Socios del Barça avisan de que el crédito para el Camp Nou altera el modelo de propiedad

Un grupo de socios del FC Barcelona, que preside Joan Laporta, ha remitido un burofax a la comisión económica del club blaugrana para expresar su preocupación de que la nueva financiación de 1.450 millones para financiar la reforma del Nou Camp, vehiculada a través de un fondo de titulización denominado Espai Barça FT, altere el modelo de propiedad de la entidad deportiva al establecer un derecho real de prenda "que traslada la soberanía del club a favor del fondo y en detrimento de los socios", según esta comunicación a la que ha accedido El Confidencial.

Valorando la nueva financiación en su conjunto, los socios advierten a la comisión económica de que "entre esta situación y la pérdida de la propiedad del club hay una línea muy fina muy fácil de traspasar". Dicho de otro modo, deja la entidad a un paso de convertirse en sociedad anónima deportiva.

El 70% de la deuda está colocado a un tipo de interés de más del 7%, en lugar del 5,5% que justificó en su día la entidad deportiva

Estos socios, entre los que se encuentra el antiguo asesor del Espai Barça Jaume Llopis, habían pedido a la comisión económica del club que les entregase el informe que había hecho sobre la nueva financiación de 1.450 millones. La comisión económica, que encabeza el exdecano del Colegio de Economistas de Cataluña Joan B. Casas, se negó a facilitar esa documentación, alegando que, como órgano consultivo del club, sus informes solo se han de explicar —no entregar— a la asamblea. El director del área legal del club, Pere Lluís Mellado, incluso ha calificado de "improcedente" que estos socios se dirijan a la comisión económica, según fuentes de la entidad deportiva.

Tras la negativa, esta minoría de socios, entre los que se encuentran representantes de colectivos como Seguiment FC o Un Crit Valent, piden a la comisión económica "un nuevo informe y recomendación para el presidente y la junta directiva del club, del cual nos den una copia". Razonan su demanda tras haber tenido acceso a la escritura de modificación del fondo de titulización Espai Barça FT, información pública depositada en la CNMV y donde se muestra, como adelantó El Confidencial, que las condiciones financieras de las emisiones de bonos y el resto de la financiación eran a un precio mucho más alto del que explicaron Joan Laporta y su junta. En concreto, el 70% de la deuda está colocado a un tipo de interés de más del 7%, en lugar del 5,5% que justificó en su día la entidad deportiva. Esta escritura contradice, a juicio de estos socios, los postulados que mantiene la comisión económica en su respuesta.

Tras examinar la documentación, 534 folios, los socios díscolos concluyen que los 1.450 millones se destinarán a tres cosas: las obras del estadio, reembolsar una línea de crédito de 375 millones y solo a determinados costes previos del nuevo Palau Blaugrana, en contra de lo que en su día se prometió a los socios en asamblea. El nuevo Palau Blaugrana iba a absorber 420 millones de la operación, que ahora se han dedicado, en parte, a las garantías adicionales para cubrir posibles sobrecostes en las obras del Camp Nou, encargadas a la constructora turca Limak. Este giro en el objeto final de los fondos es uno de los puntos que más han contrariado a los socios que se oponen a asumir este endeudamiento.

Pérdida de control

Pero uno de los puntos que más destacan los contrarios al acuerdo es cómo los nuevos acreedores —una veintena de inversores cuya identidad tampoco se ha desvelado— han tomado el control que antes correspondía a los socios. A su juicio, "los covenants ponen en peligro el modelo actual de propiedad del club", ya que los acreedores se aseguran derechos de crédito y también de posibles pólizas de seguros que contratase la entidad blaugrana en un futuro.

Si caen los ingresos, los acreedores pueden nombrar a un consultor externo al club

Destacan, por ejemplo, que en caso de que los ingresos no sean los esperados, el fondo se asegura "un poder irrevocable" para asegurarse las garantías, incluyendo el nombramiento de un "consultor externo al club con plenas facultades para las actuaciones de comercialización".

Presión a la comisión económica

Los socios opositores optan por presionar a la comisión económica, a la cual advierten hasta en dos ocasiones de que será "corresponsable de las decisiones que el presidente del club y su junta directiva puedan tomar y de los eventuales daños y perjuicios que se puedan derivar".

La comisión económica aseguró en su respuesta a estos socios que había dado su visto bueno a la operación de financiación tras analizar la documentación íntegra de la nueva deuda, sin límite de acceso. Por tanto, era conocedora ya de todo lo que denuncian los críticos y le parecía correcto para el futuro del club y en línea con lo que votó la asamblea en 2021.

Además de Joan B. Casas, la comisión económica del FC Barcelona la integran Júlia Bosch, investigadora del Centro de Estudios Sports Labs de la UPF; Carme Hortalà, directora de GVC Gaesco; Jaume Carrasco, secretario del consejo de la empresa industrial Ergransa, y Francesc Martí Palomares, responsable de regulación y riesgo financiero de CaixaBank.