Sánchez afronta un equilibrio imposible para reformar los impuestos energéticos

El Gobierno se enfrenta a una encrucijada diabólica en las próximas semanas. El cruce de declaraciones políticas y empresariales de los últimos días con respecto al impuesto aplicado a las compañías energéticas ha puesto de relieve las dificultades que tendrá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para cerrar acuerdos.

A tenor de las declaraciones, Sánchez se enfrenta a un equilibrio imposible antes de terminar este 2023. Habrá que ver a quién contenta y a quién decepciona más, pero vistas las posturas, afronta la cuadratura del círculo. Un dilema con consecuencias desde el punto de vista político, pero también económico y social, ya que deberá tomar decisiones trascendentales para el bolsillo de los españoles en este mes de diciembre.

La caja de los truenos se desató el pasado 24 de octubre, cuando Sánchez y Yolanda Díaz firmaron un pacto de legislatura para formar un Gobierno de coalición que se comprometía a revisar el gravamen temporal a las energéticas para mantenerlo una vez expirara el periodo de aplicación actual (se devenga en 2023 y 2024 por los ingresos obtenidos por las grandes energéticas en 2022 y 2023).

Esto provocó una furibunda reacción de Repsol, mayor pagador de este tributo. Solo dos días después, aseguraba que replantearía sus milmillonarias inversiones en España para deslocalizarlas en otros territorios. A esto le siguió la paralización de la inversión en descarbonización proyectada en su refinería de Bilbao.

Otras empresas como Iberdrola ya habían cargado contra este gravamen, pero más recientemente se sumaron a las quejas Endesa y de forma más sutil Cepsa. Todo ello ha llevado a que uno de los socios preferentes del Gobierno, como es el PNV, haya tachado esta prolongación del impuesto de "mercancía averiada". El sector energético daba por hecho que el partido jeltzale defendería los intereses de sus grandes empresas (Iberdrola, Repsol, BBVA) y no se descarta que Junts opte por la misma vía para contentar a firmas como Naturgy o CaixaBank, a las que piden que vuelvan a poner su sede en Cataluña.

En este impasse, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya advirtió de que habría de perfilarse este impuesto, un posicionamiento que ha secundado este mismo jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ahora también abre la puerta a rediseñar este tributo alegando que puede comprometer importantes inversiones de transición energética y que la situación de precios ya no es la que era. La reacción no se ha hecho esperar por parte de miembros de Sumar, que piden mantener estos tributos.

El Gobierno, y más en concreto los miembros del PSOE, están capitalizando políticamente las inversiones previstas por las empresas. La Moncloa hizo amplia difusión el pasado viernes del anuncio de Cepsa que protagonizó el propio Sánchez en la COP28 de Dubái para crear una planta de combustibles verdes en Huelva. Presidencia del Gobierno subrayaba los 2.500 puestos que generaría esta inversión en Andalucía, feudo históricamente socialista donde hoy gobierna con mayoría absoluta el Partido Popular. "España concentra el 20% de los proyectos que hay en el mundo de hidrógeno verde, que es la energía del futuro", aseguraba Sánchez este jueves.

Además, Sánchez se abre a modular el impuesto a las energéticas tras admitir que la situación de precios no es la que era y tras publicar la Comisión Europea un informe en el que asegura que ya no existen estos beneficios extraordinarios que obtuvieron en 2022.

Bajar impuestos a energéticas y... ¿subir el IVA?

El interrogante que esconde este discurso es qué ocurre con las bonificaciones de impuestos a la energía, el otro lado de la moneda de la bajada de los precios energéticos. Dicho de otro modo, si ya no hay beneficios extraordinarios, como aseguran Sánchez y Bruselas ahora, la pregunta que surge es si está justificado mantener la rebaja del IVA a la luz y el gas, la reducción del impuesto especial a la electricidad o las subvenciones al gas. El Gobierno debe decidir sobre esta cuestión antes de que acabe el año, ya que las medidas expiran el 31 de diciembre y aún no ha querido posicionarse al respecto pese a las reiteradas veces que se le ha preguntado por esta cuestión.

Desde el punto de vista político, Sánchez va a tener muy complicado defender la rebaja al impuesto a las energéticas por la menor tensión de precios y a la vez subir el IVA a estos productos. Más aún si cabe ahora que Podemos ha pasado al grupo mixto y se esperan posiciones aún más maximalistas, al estar ya completamente fuera de la coalición. Sus votos seguirán siendo necesarios, al igual que los de ERC, Bildu o el BNG, partidos de izquierdas que además tienen importantes citas electorales a nivel autonómico en 2024. Todos ellos querrán marcar perfil social ante sus respectivos electorados.

Sánchez puede optar por una vía menos coherente desde el punto de vista argumental y menos ortodoxa presupuestariamente, que es reducir o eliminar el impuesto a energéticas, pero a su vez mantener la rebaja de los impuestos a la factura de luz y gas con el objetivo de intentar lograr el apoyo de todos sus socios. Pero en ese caso, los problemas vendrán de Europa, y no son menores desde el punto de vista económico.

TE PUEDE INTERESAR

La letra pequeña de Cepsa o por qué su megainversión en Huelva no está garantizada

Juan Cruz Peña

Bruselas y otras instituciones llevan meses pidiendo a los gobiernos de la Unión Europea que retiren las ayudas indiscriminadas que se instauraron por los altos precios con el objetivo de paliar la inflación y se centren en colectivos vulnerables. El Gobierno tendrá que volver a reducir déficit y deuda en 2024 y, dado el gasto ya comprometido (pensiones, subvenciones al transporte, alimentos, etc.), la subida del IVA a la luz y al gas se ve como uno de los puntos fuertes para tratar de cerrar la brecha entre ingresos y gastos al 3% exigido. De hecho, esta subida de impuestos ya estaba contemplada en el último plan presupuestario enviado a la capital comunitaria en octubre. No obstante, este puede ser revisado. No parece que transponer la directiva que obliga a una tributación mínima del 15% en el impuesto de sociedades vaya a ser suficiente, según aclaró el secretario de Estado de Hacienda.

Obviar las reglas de gasto —que ultima Bruselas bajo la presidencia del Ecofin de Nadia Calviño— para mantener los acuerdos a nivel interno puede llevar, según dicta la ortodoxia económica de la Comisión, a incurrir en un procedimiento de déficit excesivo que no es gratis. Saltarse la disciplina, además del reproche y de comprometer el maná de los fondos europeos, pone en guardia a las agencias de rating que califican la deuda española y ya mostraron sus reservas respecto de la situación de pactos tan complicada que permitió a Sánchez lograr la investidura.

TE PUEDE INTERESAR

Los avisos de las agencias de rating al nuevo Gobierno: el riesgo político de la parálisis

Valor Añadido. Agustín Monzón

Esto, al fin y a la postre, lo que puede implicar son reparos sobre la capacidad de pago de la deuda española que atiendan los inversores internacionales y que implique en último término que el Tesoro Público pueda tener mayor dificultad para captar fondos. O, dicho de otro modo, que la obtención de dinero sea aún más cara en un momento de tipos de interés elevados.

Un círculo vicioso que lleve a que el alivio del IVA y su efecto de contención de la inflación pueda tener otros efectos nocivos, dado el mayor coste de la deuda pública. Más dificultad para cuadrar unos presupuestos que espera aprobar al inicio de 2024. A Sánchez y su equipo les tocará afrontar el dilema de la manta corta.