rastreado el dinero oculto en Suiza, conocido tras una investigación abierta en el país helvético y cuyas autoridades alertaron a las españolas de que un político nacional estaba ocultando dinero sin dar explicaciones convincentes sobre su procedencia.

Tras una larga investigación entre juez, fiscal y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), finalmente Granados ha sido detenido para evitar la destrucción de pruebas. Ahora el magistrado deberá interrogarle y decidir si ordena su ingreso en prisión de manera preventiva después de su paso por comisaría, donde tendrá que responder a las preguntas de los agentes.

Francisco Granados y Esperanza Aguirre (Efe)
Francisco Granados y Esperanza Aguirre (Efe)

En febrero del año pasado, el exdirigente popular dimitió de sus cargos como senador y diputado de la Asamblea de Madrid después de conocerse que disponía de una cuenta en Suiza desde 1999, tras haber sido nombrado alcalde de la localidad madrileña de Valdemoro, mandato rodeado de polémica por su relación con un empresario del mercado inmobiliario, David Marjalica, a quien se le adjudicaron varias obras.

De las pesquisas hasta ahora conocidas, Suiza dio la voz de alarma cuando Granados intentó cancelar la cuenta y vaciarla de golpe. Los investigadores sospechan que el dinero ingresado en el país helvético puede provenir de su época en Valdemoro al haber recibido, presuntamente, comisiones por adjudicaciones.

Al anunciar dimisión afirmó que abandonaba la política al sentirse “dolido y harto” de escuchar determinados tipos de comentarios, además de que él no tenía que “aferrarse” al escaño porque ya tenía un empleo en la empresa privada. Después de su dimisión, este diario publicó que el exdirigente popular volvió a la actividad privada como asesor de Société Générale, el banco para el que trabajó antes de dedicarse a la política.

Al destaparse el escándalo, Granados aseguró que esa fortuna la había hecho precisamente cuando compraba y vendía acciones en el departamento de mercado de capitales de esta entidad financiera. Ahora ha decidido volver al banco francés, prerrogativa a la que tenía derecho, ya que cuando dejó la institución a finales de los noventa pidió una excedencia. Granados se acogió a la ley laboral para pedir su readmisión, que el banco galo tuvo que atender. No obstante, debido a las sospechas sobre la legalidad de su cuenta opaca en Suiza, Société Générale prefirió que su vuelta fuese como asesor, sin tener presencia física en las oficinas centrales de la Torre Picasso, salvo para reuniones puntuales.

Francisco Granados e Ignacio González (Efe)
Francisco Granados e Ignacio González (Efe)

Granados y el espionaje

El ex número tres de Aguirre mientras se vio involucrado en varios escándalos mientras la lideresa presidía la Comunidad. Uno de ellos fue un trabajo de espionaje a varios dirigentes 'populares’, entre ellos al actual presidente de la Comunidad, Ignacio González, por parte de la agencia de espías Método 3 y en el  que se apuntó a Granados como instigador.

Precisamente, en septiembre un juzgado de Madrid citó para declarar a Granados al haber estado al frente del departamento en el que trabajaban como asesores tres ex guardias civiles y tres ex policías nacionales a los que, según la investigación policial y judicial, se les ordenó hacer los seguimientos a políticos que podían hacer sombra a Aguirre en su carrera política.

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