El Gobierno plantea más sanciones a Rusia para frenar las importaciones récord de su gas a España

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha manifestado oficialmente abierto a incrementar las sanciones contra el sector energético ruso. Se posiciona así en respuesta al fuerte incremento de la importación a España de gas natural licuado (GNL) procedente del país gobernado por Vladimir Putin.

Los puertos españoles recibieron 72.690 MWh de gas en estado líquido de origen ruso en 2023, lo que supone un incremento del 35% sobre los 53.859 MWh que se recibieron en 2022. A su vez, en 2022, año en que Rusia invadió a Ucrania, el gas de origen ruso subió un 43%, según los datos de Enagás. Rusia es el tercer mayor vendedor de gas a empresas españolas, por detrás de Argelia y Estados Unidos. El puerto de Bilbao es el principal receptor del GNL ruso traído en barco.

Con este fuerte incremento de GNL ruso almacenado en España desde que empezó la guerra, varios diputados del Partido Popular preguntaron al Gobierno en el Congreso de los Diputados qué medidas impulsaría el Ejecutivo para reducir la compra de gas ruso, que sigue siendo una fuente de ingresos para el Kremlin.

A esta pregunta, el Gobierno ha respondido oficialmente que "España está abierta a que la UE siga utilizando el instrumento de las sanciones en función de la evolución del conflicto, incluyendo nuevas medidas restrictivas en el sector energético". No obstante, pide que dichas sanciones se impongan "siempre previo análisis del impacto que tendrían y con las debidas medidas de preparación de los Estados miembros".

Actualmente, la Unión Europea ya ha prohibido la compra de la mayoría de productos energéticos rusos. Así, tanto el petróleo, los hidrocarburos (diésel y otros derivados) como el carbón no se pueden importar dentro del territorio comunitario. Sin embargo, el gas ruso sigue siendo un producto exento de sanción, aunque cada vez está más en el foco de la Unión Europea.

En este sentido, Lituania, país limítrofe con Rusia que se siente cada vez más amenazado, pidió en el último consejo de Energía celebrado en Bruselas el pasado 4 de marzo reducir o prohibir las compras de gas. Sin embargo, su propuesta no salió adelante, dado que no todos los países estuvieron de acuerdo. En esta cuestión, la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica expresó el deseo de aunar una posición común de los 27.

El Consejo Europeo acordó añadir una cláusula de seguridad que permita a los estados vetar la compra de GNL ruso de forma unilateral

El Gobierno de España afronta una situación peliaguda. El propio Consejo Europeo acordó añadir una cláusula de seguridad a la directiva de gases renovables que permita a los estados miembros vetar la compra de GNL ruso de forma unilateral, sin acuerdo global de los estados del Viejo Continente. Un mecanismo que podría estar disponible en los próximos meses.

De no mediar una solución consensuada, España se encontraría en la delicada situación de suspender las importaciones de GNL ruso, que podrían redirigirse a otros destinos, y complicar la operativa de grandes empresas españolas. Naturgy, primer proveedor de gas en España, cuyos contratos son estratégicos para la seguridad de suministro, cuenta con un contrato de 3,5 bcm que se extiende hasta 2038 firmados con Yamal GNL, un consorcio privado liderado por la rusa Novatek que extrae la materia prima en el norte del país.

Naturgy tiene un contrato de 3,5 BCM que se extiende hasta 2038 con el consorcio Yamal GNL, liderado por la empresa rusa Novatek

El Gobierno ha pedido en reiteradas ocasiones a las empresas que reduzcan o suspendan las compras de gas ruso. Sin embargo, se trata de un terreno cuyo margen de maniobra es limitado, ya que se trata de decisiones privadas. "La importación y comercialización de gas natural son actividades que se realizan bajo el principio de libre iniciativa empresarial", recuerda el Ejecutivo socialista, acusado en varias ocasiones de ser el promotor de las compras de gas.

Por su parte, Naturgy sostiene que la firma del contrato del gas procedente del Yamal se realizó mucho antes del estallido de la guerra y funciona bajo un esquema de take o pay. Es decir, que es de obligado pago se tome o no el producto. Además, la compañía recalca que sus compras están limitadas a lo firmado por el contrato y no han adquirido más gas a mayores del mismo.

Según un reciente estudio del Real Instituto Elcano, "los contratos existentes difícilmente pueden ser alterados sin una importante penalización, sugiriendo que, en ausencia de causas de fuerza mayor, lo más razonable es el cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas importadoras". Es decir, que el veto podría conducir a las empresas compradoras a reclamar el daño causado por verse obligadas a romper los contratos.

"Quizá la gran excepción sea España, que ha importado en 2022 y 2023 por encima de los 3,5 bcm anuales que le corresponden por los contratos firmados por Naturgy, absorbiendo buena parte de los buques vendidos en el mercado spot por empresas de trading desviados desde otros puertos europeos", añade el paper del think tank.

Tanto España como Países Bajos y Francia son los tres principales receptores de gas, ya que son los que más capacidad de almacenamiento tienen en toda Europa. Por eso, desde que estalló la guerra las importaciones se dispararon. Fuentes del sector explican que eso no significa que todo ese gas se consuma dentro del país, sino que mucho acaba en otros destinos, ya que el consumo no ha variado tanto como la recepción de GNL.

Según especifica el informe de Elcano, "Energy Intelligence identificó a la suiza Gunvor como una de las empresas de trading más activas en el envío de metaneros a España durante 2023. Se especula con que TotalEnergies y Shell, sin cláusulas de destino final en sus contratos, también habrían vendido GNL directa o indirectamente en España a través de sus divisiones de trading".