Teka contrata a su auditor EY para hacer la revisión independiente de su solvencia

Teka se ha puesto en manos de Ernst & Young (EY) para encontrar una solución a su complicada situación financiera. Y lo ha hecho por partida doble, como auditor de sus cuentas y como consultora para diseñar un nuevo plan de negocio. Un papel que ha molestado a sus acreedores, entre los que destacan Santander y BBVA, que advierten de un potencial conflicto de interés por parte de la firma presidida en España por Federico Linares. EY niega cualquier ilegalidad.

Según han confirmado fuentes próximas a Teka, la compañía dirigida por Arturo Baldasano contrató en febrero los servicios EY para que llevase a cabo lo que se conoce como Independent Business Review. Una revisión del plan de negocio del grupo industrial que posteriormente presentó a los bancos acreedores para convencerles, gracias a las nuevas previsiones incluidas en ese informe, de refinanciar varios préstamos por cerca de 150 millones de euros con vencimiento a corto plazo. La nueva hoja de ruta promete casi duplicar el beneficio bruto de explotación o Ebitda, que pasaría de 36 a 68 millones.

Pero Santander y BBVA han recibido dicho plan estratégico 2023-2026 con mucha tibieza, según fuentes cercanas a los acreedores. Especialmente porque EY, que a la vez ejerce como auditor de Teka, fue la que advirtió en el informe anual de 2021 de los problemas de la compañía para seguir en pie. "Estas circunstancias son indicativas de la existencia de incertidumbres materiales que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar como empresa en funcionamiento", explicó la firma.

EY se refería a la evolución de "la unidad de negocio Thielmann", dedicada a la fabricación de barriles de cerveza, "de la dependencia de recibir dispensas en relación a los incumplimientos esperados de los ratios financieros establecidos en el préstamo sindicado de Teka Industrial en los próximos 12 meses, de la dependencia de la extensión del plazo de amortización del tramo A del mencionado préstamo sindicado que vence en marzo de 2023 y de la continuidad: de las renovaciones de los préstamos locales por parte de las sociedades dependientes".

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Desde EY se defiende que este doble papel de auditor y de consultor es "totalmente legal". Además, insiste en que no existe ningún conflicto de interés porque el equipo que escudriña el balance y la cuenta de resultados para certificar la veracidad de los números y el que ha hecho el Independent Business Review para exponer la solvencia del grupo son completamente distintos y no intercambian información alguna. Es decir, que mantiene lo que se conoce como murallas chinas para garantizar la profesionalidad y objetividad de ambas prestaciones.

Para resaltar su comportamiento, desde EY aseguran que otros competidores, como PwC y KPMG, han hecho ambas labores para empresas como Duro Felguera o Eroski, si bien estos casos se produjeron antes de que los trabajos de las conocidas como Big Four hayan sido puestos en cuarentena por las autoridades europeas y estadounidenses. Especialmente por las quiebras de Wirecard, que se tradujo en una sanción que impide a EY trabajar en Alemania con ninguna empresa cotizadas durante dos años, o de Carilion, la insolvente constructora inglesa, que le costó a KPMG una multa de unos 18 millones de libras. En 2020, Deloitte pagó 15 millones por la caída de la empresa de software Autonomy.

En 2020, Deloitte pagó 15 millones por la caída de la empresa de software Autonomy

Segregación fallida

El pasado mes de abril, EY abortó el anunciado plan para separar sus dos grandes negocios, el de auditoría y el de consultoría, mediante la segregación de ambas divisiones y la salida a bolsa de la segunda. Una medida con la que quería oficializar, mediante la creación de dos sociedades distintas, los principios con los que ya trabaja, así como eliminar las extendidas sospechas sobre las interferencias o potenciales conflictos de interés en sendas líneas de ingresos.

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Hace ahora un año, EY fue multada con 100 millones de dólares (94,4 millones de euros) por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) al haber hecho trampas durante varios años en los exámenes oficiales de certificación que deben pasar sus contables, según informó en un comunicado. La compañía admitió los hechos, así como que, durante la fase de investigación, aseguró a la SEC que no tenía constancia de los engaños, pese a que sí había sido informada de las posibles trampas durante los exámenes.

"Es simplemente intolerable que los mismos profesionales responsables de localizar trampas por sus clientes hicieran trampas en los exámenes de ética, nada más y nada menos", dijo el director de la división de Cumplimiento Normativo de la SEC, Gurbir Grewal.