La Justicia europea cierra la puerta a los papeles del BCE sobre Banco Popular

La Justicia europea cierra uno de los últimos frentes legales abiertos por Banco Popular. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido por segunda vez denegar el acceso a la documentación del Banco Central Europeo (BCE) sobre la crisis de liquidez que vivió la que fue quinta entidad financiera de España, resuelta a mediados de 2017.

El TJUE ha rechazado un recurso presentado por Aeris Invest, la sociedad de la familia Luksic, cuyo resultado se ha conocido este jueves. Los representantes del inversor chileno querían saber cómo fue exactamente la crisis de liquidez de Banco Popular, si la liquidez de emergencia (ELA) era suficiente para haberla superado y por qué no se entregó de forma íntegra. Así, la entidad obtuvo 3.600 millones de los 9.500 millones a priori disponibles.

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Jorge Zuloaga

Entre los detalles exigidos al BCE, estaban los referentes al ELA, la evaluación que hizo el BCE sobre que Popular estaba cerca del colapso, la documentación del Banco de España sobre el saldo diario de depósitos del banco entonces presidido por Emilio Saracho y los ficheros enviados por la entidad al BCE y al supervisor español entre el 1 y el 6 de junio de 2017.

Fuentes próximas a Aeris Invest señalan que la sentencia del TJUE es "una noticia muy negativa para todos los afectados que siguen buscando pruebas para esclarecer qué pasó en la resolución de Banco Popular". Aun así, matizan que "el impacto es muy relativo porque la documentación ya no se podía usar en otros recursos" ante los tribunales europeos.

Próximos pasos

Hasta ahora, los tribunales europeos habían rechazado el acceso a esta documentación porque los derechos de confidencialidad prevalecen sobre los de defensa de los inversores.

El recurso de Aeris Invest se presentó tras la decisión del tribunal de octubre de 2021. Esta decisión abre la puerta a otra de las reclamaciones que habían hecho grandes inversores que perdieron dinero en la resolución de Popular. En concreto, los jueces tendrán que decidir si se da acceso al texto completo de la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR).

Junto a ello, el TJUE todavía tiene que resolver los recursos sobre la decisión que tomó en junio de 2022, dando por bueno que la resolución se ajustó a derecho.