La justicia avala las multas a Indra, IBM y el resto del cártel de la informática que infló precios al Estado

La Audiencia Nacional confirma las sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) a varias de las principales empresas informáticas de España, multadas con casi 30 millones de euros por inflar precios al Estado. La Sala de la Contencioso-Administrativo acaba de desestimar diversos recursos interpuestos por compañías como Indra, IBM o Accenture, entre otras.

Once compañías que prestaron durante 15 años servicios informáticos para diferentes departamentos de la Administración del Estado fueron sancionadas en 2018 por la CNMC por una infracción muy grave de la Ley de Defensa de la Competencia. Según el dictamen, las administraciones afectadas que pagaron un precio artificialmente alto por los servicios recibidos fueron organismos estatales como la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo (SEPE). El fraude saltó por los aires en 2015 tras una denuncia. El programa de clemencia de la CNMC exonera del castigo al infractor que destapa las irregularidades.

La institución encargada de velar por el buen funcionamiento de los mercados sancionó a estas once multinacionales "por crear un cártel en el suministro de servicios de informática y tratamiento de datos a la Administración Pública. La trama empresarial se repartió los clientes, pactó los precios y las condiciones comerciales, e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública".

Las empresas rechazaron las acusaciones y decidieron impugnar las millonarias multas ante la justicia ordinaria. Sin embargo, ahora los magistrados de la Audiencia Nacional desestiman sus pretensiones y confirman las sanciones que impulsó la Dirección General de Competencia de la CNMC tras la investigación y el registro de las sedes de estas compañías. "Las empresas simulan concurrir en competencia pese a que, previamente, y de común acuerdo se han repartido la totalidad del contrato, haciendo ilusoria una competencia efectiva", explica uno de los fallos del tribunal dictado este mes de septiembre. En cualquier caso, las empresas aún tienen derecho a elevar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Fuentes de Indra muestran "respeto a la decisión de los jueces" y señalan que la empresa está valorando aún si recurrir, por lo que tomará la decisión en los próximos días.

La sanción más voluminosa fue contra Indra, cuyo principal accionista, paradójicamente, es el Estado a través de la SEPI (28% de capital social). La CNMC le impuso una multa de 13,5 millones de euros. La sentencia desestimatoria de sus pretensiones ahora recoge que tanto la empresa del Ibex 35 fue, junto con Software AG (SAG), los cabecillas de la trama. "Tanto INDRA como SAG merecen un reproche sancionador mayor que el resto de empresas sancionadas, por su condición de líderes e instigadores del conjunto de la infracción y su participación en todas las licitaciones afectadas", refleja la Audiencia Nacional.

"La trama empresarial se repartió los clientes e intercambió información comercial sensible para encarecer la contratación pública"

"En el caso de Indra, su conducta afecta a cuatro Administraciones, interviene en 19 licitaciones y le son adjudicados 25 lotes y el importe de los lotes adjudicados a las UTE en las que participó Indra fue de 324.736.332 euros".

Los jueces del caso también ha confirmado las sanciones contra IBM, Accenture, Atos Spain o Gesein. Sin embargo, el fallo ha sido distinto para Connectis ICT Services, el cuarto mayor infractor, al que la CNMC cargó una multa de 1,8 millones de euros. En este caso, la Audiencia Nacional ha estimado su recurso por una fallo de forma en la ejecución de la sanción y pide anular la multa. "Debemos concluir que, habiendo establecido la propia CNMC como fecha de caducidad del procedimiento sancionador el 8 de agosto de 2018, la notificación realizada el 9 de agosto siguiente tuvo lugar estando ya caducado el procedimiento, lo que determina la estimación del presente recurso y la consiguiente anulación de la resolución sancionadora en cuanto impuso a la recurrente una sanción de 1.854.855 euros, sin necesidad de examinar las restantes causas invocadas", concluye.