'Big four' y grandes 'tech' ya aprovechan el plan de transformación de la Administración pública

El impulso para regenerar la Administración que pretende dar ya este año el Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, sumado a la llegada de fondos europeos, —entre cuyos principales objetivos está precisamente la digitalización de la economía—, se está convirtiendo en un filón para grandes consultoras y empresas de tecnología.

Crece el número de externalizaciones. En las últimas semanas, se están decidiendo algunos contratos millonarios. Este es el caso, por ejemplo, del Ministerio de Sanidad, que se dispone a externalizar el servicio de análisis, gestión, seguimiento, evaluación, información y control de las actividades de los programas operativos del ministerio asociados a proyectos de la estrategia de Salud Digital.

En total, casi 10 millones de euros procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para proyectos de implantación del Plan de Atención Digital Personalizada, entre otros fines. A este concurso optan firmas como Deloitte, EY, KPMG, Indra, Accenture o NTT Data.

El departamento liderado por Mónica García (Sumar) también busca empresa por más de dos millones de euros para el desarrollo en el ámbito de las aplicaciones de analítica de datos del Sistema Nacional de Salud. A este contrato optan también las big four y las grandes tecnológicas que ya participan en el contrato anteriormente citado.

No es el único departamento que está externalizando la transformación digital. El ICEX, organismo adscrito al Ministerio de Economía, acaba de adjudicar a EY la contratación de una Oficina de Transformación Digital que se encargue de "identificar oportunidades de mejora y eficiencia, de diseñar y proponer soluciones tecnológicas, de apoyar la puesta en marcha de estas herramientas y de la elaboración de un modelo de gobierno y procesos que facilite el cambio cultural necesario". El contrato estaba estimado en casi tres millones de euros, pero Ernst & Young ha salido ganador al ofrecer sus servicios por menos de un millón de euros.

Tampoco se trata solo de la Administración Central. La Comunidad Autónoma de Canarias, por ejemplo, adjudicó a principios de este año un contrato de "servicio de soporte y apoyo a la racionalización y simplificación de procedimientos administrativos con financiación Next Generation EU, MRR". El contrato fue para Ykasios Digital Growth, una startup que se presenta como firma "dedicada específicamente a la transformación digital del sector público".

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Ahora el Incibe, adscrito específicamente al Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, está adjudicando un contrato para servicios de I+D en materia de ciberseguridad por casi 50 millones de euros. De nuevo, el departamento liderado por José Luis Escrivá también tira de la financiación que otorgan los fondos europeos. A este plan también optan las grandes consultoras y tecnológicas, entre las que destacan nombres como Telefónica, GMV y una larga lista de aspirantes privados.

Escrivá está acostumbrado a trabajar con las Big Four. Tiró de ellas en diversas ocasiones cuando era ministro de la Seguridad Social, Inclusión y Migraciones. Quizás uno de los últimos contratos que adjudicó se firmó a principios de diciembre, cuando arrancó la nueva legislatura y se produjo el cambio de carteras. Una externalización que salió a concurso por más de 10 millones de euros para "la transformación digital de la gestión interna de la subsecretaría del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

Indra y Deloitte están siendo los encargados de llevarlo a cabo. Para este encargo, se valoraron cuestiones como la "mejora continua de la productividad" o "un método que permita afrontar las dificultades propias de su implantación, con respecto a las reticencias y a la falta de aceptación habituales en este tipo de cambios".

¿Cómo justifica la Administración todos estos contratos millonarios? Alegando la falta de medios propios. "Este departamento actualmente no dispone de medios suficientes para cubrir las necesidades que se tratan de satisfacer", es el mensaje que permite activar el concurso que acompaña a cada licitación.

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Ese hueco es el que están aprovechando las grandes tecnológicas y las Big Four para engordar su cartera de contratos, no sin polémica. Los contratos anteriormente mencionados son solo una muestra reciente de las crecientes externalizaciones en la Administración, que han levantado ampollas entre el personal más cualificado en estas tareas dentro del cuerpo público. "Los funcionarios TIC de la AGE estamos de funeral Externalizan el conocimiento y nos señalan como inútiles para hacer este trabajo", aseguraba en redes sociales un trabajador público después de que el Ministerio de Economía adjudicara a Deloitte el megaplan de supervisión de la Inteligencia Artificial en España.

Pero va mucho más allá de la Administración, también afecta a las empresas públicas. Renfe ha firmado contratos el pasado año con KPMG, Deloitte, PwC, Mckinsey o Accenture para tratar de evitar la fuga de clientes a otros operadores, ahora que opera en competencia. Correos ha fichado a McKinsey y después a KPMG para contener el gasto ante las crecientes pérdidas.

Los resultados de dichas externalizaciones están por comprobar. En el mundo académico ya se han puesto en duda. Ahí están los alegatos de personalidades como Mariana Mazzucato. La influyente economista de izquierdas aseguró a Financial Times que "los McKinsey y los Deloitte no tienen experiencia en las áreas que asesoran" y advertía de que "los consultores están obstaculizando la capacidad del Estado para desempeñar el papel de motor económico".

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Mazzucato sostiene que las consultorías y los subcontratistas saben menos de lo que afirman, cuestan más de lo que parecen y, a largo plazo, impiden que el sector público desarrolle capacidades internas. "No estamos en contra de los consultores. El problema es cuando una industria no tiene incentivos para lograr que el gobierno sea independiente. Un terapeuta que tiene a su cliente en terapia para siempre obviamente no es un muy buen terapeuta", afirma en 2023 en Financial Times.

Sin embargo, hay diversos factores limitantes que empujan al Gobierno a confiar determinados trabajos hiperespecializados a agentes externos. Primero es la falta de tiempo. La Administración y muchos sectores de la economía tienen un déficit de personal cualificado por la falta de profesionales con los conocimientos necesarios. Ahora los departamentos públicos se ven obligados a ejecutar ingentes cantidades de ayudas procedentes de los fondos europeos en un tiempo muy limitado, lo que les obliga a acudir a procedimientos de urgencia.

Por otro lado, fuentes del sector se preguntan si la Administración Pública está dando los incentivos adecuados para que este personal por el que se pegan las empresas privadas recale en la Administración pública. La mayoría de ellos renunciaría a sueldos mucho más altos. Se trata de un factor decisivo, que hace que los expertos en ciberseguridad, inteligencia artificial o big data ni se planteen aspirar al funcionariado, más allá de aquellos que lo que buscan es una estabilidad y un horario que les permita disponer de más tiempo para su vida personal. El gran problema de fondo que se tardará años en corregirse, es la falta del personal cualificado. Detrás de esta falta de mano de obra hiperespecializada están los grandes programas que está lanzando el sector privado para animar a las mujeres a que opten por carreras stem, ya que el déficit de profesionales es especialmente intenso entre mujeres.

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Ahora el ministro Escrivá ha presentado un plan para revolucionar la Administración. Una batería de leyes en nombre de un Gobierno de PSOE y Sumar enfocado en la orientación a resultados, evaluación y criterios, según expone, más profesionales, similares a los que funcionan en el ámbito privado. Y lo quiere hacer ya. El Plan normativo de este 2024 propone llevar a Consejo de Ministros tres leyes para este fin antes de que termine el año.

Para ello propone varios consensos donde la base es potenciar la transformación digital y la inteligencia artificial. Aprovechar esa digitalización para suplir el personal menguante que está provocando la jubilación del baby boom. Pero por ahora, ese proceso lo están pilotando, en gran medida, las grandes consultoras, que atesoran cada vez más información e influencia sobre el sector público.