En el Ministerio de Sanidad que dirige Elena Salgado son conscientes de esta situación. Sin embargo, no pueden hacer nada, ya que están atados de pies y manos una vez efectuadas la totalidad de las transferencias al conjunto de las CCAA.

Al menos tres autonomías, País Vasco, Navarra y Cataluña se han negado a dar atención sanitaria a pacientes de otras zonas de España en el último año, según ha podido saber El Confidencial de fuentes oficiosas del Ministerio de Sanidad. Excepto el País Vasco, que ha rechazado directamente a los ciudadanos de otros territorios, en las otras comunidades mencionadas se han buscado subterfugios, como las ‘listas de espera’, para evitar a los pacientes que no están censados en su territorio. El tratamiento contra el cáncer es uno de los ejemplos más claros.

Esta situación -la punta del ‘iceberg’ de lo que puede estar pasando entre las distintas comunidades- es conocida por la cúpula del Departamento que dirige Elena Salgado, que ha perdido toda capacidad para obligar a admitir pacientes desplazados, una vez efectuadas la totalidad de las transferencias al conjunto de las CCAA.

Anteriormente, el Ministerio de Sanidad y Consumo utilizaba sus competencias sobre el llamado ‘territorio Insalud’ para redistribuir a los pacientes rechazados, pero, en estos momentos, Elena Salgado carece de ‘fuerza’ para obligar a las Consejerías a acoger a pacientes que son enviados de unos territorios autonómicos a otros.

La práctica desaparición de la Administración del Estado en la Sanidad española es un hecho, según denuncian las organizaciones sectoriales de CCOO y UGT, así como expertos del PSOE e IU críticos con la solución que propone el ministerio de Economía y Hacienda para afrontar la financiación sanitaria en los Presupuestos de 2006.

Estas organizaciones, al igual que muchos expertos, critican que las autonomías más deficitarias, fundamentalmente Cataluña, no hayan hecho siquiera autocrítica antes de pedir al Estado más dinero para reducir su disparado déficit sanitario. Por otro lado, de las propuestas de financiación estudiadas por Hacienda no se deduce que las autonomías vayan a quedar obligadas en el futuro a liquidar sus déficits, ya que no se les exige un compromiso previo para aplicar nuevos impuestos cuando el ‘gasto sanitario’ rebase un determinado porcentaje del conjunto del ‘gasto autonómico’.

Eso sí, tanto Solbes como Elena Salgado ya han advertido de que la Administración del Estado se desentiende de los déficits futuros, sencillamente porque el Gobierno no tiene competencias en la materia ni las quiere. Se trata de una filosofía abandonista que es recibida con temor por las organizaciones sociales del ámbito de la Sanidad porque temen que esta fragmentación en 19 ‘sanidades’ distintas perjudique a los pacientes, eleve las desigualdades en la atención al público y encarezca la gestión sanitario-farmacéutica en el conjunto del Estado.