Rebelión de funcionarios TIC contra las 'big four'. "Llevamos años aquí y nos ningunean"

"Se supone que somos un cuerpo de élite, sabemos mejor que nadie cómo funciona la Administración. Pero, en lugar de aprovechar ese conocimiento, lo único que hacen es tirar de pliegos y externalizarlo todo. No puedes subcontratar el conocimiento, acabas vendido". Fernando (nombre ficticio) lleva más de 30 años trabajando de funcionario TIC en la Administración General del Estado (AGE) y asegura sentirse defraudado. Los funcionarios TIC, junto con los TAC (el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado), están entre los perfiles más buscados, complejos de fichar y mejor pagados de la Administración. Sin embargo, muchos han comenzado a cargar en público y, sobre todo, en privado contra la creciente externalización de tareas críticas a las grandes consultoras. "Nos están ninguneando".

Fernando accede a hablar con la única condición de no desvelar su identidad, asegura que le acarrearía aún más problemas en su puesto. José Antonio García, subsecretario en el Ministerio de Consumo, funcionario TIC y número dos del ministro Alberto Garzón, no ha tenido reparos y hace unas semanas criticó duramente los contratos adjudicados a Deloitte, OdiseIA y NTT Data por un total de 4,3 millones de euros por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (Sedia), dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos. "Los funcionarios TIC de la AGE estamos de funeral. Externalizan el conocimiento y nos señalan como inútiles para hacer este trabajo".

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Pablo Jiménez Arandia

García denunció en varios mensajes cómo la Sedia, dirigida por Carme Artigas, ha encargado a estas empresas definir dos proyectos de calado: trazar un plan nacional de protección de colectivos vulnerables en IA y poner en marcha un sello nacional de IA. El pliego (se puede consultar aquí) otorga la ejecución de tareas más pequeñas y el desarrollo y mantenimiento de todo el software necesario, algo habitual y normal, pero va mucho más allá. Sobre las empresas, recae además parte de la responsabilidad de definir las grandes líneas estratégicas de la recién creada Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), con sede en A Coruña, algo que, denuncian los funcionarios TIC, debería realizarse siempre desde dentro.

Preguntado por este diario, José Antonio García prefiere no hablar más del asunto. "No quiero que los dirigentes políticos usen esto ahora de forma interesada". Sin embargo, otros funcionarios TIC consultados (media docena en diferentes ministerios y niveles de responsabilidad) sí acceden a hablar sin desvelar su identidad. Varios dan la voz de alarma.

"Este tipo de contratos es precisamente lo que no puede ocurrir. Estamos sobrepasando una línea roja, una frontera. El problema no es quién ejecuta los proyectos, el problema es quién los concibe y quién los supervisa. El dirigente político, con la ayuda de los funcionarios TIC, tiene que definirlos y contratar empresas para ejecutarlos. En el mismo momento en que las consultoras se cuelan en la fase estratégica, tenemos un problema, porque ese conocimiento acaba en sus manos y lo van a usar para ganar otros contratos. Hay un claro conflicto de interés", explica un funcionario TIC.

"Esto es como si pones a un árbitro a jugar en uno de los equipos. Siempre vamos a necesitar empresas externas de apoyo, pero no puedes ponerlas de árbitro, somos la Administración y los funcionarios TIC los que debemos ejercer esa función", explica otro funcionario TIC de la AGE. "¿Alguien se imagina a la CNMV o la CNMC pidiéndole a una empresa externa que les diga cómo debe ser la regulación que deben llevar a cabo? No, para eso está su personal interno. O debería estar, porque cada vez somos menos. Al final, en lugar de pensar cómo debe ser la Administración a cinco o 10 años, en lugar de realizar esa tarea intelectual, acabamos trabajando de secretarios y meros coordinadores para las consultoras", señala otro funcionario TIC.

Consultados al respecto por la adjudicación a Deloitte, OdiseIA y NTT Data, un portavoz de la Sedia asegura que se trata de "una actuación gestionada por empleados y empleadas públicas, en su mayor parte del Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información de la Administración del Estado (TIC). Son los profesionales de la AGE los que establecen las necesidades de recursos de apoyo a cubrir. Puntualmente, se requieren equipos externos de apoyo a los organismos públicos, pero es el personal funcionario de la AGE el encargado siempre de definir, coordinar, evaluar y decidir sobre las labores desarrolladas por el adjudicatario".

Los datos evidencian un agujero en ese argumentario: la creciente escasez de funcionarios TIC en la Administración General del Estado hace cada vez más complejo que sean ellos y ellas quienes "definan, coordinen, evalúen y decidan". Los funcionarios TIC se dividen en dos grandes grupos y múltiples niveles: los TIC A2, encargados de tareas de gestión y del día a día (hasta el nivel 26 en el escalafón), y los TIC A1 (entre los niveles 26 y 30, el más alto). Estos últimos son los que trazan y ejecutan políticas y proyectos tecnológicos. Según datos oficiales, en 2008 había un total de 1.390 funcionarios TIC A1 en la AGE. Catorce años después (septiembre de 2022), hay menos, 1.352.

Estas cifras contrastan con el boom de contratos otorgados por la Administración General del Estado a las Big Four (Deloitte, PWC, EY y KPMG), McKinsey y Grant Thornton. Solo estas seis grandes consultoras han logrado 720 adjudicaciones desde 2018, por un valor total de más de 122 millones de euros. El punto de inflexión se produjo en 2019 tras la pandemia, periodo en el que han venido facturando más de 20 millones de euros de media al año procedente de la AGE. De hecho, en solo dos meses de 2023 han facturado casi tanto como en todo 2019.

Carmen Cabanillas, presidenta de Astic, la asociación que agrupa a más de 750 funcionarios TIC, ofrece otro dato preocupante. "La ratio de personal TIC frente al total de personal de la Administración General del Estado está ahora mismo en el 2,1%. Si queremos llevar a cabo proyectos de transformación digital de verdad, esa ratio debería estar en torno al 10%", explica a El Confidencial. Cabanillas reconoce que se está produciendo una "tendencia generalizada hacia la externalización", pero el principal motivo, asegura, no es ni la desconfianza hacia los funcionarios ni la preferencia por las consultoras. El gran problema es que faltan manos y solo hay un lugar donde conseguirlas de forma rápida: en el sector privado.

"En la Administración autonómica, la externalización está generalizada, las consultoras han capturado todo el conocimiento. Esto ha empezado a ocurrir también a nivel estatal de forma muy evidente en los últimos años. Con los fondos europeos las Big Four han entrado a saco y, curiosamente, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital es uno de los más intensivos en adjudicaciones", explica Rafael Jiménez, doctor en derecho público y especialista en organización de la Administración.

Para este experto, el punto conflictivo no solo radica en externalizar las tareas estratégicas, "lo peor es delegar la supervisión. Esta debe ser ejercida desde dentro, si no es poner al zorro a cuidar de las gallinas. Al final, estamos construyendo una Administración pública cada vez más vicarial en la que las grandes decisiones las toman los puestos políticos y los funcionarios TIC tienen menos oportunidades de diseñar y apoyar esas políticas. Eso es lo que se está poniendo en manos del mercado", explica Jiménez.

"Los ministerios son reinos de taifas"

La falta de recursos es solo una parte de la ecuación. Los funcionarios TIC señalan a la propia estructura de la Administración General del Estado como la otra culpable del aumento de la externalización a consultoras. "Los ministerios funcionan como un reino de taifas, cada uno es un chiringuito. Un ejemplo: si las nóminas son iguales para todos los funcionarios, ¿por qué cada ministerio tiene que usar un sistema de gestión de nóminas diferente? ¿O de email? Así con todo. En lugar de unificarlo y tener una unidad que se encargue de ofrecer ese servicio a toda la Administración, se otorgan decenas de contratos a diferentes proveedores para hacer lo mismo. Es absurdo", explica otro funcionario TIC de nivel 29 consultado.

Para intentar solucionar este entuerto, el Gobierno creó en 2016 (con Rajoy al frente) la Secretaría General de Administración Digital (SGAD). Esta unidad, dependiente de la Sedia, tiene como misión servir de unidad central para los grandes proyectos tecnológicos de todos los ministerios. La idea era crear una especie de cerebro único de la Administración, capaz de organizar y proveedor de recursos (presupuestarios y de personal) a todos los ministerios. La realidad es que, siete años después de su constitución, no carbura como debería.

"La idea es buena, la SGAD iba a ser como la nube de la Administración, un punto único para proyectos de digitalización, pero al final tienes ministerios abandonados, como el de Consumo o Agricultura, y otros que se lo llevan todo. La SGAD acaba acaparando a casi todos los funcionarios TIC y no está haciendo una buena labor de formar y actualizar a los que ya estamos aquí. Así es imposible estar al día en tecnología y mantenerse competitivo con el mercado", explica un funcionario TIC. Según datos de la Astic, cada año se convocan entre 700 y 900 plazas de funcionarios TIC para la AGE, pero solo se acaban cubriendo entre 100 y 120. La mayoría acaba destinada a la SGAD, y el resto diseminado por la Administración. "Es como una gota en un océano, con esos recursos no puedes hacer ningún proyecto de calado", explica un funcionario TIC de nivel 27 adscrito a un ministerio.

"Las Big Four han entrado a saco con los fondos europeos y el Ministerio de Asuntos Económicos es uno de los más intensivos en adjudicaciones"

Emilio García, ex director de gabinete de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, es otro de los funcionarios TIC que ha decidido alzar la voz publicando una tribuna en la que llama a una "revisión crítica del sector de la consultoría". García hace suyas las teorías de la prestigiosa economista italiana Mariana Mazzucato, quien, en su libro The Big Con (algo así como El gran timo), analiza cómo las consultoras "saben menos de lo que aseguran, cuestan más de lo que parece y, a largo plazo, impiden que el sector público desarrolle capacidades internas". Contactado por este diario, García se remite a su milimetrado artículo. Cargar contra las consultoras es todavía un asunto casi tabú que te puede costar un traslado o un cisma interno. Porque no todos los funcionarios TIC piensan lo mismo.

"A muchos lo que les gusta es quejarse"

"¿Hay falta de recursos y se contrata a consultoras para suplirlos [el llamado body shopping]? Sí. ¿Se ha puesto la carreta antes que los bueyes en el contrato a Deloitte de la Sedia? Sí. No tiene sentido adjudicar un contrato así antes de que la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia) esté a pleno rendimiento. Es un error. Pero es un tema muy complejo y hay que analizar empleado a empleado y organismo público a organismo público. Hay muchos funcionarios que lo único que les gusta es quejarse, les vas con un proyecto y te dicen: 'Uy no, yo soy nivel 26, esto es de nivel 28", explica a este diario un ex alto cargo de la Administración pública.

La situación de los funcionarios TIC no es la misma en la Agencia Tributaria o en unidades como Red.es que en otros ministerios con menos personal. Un ejemplo es el lanzamiento del Kit Digital para impulsar la digitalización de las pymes. Pese a las quejas de diversas asociaciones de autónomos, el proyecto, que cuenta con 3.067 millones de fondos europeos, de los que 1.113 millones ya han sido comprometidos, se ha dirigido íntegramente por un equipo interno de Red.es.

"Nosotros hemos diseñado todo el mapa de infraestructura, hemos hablado con los ministerios, realizado las adjudicaciones y controlamos el proceso al 100%", explica a este diario Víctor Rodrigo, ingeniero y director adjunto de sistemas y Kit Digital de Red.es. La ventaja: "Si tuviéramos que volver a hacer un proyecto así, lo podríamos poner en marcha en pocos días. Ya sabemos cómo hacerlo, no tenemos que contratar a nadie para que nos diga por dónde tirar", añade Rodrigo. "Eso de que el conocimiento se queda en manos de las empresas, no es así en muchos casos. Son las consultoras las que trabajan para la Administración, no al revés", puntualiza el ex alto cargo público consultado.

Pese a las excepciones, los datos señalan que cada vez más y más funcionarios TIC tiran la toalla en la Administración General del Estado para reubicarse en la Administración autonómica o local. De los casi 1.250 funcionarios TIC con plaza en la AGE, el 20% no está activo precisamente por haber aceptado ofertas en otras administraciones. Muchos optan por los grandes ayuntamientos, como el de Madrid. "¿Por qué me he ido? Por dos razones. Si no ven como estratégico lo que hago y encima me pagan mal, ¿para qué quedarme?", señala un ex alto funcionario TIC, ahora en el ayuntamiento de Madrid. "Igual en los ayuntamientos se externaliza más, pero al menos sientes que impactas de verdad en la vida de la gente. Y cobro más, claro".