Industria reactiva el plan de 'hibernación' de los ciclos combinados tras un año de parón

Industria ya tiene nueva parada en su hoja de ruta tras cerrar el pasado viernes la reforma del gas. Y es que, según aseguran fuentes internas del Ministerio, el departamento de José Manuel Soria y Alberto Nadal se concentrará ahora en poner en marcha la regulación que permitirá ‘hibernar’ o parar de forma temporal los ciclos combinados, una posibilidad que recogía la reforma eléctrica aprobada el pasado verano pero que Industria aún no ha desarrollado. El mecanismo es esperado como agua de mayo por las compañías, que soportan las pérdidas recurrentes de estas plantas.

Desde hace años los ciclos combinados operan muy por debajo de su capacidad, debido en gran medida a la prioridad de entrada que tienen las energías renovables y hasta el carbón nacional. Por ejemplo y hasta el mes de junio, la eólica acaparó un 23,2% de la generación eléctrica, mientras que los ciclos apenas sumaron un 6,9%, según datos de Red Eléctrica (REE). Las empresas han llegado a plantear oficial y oficiosamente cierres masivos de instalaciones, si bien Industria y el gestor del sistema han frenado este aluvión de demandas, al considerar esas plantas imprescindibles como respaldo para el suministro en caso de que fallen las impredecibles renovables.

En este marco, para Nadal es prioritario cerrar la normativa que regule los pagos por capacidad (que reciben los ciclos por prestar su garantía para satisfacer la demanda más allá de que entren o no en funcionamiento) y el marco legal para que hibernen las instalaciones no estratégicas. No en vano, la reforma eléctrica aprobada por el Ejecutivo contemplaba la parada temporal de hasta 6.000 megavatios de potencia instalada en ciclos combinados. Según aseguran fuentes del sector, las compañías ya habrían hecho llegar a Industria sus propuestas para cerrar este expediente, y la pelota estaría ahora en el tejado de los técnicos del Ministerio.

Según datos de la patronal Sedigas, el factor de utilización de los ciclos, en caída libre, apenas alcanzó el 13% en 2013, después de ya desplomarse hasta el 19% el año anterior. La situación incluso ha empeorado en lo que va de 2014, cuando en 2008 superaba el 50%. “Recordamos que España es el tercer país del mundo con más potencia instalada de renovables per cápita, excluida hidráulica, así como el cuarto con más megavatios de potencia renovable en términos absolutos”, subrayaba para buen entendedor el lobby del gas en su último informe anual. REE ha dejado claro que cualquier planteamiento de cierre temporal de instalaciones debe tener en cuenta un criterio geográfico, en tanto hay zonas con mayor cobertura que otras.

Novedades legales

La propuesta de real decreto manejada en julio del pasado año por Industria apostaba por poner en marcha un sistema de subastas que permitiera concurrir a los operadores que quisieran parar sus centrales. Todo después de que el operador del sistema fijara qué potencia puede ser prescindible en un momento determinado (hibernada) sin comprometer el sistema. Sin embargo, un año de parálisis después, fuentes del sector estiman que el planteamiento puede haber sufrido cambios importantes. En su momento, las eléctricas ya remitieron alegaciones, como que el parón pudiera alargarse más allá del año que contemplaba Industria, con el fin de hacer rentable la hibernación.

Iberdrola ha sido hasta ahora la compañía que más ha tensado la cuerda para promover la fórmula. Es más, hace ahora un año solicitaba detener la mitad de la potencia en su ciclo de Arcos de Jalón, de 1.600 megavatios. Una propuesta que era denegada meses después por Red Eléctrica, con el argumento de que esa parada comprometía la seguridad de suministro. Aunque el expediente aún se encuentra abierto tras la presentación de alegaciones por parte de la eléctrica, lo cierto es que el supervisor del sistema no cuenta a día de hoy con un protocolo legal para resolver esas peticiones, por más de que haya identificado megavatios sobrantes que permitirían la interrupción en regiones concretas.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la esperada reforma del sector gasista, con un recorte de las retribuciones que cobran las empresas por valor de 238 millones de euros, lo que supone un 7% de los costes del sistema, cifrados en 3.350 millones. Gas Natural, en su papel de compañía distribuidora, y Enagás, como transportista, serán las encargadas de pagar la mayor parte de la factura. Todo ello con el fin de contener un déficit que –aunque lejos del eléctrico– ya acumulaba 400 millones de euros al cierre de 2013. El agujero que no llegue a cubrirse deberá ser financiado por las compañías, con cargo al recibo en los próximos 15 años. En cuanto al almacén Castor, todo en stand-by. “El Gobierno hará lo posible para que no suponga pagos para el consumidor”, dijo el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal. Un esfuerzo que, en vista del desarrollo de la película, no anticipa final feliz.