CCOO denuncia que el Gobierno "desprecia" a los funcionarios por incumplir la subida salarial

El sindicato Comisiones Obreras ha emitido este miércoles un duro comunicado contra el Gobierno y, más concretamente, contra la vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, por incumplir el acuerdo salarial pactado para 2023 y 2024. El sindicato denuncia que la ministra "desprecia a más de cinco millones de empleadas y empleados públicos" y anuncia el "inicio de un proceso de movilizaciones en la función pública".

CCOO lamenta que el Gobierno no haya incluido en el último Consejo de Ministros del año la subida salarial pactada en el Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI con los sindicatos. Se trata de dos subidas, una fija y una variable, que Comisiones Obreras confiaba en que estuviesen aprobadas antes de finalizar el año. La parte fija es un alza de los salarios del 2% para 2024. La segunda es una revisión de los salarios del 0,5% con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023 como consecuencia del crecimiento del PIB superior al 2,1%.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno subirá al 10% el IVA de la luz, pero extiende las rebajas al transporte público y los alimentos

Carlos Rocha Alejandro López de Miguel

El sindicato lamenta que el Gobierno "se ha olvidado del personal de las administraciones públicas al no contemplar los acuerdos pactados en la función pública". Este comunicado llega después de unas semanas de tensión entre el Gobierno y los sindicatos por el cambio legal impulsado para auditar el trabajo de los empleados públicos. El sindicato presentó una queja formal ante Función Pública por aprobar el real decreto "al margen" del diálogo social.

Sin embargo, el Gobierno todavía tiene margen para subir los salarios de los trabajadores públicos. De hecho, ya cuenta con ello. Aunque todavía no ha presentado el proyecto de presupuestos generales del Estado para el próximo año, ya informó a la Comisión Europea en el plan presupuestario que hay una partida destinada a aplicar la subida pactada. Además, en cuanto al tramo variable, la primera estimación del PIB 2023 no se conocerá hasta finales de enero, por lo que será necesario esperar hasta ese momento para cumplir con el acuerdo con garantías legales.

Comisiones Obreras hace, además, un listado de otros agravios sufridos en el último año. Por ejemplo, "la recuperación de la jubilación parcial para el personal funcionario o el carácter de mínimos de los permisos, algo también pactado", denuncia el sindicato. "A esto hay que añadir", continúa, el retraso de la implantación de la jornada de 35 horas semanales, la implantación del grupo B o la adaptación al Marco Europeo de las cualificaciones del nuevo. El sindicato reconoce que el retraso en la aprobación de estas medidas es consecuencia del adelanto electoral, pero exige que, ya con el gobierno formado, su activación sea inminente.

Ante esta suma de circunstancias, el sindicato anuncia "el inicio de un proceso de movilizaciones en la función pública si no se retoma de inmediato las negociaciones y se garantizan los incrementos retributivos". Para Comisiones Obreras, lo deseable sería la aprobación de un real decreto-ley que incorpore las subidas salariales sin necesidad de esperar a la aprobación de los presupuestos generales del estado para 2024. Sin embargo, para los partidos del Gobierno la subida del salario de los funcionarios es una buena zanahoria que ofrecer a sus socios parlamentarios para que aprueben los PGE.