Los peritos abocan el caso Banco Popular a un juicio por irregularidades contables

La investigación de la caída de Banco Popular toca a su fin tras la última declaración clave de los peritos judiciales. Estos, dos inspectores del Banco de España, declararon durante horas este miércoles dando una de cal y muchas de arena a los antiguos gestores de la entidad imputados. Con ello, la instrucción de esta causa llega prácticamente a su fin, con muchas opciones de acabar en juicio oral por estafa y falsedad contable.

Las buenas noticias para los exconsejeros y exdirectivos del Popular es que los dos inspectores, Pablo Hernández y Santiago Ruiz-Clavijo, reconocieron que era muy difícil que los impactos de la inspección del Banco Central Europeo (BCE) de 2016, que detectó un agujero de 1.514 millones, hubieran provocado una reformulación de las cuentas de 2015, ya que hubiesen "desestabilizado el sistema financiero". De haber sido así, Popular tendría que haber dado pérdidas de forma retroactiva, coincidiendo con la ampliación de junio de 2016, de 2.500 millones, lo que hubiera sido un desastre.

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Aun así, para los peritos una cosa es lo que se hizo y otra lo que debería haberse hecho. En esta línea, refrendan el informe que presentaron el pasado mes de junio, en el que señalaron que Popular "hubiera tenido en 2015 un resultado negativo antes de impuestos de 1.715 millones de euros, lo que estimamos implicaría pérdidas de 1.194 millones, en lugar de beneficios de 106 millones, si, en ese momento, se hubiesen dotado 1.762 millones en provisiones adicionales". Estas conclusiones llegaron tras una petición expresa del juez de que se hiciera el cálculo. Para los peritos, estas pérdidas tendrían que haberse aflorado en 2015 o incluso en 2014.

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"Popular hizo esos ajustes en 2016, pero se tendría que haber hecho en 2015. No ha influido el requerimiento del el juzgado. En puridad es el déficit que el banco tenía en ese momento. Y es más, procedía de 2014, se tendría que haber aplicado entonces", señalaron los inspectores, según fuentes presentes en el interrogatorio.

Thesan, en el foco

Otras malas noticias para los gestores del Popular imputados llegaron por el lado de Thesan Capital. Los peritos dejaron claro que la entidad tapó un agujero de 500 millones al clasificar como créditos sanos los ligados al entramado de Thesan, una sociedad que permitió al banco refinanciar clientes con problemas a través de empresas luxemburguesas.

"Las operaciones con las sociedades donde Thesan toma la participación debieran figurar clasificadas como dudosas desde 2012, cuando Banco Popular las clasificaba como normales. Esto llevaría a un déficit de provisiones que estimamos en, al menos, 521 millones de euros", expusieron los peritos en un informe de finales de 2021. Los inspectores ratificaron estas conclusiones este miércoles y señalaron que este agujero tapado supuso "un perjuicio para los accionistas", al no estar bien informados de la morosidad. "Las cuentas que se presentan a los inversores en 2016, precisamente, porque no tienen el saldo de mora correctamente informado, no permiten hacer un análisis correcto de la ampliación", expusieron.

Según las fuentes consultadas, durante los interrogatorios los peritos se refirieron a la labor de PwC, auditor de Popular en este caso, al haber revisado en el pasado las cuentas de alguna de las sociedades refinanciadas por Thesan. Las mismas fuentes sostienen que fue mucho antes de que entrara en vigor esta operativa. De hecho, en el sumario hay correos de directivos del Popular que exponen que se les ocultó información.

Junto a Thesan, estos peritos también han hecho otros informes en el pasado sobre las tasaciones, encontrando "multitud de deficiencias", y sobre la financiación de acciones en la ampliación de 2016.

Tras las declaraciones de Hernández y Ruiz-Clavijo, el caso pasa a estar pendiente de la ratificación de los informes periciales del expresidente Ángel Ron, que realizaron dos exinspectores del Banco de España: Rubén Manso y José Antonio Iturriaga. Después será cuando el juez decida si enviar la causa a juicio oral, algo que se da por hecho en el juzgado.