Naturgy espera el aval del TS para cerrar 11 centrales y plantear una reclamación millonaria

El Tribunal Supremo está a las puertas de dictar sentencia sobre un recurso interpuesto por Naturgy que puede condicionar toda la política energética en España. El alto tribunal tomó declaración tanto a la compañía como a la Abogacía del Estado a finales de septiembre de cara a resolver sobre la petición de cierre de 11 grupos de generación eléctrica de las plantas de ciclo combinado accionadas con gas que Naturgy tiene repartidas por España, según señalan fuentes al tanto del caso.

Estas fuentes aseguran que la compañía espera tener respuesta judicial antes de que termine este 2023 para poder plantear una reclamación que podría superar los 200 millones de euros, apuntan las estimaciones sectoriales, aunque el cálculo más afinado aún está por determinar.

La compañía ya solicitó bajo el mando de Rafael Villaseca —antes de la llegada de Francisco Reynés en 2018— el cierre de cinco grupos de generación, y posteriormente al desembarco del actual primer ejecutivo pidió cerrar otras cinco centrales alegando que estas son inviables económicamente para la compañía, dado su escaso uso. A las 10 plantas anteriores se sumó posteriormente otra más que incurrió en una serie de problemas y las nuevas inversiones de nuevo la metían en pérdidas, por lo que también se pidió cerrar.

Naturgy se dirigió a la Dirección General de Política Energética y Minas y ante su silencio lanzó un recurso de alzada por vía administrativa a la Secretaría de Estado de Energía para ejecutar el cierre. Lo hizo ya con el permiso de Red Eléctrica, encargada de validar si dichas centrales pueden clausurarse sin que ello sea un problema para la seguridad del suministro eléctrico en España. Desde la Secretaría de Estado de Energía tampoco obtuvieron respuesta, pese a los reiterados llamamientos al cierre. Tras ser ignorada por dos instancias competentes, la firma se dirigió a la Justicia ordinaria para que certificara la posibilidad de cierre, alegando que el doble silencio de la Administración pública operaba en sentido positivo a sus intereses.

Ahí, sin embargo, intervino la Abogacía del Estado, que se opuso al cierre de nada menos que 4.400 MW de potencia instalada, más de la mitad de los 7.400 MW que Naturgy, principal operador de esta tecnología, tiene en España. Una solicitud de cierre masivo de plantas repartidas por diversos puntos de España como Palos de la Frontera, Sagunto, Aceca, Cartagena o Plana del Vent, entre otros, donde trabajan más de 40 personas en cada una de estas centrales térmicas.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado recientemente en contra de los argumentos de Naturgy. Tal y como solicitaron los abogados del Estado que defienden a la Administración, el TSJM considera que el doble silencio administrativo positivo no opera en este caso, por tratarse de un servicio público de interés general. "La naturaleza del sector eléctrico dota al mismo de esa condición, puesto que se trata de garantizar el suministro de energía eléctrica. La excepcionalidad de silencio positivo en esta materia no permite entender que el doble silencio que concurre pueda considerarse positivo y, por tanto, estimatorio de una pretensión concreta como es el cierre temporal de las instalaciones, que afectaría o podría afectar al servicio de interés general que presta el sector eléctrico, y que la ley expresamente le confiere. No se trata de que en concreto el interesado obtuviera facultades sobre el servicio público, pero es evidente que el sistema eléctrico general y en concreto el suministro de energía eléctrica sí implican un servicio público y nada consta sobre si se vería afectado por un cierre de las plantas pretendidas", aclaró el tribunal madrileño.

"El cierre de las instalaciones afectaría o podría afectar al servicio de interés general que presta el sector eléctrico", según el TSJM

Contra lo anterior, Naturgy interpuso un recurso de casación ante el Supremo, que ahora está por resolver. La compañía entiende, según dictamina la legislación europea, que la generación eléctrica es un sector liberalizado y abierto a la competencia, donde existe libertad de entrada y salida, por lo que tendría derecho a poder cerrar si así lo considera. Si, por el contrario, como aseguran los defensores de la Administración, esta es una actividad de interés público que no permite el cierre por la seguridad del suministro, la empresa considera que se le debe retribuir por ese respaldo al sistema al que la obliga el Estado.

A falta de que el Supremo genere jurisprudencia en breve sobre este asunto, la cuestión permite a la empresa plantear reclamaciones millonarias, sea cual sea su decisión, aseguran las fuentes consultadas. Si le permite cerrar, la compañía podría solicitar el daño económico causado durante los cinco años transcurridos desde que solicitó la clausura, que fue ignorada por el Ministerio para la Transición Ecológica y, por tanto, se vio obligada a seguir operando.

Si, por el contrario, se declara la actividad de los ciclos combinados de gas como de interés público y se les confiere el estatus de necesarios para el sistema, además de pedir también la retribución de ese concepto durante estos años en que no lo ha cobrado, también podría pedirlo a futuro. El tema, si cabe, es más profundo, ya que el fallo del Supremo no solo afectaría a las plantas incluidas en tres recursos, sino a todo el parque de generación, ya que otras compañías como Iberdrola, Endesa, EDP, Repsol, BP, TotalEnergies o Engie también podrían solicitar ser retribuidas por este concepto.

Los pagos por capacidad, en el aire

Para rizar el rizo, la cuestión puede afectar a una propuesta lanzada recientemente a información pública por el Gobierno a instancias de Bruselas, que le pide realizar subastas de capacidad para establecer pagos a aquellas centrales que quieren servir de respaldo al sistema para cuando no haya otras fuentes de generación como las renovables, intermitentes por su naturaleza.

Las fuentes consultadas señalan que, sea cual sea el sentido del dictamen de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, el Estado debería establecer algún tipo de pago a las empresas con ciclos combinados que dan respaldo. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece que el actual parque de generación eléctrica con estas plantas accionadas con gas a través de turbinas debe permanecer al menos hasta 2030. Ello es fruto de que ya se han cerrado las plantas de carbón y que desde 2027 hay un plan para clausurar las centrales nucleares que culminará en 2035 con la salida del sistema de las siete plantas atómicas, que hoy generan más del 20% de la electricidad en España.

Los ciclos combinados estuvieron operativos al 100% en algunos días de octubre de 2022 (disparados por el parón nuclear en Francia) y también un día de octubre de 2023, con lo que, de no haber sido por su concurso, podrían haberse producido cortes de suministro. Si su uso es necesario en algún momento, hace inferir que el propósito de Naturgy con las solicitudes de cierre no es tanto su clausura definitiva como forzar unos pagos de la Administración que ahora no recibe.

Estas plantas de ciclo combinado cada vez son menos rentables y funcionan cada vez menos horas. La mayoría se construyeron al calor de la planificación eléctrica de principios de siglo, con unas previsiones de horas de funcionamiento que saltaron por los aires con la instalación masiva de renovables, que los ha relegado a un segundo plano, máxime en la actualidad, con las políticas de sostenibilidad de los gobiernos europeos que pretenden arrinconar a los combustibles fósiles.

La pelea de los propietarios de las plantas de gas por que se les reconozca una rentabilidad por el servicio de respaldo que ofrecen es una reivindicación que viene produciéndose desde hace años, ya que, según se quejan estos operadores, el bajo número de horas que funcionan ni siquiera les permite recuperar los costes, mucho menos obtener una rentabilidad suficiente para mantenerlos abiertos.

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Juan Cruz Peña

Prueba del deterioro que está sufriendo esta actividad lo está viviendo en carne propia Naturgy al otro lado del charco. Este mismo 2023, ha tenido que apuntarse un deterioro de 168 millones de euros en México por la devaluación sufrida por sus ciclos combinados en el país azteca. Este golpe contable se justificó bajo la premisa de que la entrada masiva de energías limpias en el sistema mexicano desplazaría a estas centrales y provocaría menos horas de funcionamiento.

En España también están funcionando mucho menos estas plantas, por la instalación de renovables. De hecho, la CNMC, en un reciente informe, ya advierte una caída del 33% del uso de los ciclos combinados en 2024. El negocio para las empresas con estas centrales pasa por mantenerlas como respaldo del sistema para cuando no haya otras fuentes de generación a cambio de un pago por este servicio más que por su funcionamiento continuado. De no operar algo así, los expertos creen que pronto empezarán los cierres definitivos, como ya ocurrió con las centrales de carbón, que están siendo demolidas por toda España.