Las empresas piden a los políticos altura de miras y estabilidad ante el ajuste que viene
La incertidumbre ante el posible bloqueo institucional es el peor resultado que podía salir, horizonte que pone en jaque desde los fondos Next Generation hasta diversas reformas
El mundo empresarial contenía ayer la respiración en la primera jornada laboral tras los comicios generales del 23-J. A un lado, la amenaza de un Gobierno polarizado e inestable, en el otro, el riesgo de nuevas elecciones, y en medio, la agravante de que en 2024 y 2025 habrá elecciones en País Vasco y Cataluña, las dos regiones cuyos partidos nacionalistas e independentistas tienen la llave que abre la puerta de la Moncloa. ¿Por cuántos puñados de votos sería capaz cualquiera de ellos de cambiar o moldear sus posiciones llegado el momento? La alternativa sería que PP y PSOE dieran un giro histórico y se sentaran a negociar con voluntad de entenderse, algo que parece imposible.
"Llamamos a la responsabilidad para que se puedan alcanzar aquellos acuerdos que garanticen el mayor nivel de estabilidad posible y también la moderación necesaria para garantizar la buena marcha de la economía y el sostenimiento del bienestar y la paz social", han pedido desde CEOE y Cepyme, que también han reclamado que "cesen definitivamente los ataques que han venido sufriendo las empresas desde el ámbito institucional" y han alertado de que "la economía española vislumbra un escenario de desaceleración, que previsiblemente se hará más patente tras el verano".
La falta de garantías respecto a quién, cómo y por cuánto tiempo formará el próximo Ejecutivo del país es el peor resultado que podía esperar el mundo empresarial, que, más allá de siglas, pide a la clase política altura de miras para garantizar la gobernabilidad en un momento crítico, marcado por la desaceleración económica, la obligación de reconducir el déficit al 3% y recortar la deuda, o cumplir con la hoja de ruta prometida a Bruselas para seguir recibiendo fondos, lo que tiene implicaciones que van desde las pensiones hasta los peajes de las carreteras.
"Contar con una estabilidad a nivel de gobernabilidad es, sin duda, clave para tener un entorno favorable a la hora de desarrollar la actividad de un país, por lo que eliminar incertidumbres debería ser una prioridad para las formaciones políticas", ha señalado Eduard Mendiluce, consejero delegado de Aliseda-Anticipa, mientras que el presidente de la patronal de la construcción CNC, Pedro Fernández Alén, ha deseado que "se pueda formar Gobierno cuanto antes, independientemente del signo político, con el que tener interlocutores válidos lo antes posible. Preocupa especialmente la paralización de los fondos europeos mientras no haya Gobierno, ya que el sector tiene un especial protagonismo en la construcción de infraestructura y vivienda".
"Lo que les pedimos a ambas opciones políticas es que se pongan de acuerdo para que se conforme un Gobierno pronto. El inmovilismo y la convocatoria de nuevas elecciones ralentizarían el sector", ha añadido Pedro Viñas, presidente de BigMat, la mayor cadena española de distribución y producción de material de construcción.
El riesgo de que un bloqueo político perjudique al desarrollo de los fondos Next Generation es toda una amenaza para Andimac, patronal de las empresas de reforma y rehabilitación. "Por ejemplo, a diciembre de 2023, deberían estar ejecutándose rehabilitaciones en 160.000 viviendas, y los datos apuntan a un mercado que todavía no ha empezado a moverse. Una situación de parálisis amenaza los acuerdos comprometidos con Europa y su impacto sobre la economía. Recordemos que las políticas de rehabilitación son de luces largas, que es fundamental planificar más allá de la recepción de fondos Next Generation (2026) y que el 82% del parque edificado español tiene una baja calidad energética", ha señalado Sebastián Molinero, presidente de Andimac.
También para Juan Valero de Palma, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), que representa a más de 500.000 agricultores y más de dos millones de hectáreas, "la principal preocupación tiene que ver con los fondos Next Generation, porque hay un nivel muy bajo de ejecución en las obras que dependen de estas ayudas de la Unión Europea, y un atasco tremendo en la tramitación medioambiental en lo que respecta a la modernización de regadíos en el campo".
En esta misma línea, el secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, ha recordado que "el proyecto de ley de función pública del Estado deberá aprobarse de nuevo y tramitarse por estar incluida la modernización de la Administración pública española en el PRTR [Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia] comprometido con Europa, junto con otros proyectos de ley que decayeron con la disolución de las Cortes, y que su aprobación se requiere para recibir el siguiente tramo de los fondos Next Generation".
Al riesgo de perder fondos europeos se une el de espantar inversores. Y llueve sobre mojado. "La situación de inestabilidad política, lejos de resolverse, ha empeorado aún más, ya que la gobernanza va a depender de unos pactos que difícilmente van a dar tranquilidad para hacer inversiones a medio y largo plazo. Por tanto, las primeras afectadas en esta situación son las inversiones en el sector inmobiliario del alquiler, pero no solo, que estaban a la espera de que se despejara el horizonte político, y muchas de ellas van a seguir metidas en el congelador", han advertido desde Asipa, asociación de las grandes inmobiliarias de alquiler de España.
"La situación de inestabilidad política, lejos de resolverse, ha empeorado y difícilmente va haber tranquilidad para hacer inversiones"
Desde APCE, la Asociación de Promotores y Constructores de España, han reconocido "cierta preocupación al no quedar clara la configuración de un Gobierno. La incertidumbre generada no es positiva para la economía en general, ni para el mercado inmobiliario de la vivienda en particular. Hay varias cuestiones importantes en el mercado de la promoción inmobiliaria que necesitan soluciones, y con el horizonte actual de incertidumbre política no se solucionarán a corto plazo".
"La situación es francamente preocupante. No nos podemos permitir poner en riesgo la seguridad jurídica ni la economía de mercado. Es imprescindible el respeto a la Constitución y a la ley. Los derechos deben sustentarse en el respeto y en el cumplimiento de las obligaciones del marco jurídico en el que se fundamentan la libertad e igualdad de todos los españoles", han añadido desde la Asociación Madrileña de Empresa Familiar (AMEF).
Entre la clase empresarial, existe el temor de que las subidas de impuestos se impongan como receta principal para cumplir con Bruselas en su renovada arenga de volver a la senda del déficit, una presión fiscal que "tendrá su impacto negativo en la marcha de la economía", han asegurado desde Asipa. En este mismo terreno, Mollinedo ha recordado que "urge abordar la reforma tributaria, para reducir la litigiosidad y la tasa de economía sumergida y fraude", y también "sería preciso abordar una reforma de las Intervenciones del Estado, de las CCAA y municipios para mejorar el control del gasto público, así como la transparencia y la asunción de responsabilidades en el uso de fondos públicos, incluidas las subvenciones".
Para Exceltur, la patronal del turismo, desde un punto de vista de negocio, el resultado electoral no tiene consecuencias a corto plazo porque el sector tiene el viento de cola tras haber dejado atrás la pandemia. Sin embargo, su vicepresidente, José Luis Zoreda, sí hace un llamamiento a la clase política para que "se recomponga la estabilidad del Gobierno lo antes posible, porque seguimos teniendo retos estructurales por resolver y una misión, aprovechando la presidencia española de la UE, de plantear por primera vez el turismo como una prioridad estratégica en Europa, cosa que no ha ocurrido hasta ahora bajo ningún Gobierno".
Desde AOP, la asociación de las grandes petroleras, se ha pedido altura de miras para que sea posible la gobernabilidad y para solucionar los retos energéticos pendientes. "La misión de cualquier Gobierno, con independencia de su color, es generar certidumbre, no solo para los ciudadanos, sino también para las empresas. Atraer y mantener las inversiones existentes es fundamental, especialmente en nuestro sector, que se encuentra en plena transformación para llevar a término la transición energética".
Juan Virgilio Márquez, director general de la patronal fotovoltaica AEE, ha destacado que, "aunque los dos partidos con opción a gobernar ya anunciaban en sus programas electorales la apuesta decidida por las renovables, la estabilidad política y la certidumbre regulatoria son críticas para seguir atrayendo las inversiones. El nuevo Gobierno deberá retomar, lo antes posible, asuntos críticos, como el desarrollo de la regulación de la eólica marina o la optimización de la tramitación administrativa. Además, la negociación y aprobación final por la Comisión Europea del nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, actualmente en consulta pública, será responsabilidad del nuevo Ejecutivo. Por todo ello, porque el camino, su dirección y su velocidad están trazados, consideramos que es responsabilidad de todos alcanzar los objetivos para las renovables como proyecto de país, independientemente del Gobierno resultante".
En este mismo sentido se ha manifestado el director general de UNEF, José Donoso, quien ha abogado por que "se mantenga la planificación y no se paralicen cuestiones regulatorias urgentes como la prórroga de los proyectos que se deben conectar a la red durante 2025, y que todas las cuestiones relativas al desarrollo de las infraestructuras de energía fotovoltaica no se utilicen como arma arrojadiza entre las diferentes formaciones políticas". Además, ha pedido "que se desarrolle cuanto antes la regulación del almacenamiento, se continúe con las subastas y se cierren temas pendientes de regular relacionados con el autoconsumo, particularmente lo que tiene que ver con el desarrollo de las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo".
El mundo empresarial contenía ayer la respiración en la primera jornada laboral tras los comicios generales del 23-J. A un lado, la amenaza de un Gobierno polarizado e inestable, en el otro, el riesgo de nuevas elecciones, y en medio, la agravante de que en 2024 y 2025 habrá elecciones en País Vasco y Cataluña, las dos regiones cuyos partidos nacionalistas e independentistas tienen la llave que abre la puerta de la Moncloa. ¿Por cuántos puñados de votos sería capaz cualquiera de ellos de cambiar o moldear sus posiciones llegado el momento? La alternativa sería que PP y PSOE dieran un giro histórico y se sentaran a negociar con voluntad de entenderse, algo que parece imposible.
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