La UCO contra la 'casta': los pelotazos de un empresario del PSOE en el bastión del PP

La operación Púnica de la Guardia Civil ha permitido desmantelar una trama de corrupción transversal con políticos implicados de casi todo el arco ideológico. Entre los 52 imputados figuran dirigentes y empresarios vinculados o afines al Partido Popular, el Partido Socialista e incluso a formaciones independientes. Las pesquisas se centran en la Comunidad de Madrid pero los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado ya han puesto sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, instructor del procedimiento, una nueva línea de investigación que apunta directamente a los pelotazos que habría logrado en el feudo murciano del PP un empresario vinculado al PSOE. En ningún otro caso las relaciones entre ambos partidos habrían resultado tan fructíferas.

El empresario del PSOE al que señala la UCO es el constructor José Antonio Alonso Conesa. Llegó a la política como un humilde maestro de EGB pero en 1989, con menos de 30 años, logró un escaño en el Congreso de los Diputados y, dos años después, se convirtió en alcalde de Cartagena. Su mandato sólo duró cuatro años (1991-1995) pero le sirvió para convertirse en un hombre fuerte del partido, incluso a nivel federal. En 1998, por ejemplo, fue uno de los cargos en los que se apoyó Josep Borrell para las primarias que le catapultaron a la Secretaría General del PSOE. Tras esa meteórica ascensión, Alonso siguió vinculado al PSOE en un plano más discreto perodecidió entrar de lleno en el mundo del ladrillo.

El juez Velasco considera ahora acreditado que, dentro de la trama Púnica, Alonso encabezaba “un entramado de tráfico de influencias, habiéndose acreditado que se ha concertado con diversas autoridades en Murcia, León y Madrid para la adjudicación de contratos públicos o para la facturación de trabajos a la administración a través de contratos públicos adjudicados a terceras empresas”. El magistrado detalla que la estrategia del consultor, en compañía de otro de los cabecillas de la red, Alejandro de Pedro Llorca, “consiste en que realiza ciertos trabajos para mejorar la reputación en Internet del político, lo que no sólo le sirve para obtener un lucro económico directo (que se financia con facturas publicas vinculadas a contratos públicos ajenos y de de terceros) sino que también le sirve para acceder luego a otro tipo de contrataciones públicas para sí o para terceros a cambio de una comisión, incurriendo presuntamente en los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación, falsedad documental y fraude”.

Lo sorprendente de la trayectoria de Alonso es que casi todos sus grandes negocios se han forjado en feudos del PP, especialmente en Cartagena, donde la formación de Mariano Rajoy gobierna ininterrumpidamente y con mayoría absoluta desde 1995, con la actual diputada nacional Pilar Barreiro a la cabeza. Si el caso Púnica ha demostrado el desprecio que la corrupción siente por la ideología, puede que esta vertiente del caso sea la expresión más elevada de esa forma de entender la política.

La expropiación de todo un barrio

El primer pelotazo de Alonso fue el Barrio Universitario de Cartagena (PERI CA-4), un complejo urbanístico impulsado por el Ayuntamiento en 2002 que implicó la recalificación de 32.000 metros cuadrados en pleno casco histórico. En realidad, el consistorio expropió las viviendas a sus propietarios, las derribó y sacó a concurso la edificación de nuevas casas en el mismo lugar donde se levantaban las primeras. Los técnicos otorgaron a Ferrovial la mayor puntuación, pero la corporación de Barreiro acabó decantándose por Puerta Nueva S.A., la firma de Alonso. El constructor del PSOE no sólo logró la adjudicación de esa gigantesca parcela a un coste irrisorio. También se quedó con las plusvalías de 3,4 millones de euros generadas por el proyecto que pertenecían al Ayuntamiento. Por increíble que parezca, el consistorio no reclamó esos fondos hasta que Hacienda no le preguntó por ellos.

Curiosamente, el concejal de Urbanismo en el momento de la adjudicación era otro de los detenidos por la Guardia Civil la pasada semana, José Fidel Saura, actual jefe de gabinete de la Consejería de Turismo e Industria de Murcia. Entre un cargo y otro, Saura trabajó para Dalkia, una compañía de servicios energéticos de la que Alonso fue consejero.

En 2013, tras analizar varias denuncias por estos hechos, la Fiscalía de Murcia consideró que esas decisiones podían constituir indicios de prevaricación. El Ministerio Público destacó especialmente que el Ayuntamiento seleccionara a Puerta Nueva aduciendo que su oferta económica era superior cuando, en realidad, “Ferrovial ofrecía 242.869 euros más y al contado”. Sin embargo, la Fiscalía tuvo que archivar las denuncias porque el delito ya habría prescrito.

La intermediación de Española del Zinc

Alonso hizo otro gran negocio con la venta de los terrenos de la antigua sede de Española del Zinc (Zincsa). La fábrica dejó de ser rentable en 2005 y pronto dejó de pagar a los 250 trabajadores que tenía en nómina. Los propietarios pensaron entonces en vender los 550.000 metros cuadrados que ocupaba la factoría en la principal zona de crecimiento de la ciudad para reinvertir los beneficios en una nueva fábrica más alejada del centro que contara con la última tecnología. La operación acabó frustrándose por el estallido de la crisis y el desorbitado coste que suponía descontaminar el suelo de la fábrica pero una sociedad de Alonso facturó en torno a 5 millones de euros por mediar entre Zincsa y un comprador que se quedó al borde de completar la adquisición.

La sociedad del exalcalde que intervino en ese caso fue Belice 2002 SL (luego Atalia Grupo Patrimonial SL). En su consejo de administración se sentaban, además del constructor vinculado al PSOE, su hermano Agustín Alonso y los empresarios José Luis Capita y David Marjaliza. Éste último es precisamente otro de los cerebros de la operación Púnica, según el instructor del caso. Por lo pronto, Velasco ha acordado imponerle prisión provisional sin fianza. La UCO considera que Alonso y Marjaliza constituían un tándem especializado en lograr concesiones públicas y favores para terceras empresas. Pero en otras ocasiones, ellos mismos habrían sido los beneficiarios de las gestiones.

Los miembros del comité de empresa de Zincsa, que vieron cómo la plantilla acababa en comedores sociales, siempre han mantenido que la sociedad de Alonso y Marjaliza intervino en la operación por orden directa de la alcaldesa del PP. El entonces presidente de Zincsa, José Alberto Barreras, también reconoció a los trabajadores que Barreiro había designado a Alonso como único intermediario posible para la venta de esos terrenos. Así consta en la declaración judicial de uno de los integrantes del comité de la sociedad ya extinguida. Los terrenos de la fábricaaguardan la salida de la crisis para que las 4.000 viviendas de lujo que estaban proyectadas se conviertan en una realidad.

El vínculo con Pedro Llorca

Hay una tercera gran operación urbanística en la que Alonso también habría salido ganando. Se trata del plan CC-1, otro gigantesco desarrollo urbanístico situado a las afueras de Cartagena que ha contado igualmente con un respaldo crucial de Barreiro. El gerente de la UTE urbanizadora de ese suelo es Agustín Alonso, el hermano del exalcalde del PSOE. Y entre los involucrados en el proyecto figuran de nuevo Atalia, José Luis Capita, David Marjaliza y el propio José Antonio Alonso. También aparecen Mistral Inv. y Centro Audiovisual de Inversiones, otras dos firmas del constructor socialista. Ésta última sociedad es a su vez propietaria del 100% de las acciones de Globalclip, que a su vez se encuentra sentada en el consejo de administración de Eico Online Reputation Management SL., la firma del otro gran cerebro de Púnica, Alejandro de Pedro Llorca. La Guardia Civil considera que éste último también se encargaba de lograr favores políticos para los empresarios que requerían los servicios de la red.

Las casualidades en el CC-1 son sonrojantes. Un constructor que llegó a tener el 30% del suelo de ese desarrollo denunció que Alonso y sus socios realizaron gestiones ante el Ayuntamiento como si fueran propietarios de la totalidad del terreno, un extremo que fue confirmado por los propios señalados. Finalmente, ese constructor acabó viéndose forzado a vender su parte del desarrollo tras recibir amenazas de que, si no lo hacía, quedarían bloqueados sus otros proyectos en la ciudad, según manifestó en sede judicial.

Segunda fase de Púnica

Esas sombras no han impedido que Barreiro siga mimando el CC-1. Su gobierno ha logrado que Adif modifique el proyecto para la llegada del AVE a Cartagena para desplazar la actual estación situada en el centro de la ciudad a ese polémico desarrollo de las afueras. Las asociaciones de vecinos se han levantado contra esa decisión pero la alcaldesa ya ha dicho que el emplazamiento es “absolutamente definitivo”. Alonso gana de nuevo. Este diario trató de ponerse en contacto con el exalcalde para recabar su versión pero un portavoz declinó hacer comentarios.

Con todo, la Guardia Civil y el juez Velasco tienen la última palabra. El foco de la operación Púnica se ha concentrado por ahora en la Comunidad de Madrid pero, como adelantó El Confidencial este domingo, los investigadores de la UCO trabajan ya en una segunda fase que extenderá sus indagaciones a otras provincias. Fuentes cercanas a las pesquisas consultadas por este diario están convencidas de que la Región de Murcia jugaba un papel fundamental para la trama corrupta. Sin duda, los agentes de la UCOtienen en Cartagena varios hilos de los que tirar.