El consejo de BBVA no analizó la exclusión de Torres del 'forensic' de Villarejo

El consejo de administración de BBVA ha tenido información parcial del caso Villarejo. Así se desprende de las declaraciones de este viernes de su secretario, Domingo Armengol, que reveló que el máximo órgano de gobierno de la entidad no analizó un tema clave como era si se debía investigar a su presidente, Carlos Torres, según fuentes legales consultadas por El Confidencial. Desde la entidad no hicieron comentarios.

Torres figuró a comienzos de 2019 entre los custodios que potencialmente tenían que ser investigados, por cargos en el pasado de supervisión de los directivos que lideraron la contratación de Cenyt, la empresa de Villarejo. Así, en una nota elaborada por la directora de Legal, María Jesús Arribas, con una prelista de investigados salían Torres junto a su asesor, Juan Asúa, y su entonces número dos, Ricardo Forcano. Ninguno de los tres fue finalmente analizado por el forensic de PwC.

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Según ha revelado Armengol, este posible conflicto de interés no fue discutido por el consejo, en contra de lo que fijan los mejores estándares de gobierno corporativo. De hecho, este es uno de los puntos pendientes de los bancos, según un reciente estudio del Comité de Basilea, que preside el español Pablo Hernández de Cos: "El deber de lealtad debería evitar que consejeros individuales actúen en su propio interés, o en el interés de otro consejero o grupo, a cargo de la compañía y los accionistas".

Armengol hizo esta afirmación a preguntas de Jesús Santos, abogado del expresidente de BBVA, Francisco González (FG). También le explicó que el consejo ha estado recurrentemente informado de la evolución del caso a través de Arribas y de los abogados externos, de Garrigues y Uría Menéndez. Pero no tanto del contenido del caso y del sumario, como de la evolución y perspectivas del procedimiento.

Buena gobernanza

Fuentes bancarias consultadas por este medio creen que el consejo debería estar más involucrado, incluso a través de una comisión ad hoc que siga de cerca el caso y pueda ordenar investigaciones, ya que los propios consejeros se juegan su prestigio y posibles pleitos en la causa.

La situación de la propia Arribas también genera un posible conflicto de interés al banco. La directora de Legal se negó a declarar este viernes ante el juez, fiscales y resto de partes, alegando el deber de secreto con la entidad, de la que sería "abogada interna". Llevó incluso una consulta hecha al Colegio de Abogados que respalda esta idea.

Sin embargo, el fiscal puso sobre la mesa pruebas de que Arribas tuvo información sobre Cenyt antes de que estallara el caso y se iniciara la investigación, entre 2014 y 2017. Hechos que contrastan con la posición de la entidad y lo que ha defendido hasta ahora: que la primera noticia que tuvo Arribas del caso fue en 2018, y que por ello era la persona más idónea para conducir la investigación interna.

Otro de los hechos que también recuerda el último escrito del fiscal, es por qué el banco impidió que el consejero delegado, Onur Genç, entrara en el comité que estaba siguiendo el caso Cenyt. En su lugar se mantuvo Torres, alegando "el grado de conocimiento previo que posee de los asuntos más relevantes actualmente en curso y en concreto el denominado proyecto Teca", la investigación de Villarejo.