El Gobierno apuntala el aumento estructural de la presión fiscal a las empresas

El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado la legislatura apuntalando un incremento fiscal a las empresas que ya inició el año pasado. El Ejecutivo ha prorrogado los gravámenes a energéticas y bancos con vocación a hacerlos permanentes, y ha aprobado la tributación mínima del 15% para grandes empresas. También hay una tendencia de la Inspección de Hacienda a elevar la tributación de las empresas, según fuentes jurídicas. Un incremento fiscal que sirve para compensar en presupuestos parte de las ayudas sociales que se mantendrán en 2024.

El Consejo de Ministros de este miércoles ha aprobado la prórroga para 2024 de los gravámenes energético y bancario, además del impuesto de solidaridad para las grandes fortunas (IGF), a través de un real decreto de ley.

El real decreto ley contempla la futura revisión de los gravámenes para integrarlos en el sistema tributario como permanentes, y prevé que haya una posible concertación con las comunidades de País Vasco y Navarra, tras un acuerdo entre el PNV y el PSOE. Estos impuestos especiales han recaudado 2.908 millones este año.

Hay cara y cruz para las energéticas y los bancos en esta medida. Por una parte, se confirman los peores augurios que tenía gran parte del Ibex que se ve afectado, y es que aunque estos impuestos nacieron como temporales, acaben siendo permanentes, incluso aunque caigan el coste de la energía, y con ello la inflación, o haya un giro en las expectativas de los tipos de interés, que es lo que está ocurriendo ahora.

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Pero en un contexto de deuda pública creciente —y más cara, por la subida de tipos de 2022 y 2023—, especialmente tras el aumento del gasto público discrecional durante la pandemia, así como por el incremento paulatino del coste de las pensiones, es difícil que un Gobierno recule con figuras impositivas que aportan ingresos.

No obstante, hay ciertos cambios en las figuras impositivas que abrazan los ejecutivos de las energéticas, algo que ha criticado la vicepresidenta Yolanda Díaz. En el primer caso, las compañías afectadas podrán deducirse inversiones estratégicas relacionadas con la transición verde que realicen a partir del 1 de enero de 2024. Falta por ver la letra pequeña, pero en un contexto de compras de parques de renovables, puede ser un mordisco importante a la base imponible del gravamen.

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En el caso de la banca, Nadia Calviño, antes de su despedida, prometió suavizar el impuesto, pero por ahora no hay información al respecto. Fuentes financieras confían en rascar algún tipo de deducción o reducción, a la espera de conocer el detalle del real decreto.

Las patronales bancarias AEB y CECA han criticado la prórroga en un comunicado. Señalan que se ha incumplido la obligación de revisar a los dos años el gravamen en función del contexto, como por ejemplo el cambio de ciclo de tipos, y que la decisión llega "sin que los tribunales se hayan pronunciado todavía sobre los recursos presentados por las asociaciones bancarias".

Los bancos también han recurrido el impuesto a título individual, aunque con pocas esperanzas de que prospere, como ha ocurrido con el IGF, para el que ya ha habido pronunciamiento del Constitucional, avalando el impuesto. No obstante, sigue habiendo pleitos vivos y los asesores esperan llegar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

En el caso de la banca, Nadia Calviño, antes de su despedida, prometió suavizar el impuesto, pero por ahora no hay información al respecto

El impuesto para las grandes fortunas seguirá, al menos, un año más. Se había especulado con lo contrario. De hecho, contaban con ello los asesores fiscales, una vez que Madrid y otras comunidades habían optado por recuperar patrimonio y dejar sin recaudación por esta figura al Estado. La cuestión no es baladí, en función de la presión que podría ejercer la Inspección si la tributación regional se considera laxa, pudiendo reclamar que se tribute por el IGF.

De hecho, fuentes jurídicas apuntan a que hay una tendencia de la Inspección para elevar la tributación de las empresas, cuestionando deducciones, como por ejemplo en I+D+i, reestructuraciones societarias donde se pone el foco en la neutralidad fiscal, o reclamando una mayor tributación del beneficio en España para grupos globales al poner la lupa en operaciones vinculadas dentro de la multinacional, entre filiales o con la matriz (precios de transferencia).

El IGF aportó a las arcas públicas este año 623 millones, un 58% menos de lo previsto por Hacienda, principalmente por un error de diseño que permite reducir la tributación en hasta un 80% a los grandes patrimonios de Madrid o Andalucía. Por ahora, no se ha corregido, y hay miedo en los contribuyentes afectados a que sea así en el Real Decreto Ley.

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Para el año que viene, el impuesto apenas recaudará nada, aunque el hecho de que se mantenga obliga a Madrid y otras comunidades a evitar bonificar al 100% patrimonio, eliminando la competencia fiscal autonómica para atraer grandes fortunas. Hacienda señala que se prorroga la aplicación del IGF "mientras no se produzca la revisión de la tributación patrimonial en las comunidades autónomas, circunstancia que está vinculada a la reforma del sistema de financiación autonómica".

El Gobierno también ha aprobado este mes el tipo mínimo del 15% en sociedades para grupos que superen los 750 millones de ingresos. Se trata de un punto acordado en el pacto de Gobierno del PSOE y Sumar que, por las explicaciones de la vicepresidenta Yolanda Díaz, desató las alarmas en las empresas.

Hacienda renegó del cálculo de Sumar, que apuntó a una recaudación extra de 10.000 millones basada en que no se permitirían deducciones como lo tributado en el extranjero. Esta cifra es casi un tercio de los 32.000 millones. En realidad, lo pactado y aprobado es adelantarse al acuerdo global a través de la OCDE para evitar agujeros en la tributación global de las empresas, y que pone el foco en el resultado contable.

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Estas figuras suponen una contribución a la previsión del Gobierno de reducir el déficit público por debajo del 3% del PIB en 2024, tal y como incluyó en el Programa de Estabilidad 2023-2026 remitido a Bruselas. Pero podría ser no suficiente, teniendo en cuenta el gasto creciente de las pensiones y el hecho de que se mantengan algunas ayudas sociales creadas recientemente, aunque acotadas.

En concreto, el Gobierno ha optado por subir el IVA de la luz y el gas del 4% al 10%, pero sin llegar al 21% previo, mientras que durante la primera mitad del año se mantendrá la suspensión del IVA a los alimentos básicos y la limitación del 5% a pastas y aceites.

El Ejecutivo seguirá bonificando con un 30% el transporte público si las comunidades autónomas aportan también para llegar a costear, al menos, el 50% de los abonos en trenes y autobuses. Mientras que regresa el impuesto sobre la generación eléctrica, que lleva dos años suspendido, con un 3,5% en el primer trimestre, un 5,25% en el segundo, y el 7% previo a partir de julio.