La letra pequeña de Cepsa o por qué su megainversión en Huelva no está garantizada

Este viernes, Cepsa anunció junto con Maersk una megainversión de 1.000 millones de euros para construir la mayor planta de metanol verde de Europa en Huelva. Sin embargo, fuentes al tanto de este anuncio ponen el acento en los condicionantes del mismo y que, no por casualidad, se manifestaron en presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su asistencia a la COP28 de Dubái.

Sánchez y su equipo de Moncloa hicieron amplia difusión de la noticia y subrayaron la creación de 2.500 puestos de trabajo para Andalucía, feudo históricamente socialista con amplias tasas de paro, donde a día de hoy gobierna con mayoría absoluta el PP.

Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que hay varios aspectos del anuncio que deberían ser interpretados como advertencias directas al propio Gobierno. En este sentido, subrayan que Cepsa ha destacado que "la decisión final de inversión está prevista en 2025". En línea con lo anterior, destacan que el CEO de la energética se dirigió al propio Gobierno español "para desarrollar el marco regulatorio necesario para que este proyecto tenga éxito y pueda ampliarse". Dicho de otro modo, Wetselaar dio a entender que actualmente no se da el marco regulatorio para que el proyecto tenga éxito.

Sus palabras fueron secundadas por su socio danés. Brian Davis, CEO de C2X, filial de Maersk, también lanzó aseveraciones con condicionantes: "Aunque este proyecto cuenta con sólidos fundamentos, necesitará un marco propicio para poder ofrecer una fuente competitiva de metanol verde a sus clientes. Estamos deseando trabajar con Cepsa y el Gobierno español para llevar a cabo este proyecto".

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Europa Press

Pese a que Cepsa está escenificando una posición amistosa con el Gobierno de España, con el que ha compartido diversos actos en el último año, su mensaje respecto del impuesto a las energéticas ha sido crítico. Por eso ahora sus condicionantes toman más importancia. Sánchez anunció en octubre que pretende hacer permanente el impuesto temporal a las energéticas.

Cepsa ha recurrido este tributo en los tribunales. En su última presentación de resultados, asegura que esta prestación patrimonial del 1,2% sobre los ingresos ha metido las cuentas de Cepsa en pérdidas entre enero y septiembre de 2023. La nueva inversión desvelada este viernes se produce justo un año después de que Cepsa anunciara desde Cádiz, y también en presencia de Pedro Sánchez, inversiones de hasta 5.000 millones para hidrógeno verde en Andalucía.

Aunque su discurso trata de poner el foco sobre el hidrógeno verde como fuente de riqueza en el futuro, sus acciones se siguen dirigiendo también con fuerza al mercado de los combustibles fósiles. De hecho, recientemente ha anunciado la compra de Ballenoil, la mayor red de gasolineras low cost de España.

El aviso de Cepsa tras los dardos de Repsol y Endesa

En poco más de una semana, tres de las mayores energéticas de España (Endesa, Repsol y Cepsa) han llamado la atención de forma más o menos explícita contra el marco regulatorio español y su situación fiscal. Sus críticas están sobre todo dirigidas contra el tributo aprobado por el Gobierno de PSOE y Sumar, que el propio Ejecutivo de coalición quiere hacer ahora permanente.

El tono de Cepsa en lo relativo a las relaciones institucionales es mucho más amistoso que el que está mostrando Repsol, que ha decidido ir al choque públicamente con el Gobierno. Este mismo jueves, su presidente, Antonio Brufau, volvió a advertir que sus inversiones en energías y combustibles renovables no están garantizadas en España y que si el marco regulatorio y fiscal no es el adecuado, optará por países como Portugal o Francia, donde no existe este tributo. Esta advertencia se produce un mes después de la lanzada por su CEO, Josu Jon Imaz, en su presentación de resultados.

A las anteriores se sumó la pasada semana Endesa, también impactada por el impuesto a las energéticas. Según su consejero delegado, José Bogas, la empresa habría invertido 4.000 millones más de haber contado con un marco fiscal distinto, según aseguró en una entrevista en el diario Expansión. Paradójicamente, Iberdrola, la empresa más combativa en el frente regulatorio en los últimos años, está prefiriendo situarse ahora en un segundo plano.

Aunque Sánchez y Yolanda Díaz manifestaron en octubre que si formaban Gobierno tratarían de hacer permanente el impuesto temporal a las energéticas, el discurso está siendo matizado. Esta misma semana, la vicepresidenta Tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aseguró que, de mantenerse este tributo —que se diseñó como temporal por los beneficios extraordinarios derivados de la extraordinaria situación de precios tras la guerra de Ucrania—, podría perfilarse para que pudiera incentivar la inversión en energías limpias.

Hacienda y Bruselas enfrían la crisis

Los argumentos del Gobierno para mantener de forma permanente el tributo van perdiendo intensidad. Esta misma semana, la Comisión Europea ha enfriado la crisis del sector: "Con el descenso gradual de los precios de la energía a lo largo de 2023 (que se mantienen por encima de los niveles históricos), el entorno para generar beneficios inesperados se ha atemperado en comparación con las extraordinarias condiciones del año anterior 2022, ya que las empresas tienen que componerse con un entorno económico más incierto y unos costes de capital crecientes", señala Bruselas.

Hacienda también está registrando un menor crecimiento de ingresos por la bajada de precios respecto de 2022 y, por ende, por las menores ganancias para las empresas. "El descenso de los beneficios se concentra en las empresas energéticas", señala el informe de recaudación de octubre, publicado por la Agencia Tributaria este jueves. "En las Grandes Empresas hay un mayor peso de las actividades energéticas con precios a la baja en 2023", añade.

Se da la paradoja para el Gobierno de que, a finales de mes, tendrá que decidir si mantiene o no la reducción de IVA a la luz y al gas. Hasta ahora, el discurso es que, a medida que se normalizara la situación energética, habría que ir levantando esas ayudas incluidas en el escudo social. Una justificación que choca con la idea de mantener el tributo temporal a las energéticas por sus beneficios extraordinarios. Caso distinto es si, finalmente, las rebajas de IVA se mantienen. De ser esa la decisión, se dirá que se hace porque aún hay inestabilidad de precios. Algo que, a la postre, también podría servir para pedir un esfuerzo fiscal mayor a las grandes eléctricas, gasistas y petroleras.