Los bonistas que financian el nuevo Camp Nou se blindan ante el "caso Negreira"

Los veinte inversores finales de la deuda de l’Espai Barça, los 1.450 millones para la reforma del estadio y el entorno del Camp Nou, han exigido un blindaje por si el caso Negreira perjudica significativamente al Fútbol Club Barcelona y acaba suponiendo una pérdida de categoría en La Liga o se traduce en una condena penal en firme de la Justicia.

Los bonistas y prestamistas han incluido varias cláusulas para que una evolución negativa de este frente judicial del Barça equivalga a una "situación de incumplimiento" de contrato, cuyas consecuencias complicarían las finanzas del proyecto. Y, además, han obligado al club a informar regularmente de la marcha de la causa, tal y como se recoge en la escritura de constitución de la sociedad Espai Barça FT, a la que ha accedido El Confidencial.

La CNMV inscribió ayer formalmente esa documentación en el registro público. En ella se detallan las características y condiciones que han pactado el FC Barcelona y los inversores institucionales definitivos. Goldman Sachs, JP Morgan y MUFG se erigieron inicialmente en los prestamistas originarios del vehículo, que será gestionado por la sociedad española Intermoney.

Espai Barça FT ha emitido títulos de deuda respaldados por los ingresos futuros del FC Barcelona. En los documentos de constitución de la sociedad aparecen toda una serie de salvaguardas ligadas a lo que se denomina "la situación arbitral". Esta se define posteriormente como "las investigaciones en curso [...], relativas a la realización de pagos por parte del Vendedor [El Barça] a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) entre 2000 y 2018 a cambio de servicios de consultoría técnica o cualquier circunstancia relacionada o revelada como resultada de dichas investigaciones".

Aunque el club ha intentado minimizar las consecuencias de este asunto, las cuestiones relativas a la evolución del "caso Negreira" están consideradas entre los factores que podrían dar pie a los prestamistas a invocar una "Situación de Incumplimiento" (pág. 243) o, en su caso, una "Situación de Aumento de los Ingresos" (pág. 48). Para activar estos mecanismos, el documento detalla que el club presidido por Joan Laporta debe recibir "una condena penal por la Situación Arbitral en virtud de una sentencia firme" o ser "relegado de la primera división de La Liga como resultado de la Situación Arbitral".

Las situaciones de incumplimiento pueden conllevar el reembolso anticipado de importes prestados por los acreedores, mientras que la situación de aumento de ingresos impondría un corsé a la operativa de las cuentas del club y obligaría a ir recomprando los derechos sobre los ingresos futuros que ya habría vendido anteriormente. Lo primero, una devolución anticipada del dinero a los bonistas y prestamistas, dinamitaría de facto la financiación del Espai Barça. Lo segundo, la complicaría significativamente.

Supuestos de 'Situación Arbitral'

Pero además, en los anexos se detallan los supuestos de esta "Situación Arbitral". Estos se producirían si acaecen y persisten cuatro situaciones. La primera ya se ha producido: "La Fiscalía presenta una querella formal contra el Vendedor (el FC Barcelona) por corrupción en el deporte u otros delitos como resultado de la Situación Arbitral", apunta el documento. Y, efectivamente, el pasado 10 de marzo la Fiscalía ya presentó una querella contra el Barça por este caso.

El segundo supuesto está a punto de dilucidarse. Se trata del punto b): "La UEFA emite una resolución apartando al Vendedor —el FC Barcelona— de las competiciones de la UEFA como resultado de la Situación Arbitral". Se espera que a principios de junio el organismo tome una decisión al respecto. Aunque Laporta se reunió con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, para que el Barça no sea expulsado de la Champions League a causa del caso Negreira, se desconoce el sentido final de la decisión oficial.

El tercer supuesto es que el club y la UEFA alcancen "un acuerdo en relación con las acusaciones de corrupción de la situación arbitral" y el cuarto, que La Liga o la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitan "una resolución de descenso del Vendedor [el FC Barcelona] como resultado de las acusaciones de corrupción de la Situación Arbitral".

El Confidencial ha preguntado al FC Barcelona si los inversores habían pedido alguna garantía añadida por el "caso Negreira". No ha habido respuesta, pero el 27 de abril, Joan Laporta y su junta dieron una rueda de prensa de hora y media para explicar el pacto de l'Espai Barça. Allí el vicepresidente económico, Eduard Romeu, aseguró que no había "ningún tipo de letra pequeña". Aunque Romeu reconoció que los inversores habían introducido "salvaguardas", evitó concretarlas o dejar entrever el nivel de profundidad que estas han alcanzado en la práctica y que hoy desvela este medio.

La junta de Laporta se compromete a informar cada tres meses a los acreedores

Situaciones de incumplimiento

El contrato da derecho a los prestamistas a invocar "situaciones de incumplimiento" ligadas explícitamente al caso Negreira. Incurrir en estas situaciones puede tener consecuencias financieras graves para el club en general y el proyecto de construcción del Espai Barça en particular.

Por ejemplo, un punto del contrato, el 17, detalla las condiciones de una línea de crédito por valor de 375 millones de euros, de la que el Fondo, y en última instancia el Barça, debería empezar a tirar a partir del 31 de mayo. Pero si se produce "un supuesto de incumplimiento que persista en virtud del Contrato de Línea", los inversores podrán pedir que se declare "que la totalidad o parte de los Préstamos, junto con los intereses devengados, y todas las demás cantidades devengadas o pendientes de pago [...] sean inmediatamente vencidos y exigibles". Y también que "la totalidad o parte de los Préstamos, sean pagaderos a la vista".

Los bonos, valorados en torno a 1.000 millones de euros, también cuentan con cláusulas de devolución acelerada en caso de que se active alguna de las "situaciones de incumplimiento".

Por otra parte, si los inversores optaran por invocar la "Situación de Aumento de los Ingresos", el FC Barcelona vería intervenidas de facto varias de sus cuentas bancarias y estaría obligado a recomprar los derechos sobre los ingresos que está vendiendo para financiar el Espai Barça.

"Cuando tenga lugar un Supuesto de Aumento de Ingresos, el Club, cada día hábil, destinará todas las cantidades que obren en el haber de la Cuenta de Cobro de Ingresos Garantizados y la Cuenta de Retención (fondos no procedentes de AR) a la recompra de los ingresos cedidos", se puede leer en el documento.

Batería de contingencias

El "caso Negreira" sólo es una contingencia más de las que intentan prever los nuevos acreedores del FC Barcelona, lo cual no quiere decir que vayan a ocurrir. Entre ellos se cuenta el impago a la sociedad de titulización de los abonos previstos, unos 94 millones de euros anuales entre principal e intereses; el impago a otros proveedores, retrasos en las obras del nuevo estadio, que se dejen de jugar los partidos locales en el Camp Nou, que se incumpla el fair play financiero que marca La Liga o que se embarguen activos o bienes del club por parte de un tercero, entre otros supuestos.

Incluso los acreedores se reservan el derecho de nombrar un consultor que formulará "recomendaciones vinculantes" (página 104), en caso de que no se llegue a la cantidad de los ingresos requeridos por el proyecto financiero para el nuevo Estadio. El club blaugrana se comprometió a generar 247 millones adicionales a los previstos al año que provendrían el nuevo estadio, en especial por los palcos que se destinarían a las empresas.