BlackRock y GIP analizan cómo tomar el 20% de Naturgy con el Gobierno en guardia

El desembarco de BlackRock como dueño indirecto del 20% que Global Infrastructure Partners (GIP) tiene en Naturgy ya está siendo analizado en los despachos de Nueva York. Según fuentes al tanto de la operación, asesores de la compra de la gestora de infraestructuras por parte del gigante de la inversión estadounidense, anunciada el pasado viernes, ya están barajando cuáles son las vías más adecuadas para formalizar su entrada como segundo máximo accionista de la energética, considerada por el Gobierno como una compañía estratégica para España (tiene infraestructuras críticas para la seguridad de suministro nacional).

Pese a que la compra de GIP por parte de BlackRock supone un cambio de titularidad del gestor de más de 40 compañías en las que participa a nivel mundial, las implicaciones del caso Naturgy ya se han puesto encima de la mesa al otro lado del charco. En este sentido, asesores de la operación señalan desde EEUU que, a priori, no ven razones jurídicas para tener que pedir autorización previa al Consejo de Ministros. Una posición que contrasta con la de diversas fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial, que sí creen que la ley antiopas obligará al fondo liderado por Larry Fink a pasar por la ventanilla de la Secretaría de Estado de Comercio.

No obstante, algunos juristas consultados por este medio, abrían la puerta a evitar el plácet político dependiendo de cómo se estructure la operación. En este sentido, la idea de BlackRock es mantener la posición e independencia de GIP como ya estaba en Naturgy, con los mismos consejeros actuales, señalaron este martes fuentes al tanto de la operación, lo que contribuiría a despejar dudas y no necesitar autorización gubernamental.

Pero los asesores de esta operación son conscientes de la complejidad de este caso y las derivadas políticas y diplomáticas que supone comprar, aunque sea indirectamente, el 20% de la principal gasista del país. Por ello, pese a su aproximación inicial al caso, se muestran cautos a la hora de dar un posicionamiento definitivo. El análisis aún está en fase preliminar y se está valorando al detalle.

Entre tanto, la adquisición ya ha saltado del plano económico o jurídico al plano político. El propio Ministerio de Economía considera el cambio de titularidad de este 20% de Naturgy una "operación estratégica" que debe ser "analizada al detalle", tal y como ha avanzado en exclusiva este martes El Confidencial. Por ello, actualmente está evaluando si BlackRock deberá someterse al escrutinio del Consejo de Ministros.

La respuesta de los socios del Gobierno no se ha hecho esperar. El portavoz de Economía de Sumar, Carlos Martín Urriza, pedía a su socio en el Ejecutivo que impidiera la entrada de BlackRock en Naturgy. "Este fondo tiene dimensiones colosales y participaciones significativas en 19 empresas importantes de país. Su creciente poder amenaza nuestra autonomía", advertía el gurú económico del partido de Yolanda Díaz.

Tampoco Podemos, que ya ha demostrado su capacidad de bloqueo en el Congreso, ve con buenos ojos esta compra, hasta el punto de calificar a BlackRock como "fondo buitre" al que hay que combatir.

Tampoco Podemos ve con buenos ojos esta compra, hasta el punto de calificar a BlackRock como "fondo buitre" al que hay que combatir

Con este difícil panorama político es con el que BlackRock tiene que lidiar. Por ello, fuentes próximas a los inversores tampoco descartan que más allá de los análisis jurídicos, también tienen que poner en la balanza cuestiones de tipo institucional o diplomático en la ecuación. Ahora la pregunta es si BlackRock optará finalmente por eludir el permiso de la Moncloa a sabiendas de que el Ejecutivo está poniendo la lupa sobre esta operación.

El Confidencial se puso en contacto con BlackRock, GIP, Naturgy, la Moncloa y el Ministerio de Economía, y todos ellos han declinado hacer comentarios al respecto. La cuestión está aún inmadura y falta todavía que se vayan pronunciando las partes. Pero este martes el escenario se ha vuelto más enrevesado, a tenor de los posicionamientos de Sumar y Podemos, lo que ha hecho que las diversas partes den un paso atrás en sus posicionamientos a la espera de acontecimientos.

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Este caso llega justo cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participa en el foro de Davos con la intención de promocionar España como destino inversor. Su Gobierno tiene encima de la mesa no solo la patata caliente de BlackRock y Naturgy, sino también la del eventual permiso que solicitará la empresa árabe STC para la compra del 10% de Telefónica. Este mismo martes, el ministro de Economía saudí aseguraba en una entrevista concedida al diario El Mundo que su llegada al accionariado de la multinacional no debía ser temida por los españoles.

También el socio minoritario del Gobierno, Sumar, pidió que se impida la entrada de Arabia Saudí en Telefónica. Pero a diferencia del trámite con la operadora de telecomunicaciones, desde la formación se resignan a que Economía acabe finalmente autorizando el desembarco de BlackRock en Naturgy y que ni tan siquiera le obliguen a pedir autorización previa al Consejo de Ministros. Esto chocaría con lo que piensan diversos juristas sobre la obligatoriedad de solicitar el plácet del Gobierno, pero se sitúa en línea con el análisis preliminar de asesores de BlackRock y GIP. Es decir, que este caso particular pueda eludir el control de la ley antiopas, reforzada por el Gobierno desde la pandemia. BlackRock, además de invertir en la mayoría de grandes empresas del Ibex, también es un destacado comprador de la deuda pública que emite el Tesoro español.

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El departamento que ahora lidera Carlos Cuerpo no quiere adelantar el resultado de su análisis y busca trabajar el caso con el mayor rigor posible y con el objetivo de dar una respuesta que aúne los intereses de España con una imagen de solvencia de cara al inversor exterior. Fuentes del Gobierno, ajenas a Sumar, ven en las declaraciones del socio minoritario una estrategia de notoriedad, igual que hicieron en el caso de STC y Telefónica, pese a la presión añadida que ello puede suponer.

La autorización previa solicitada al Consejo de Ministros por parte de inversores extranjeros se ha demostrado una cuestión peliaguda. Ya lo fue para Vivendi en Prisa o para IFM en Naturgy, que se saldó con un no en el primer caso y con la imposición de condiciones a largo plazo —tras una guerra con Caixa— en el segundo. Pero ahora, la entrada de STC en Telefónica y de BlackRock en Naturgy supone un salto de magnitud que, más allá de cuestiones técnicas o jurídicas, también puede tener repercusión desde el punto de vista político.