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Luksic pide que vuelvan a imputar a Santander por la caída del Popular
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Luksic pide que vuelvan a imputar a Santander por la caída del Popular

El empresario chileno cree que las pruebas del caso justifican que el banco español vuelva a ser investigado en la causa, a pesar de que la Audiencia ordenó lo contrario en 2019

Foto: Andrónico Luksic.
Andrónico Luksic.
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El empresario chileno Androniko Luksic vuelve a la carga contra Banco Santander. Este inversor, que perdió 113 millones en la resolución de Banco Popular, ha vuelto a pedir la imputación del banco presidido por Ana Botín en el caso que se sigue en la Audiencia Nacional. Santander ya estuvo imputado entre 2017 y 2019 como heredero societario de Banco Popular, aunque el tribunal decidió hace cuatro años que el comprador de una entidad en resolución no tenía que heredar los presuntos delitos cometidos por sus predecesores. Santander señala que recurrirá la solicitud.

Luksic —a través de la sociedad Aeris Invest— se aferra a que el auto del 30 de abril de 2019 dejó una rendija abierta a una posible revisión futura de la condición legal del Santander: "Dejamos sin efecto dicho llamamiento en calidad de investigado, en este momento procesal, sin perjuicio de lo que más adelante y consecuencia del resultado de las diligencias de investigación practicadas pudiera resultar, manteniéndose su legitimación en calidad de responsable civil".

Foto: Ana Botín, presidenta de Santander. (EFE/Zipi)

Gracias a esta línea, el abogado de Luksic, Marc Molins, cree que Santander debe ser responsable penal por su presunto "incumplimiento del deber de detección (...), de la calculada imprevisión, de la indiferencia o de la tolerancia del riesgo penal, en el que pudiera haber incurrido (...) en el momento de proceder a la absorción del Banco Popular". Es decir, por no haber detectado y denunciado la presunta estafa que se investiga en la Audiencia al comprar la entidad entonces presidida por Emilio Saracho.

"Se han acumulado en la causa múltiples indicios sugestivos de que el proceso de adquisición por fusión que lideró el Banco Santander discurrió en un escenario de tolerancia y de evidente indiferencia hacia los múltiples indicios de las irregularidades contables y de gestión jurídico-penalmente relevantes que acuciaban al Banco Popular", insiste el escrito de Molins.

placeholder La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La presidenta del Banco Santander, Ana Botín. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El representante de Luksic se apoya para ello en declaraciones de directivos de otras entidades que analizaron la compra, como Bankia, Sabadell y BBVA, que reconocieron que la posible adquisición hubiera dado lugar a provisiones de miles de millones por contingencias legales.

Junto a la imputación de Santander, el empresario chileno también pide a la Audiencia que se inste al banco cántabro a dar detalles sobre las provisiones legales que constituyó con la compra del Popular y las personas y firmas que lo ayudaron en este análisis.

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Batalla de años

Esta petición abre un nuevo capítulo en una guerra que Luksic, como otros inversores como Pimco, tiene frente a Santander por las pérdidas del Popular. El chileno ya perdió contra el banco español cuando lo desimputaron en 2019. Entonces, la Audiencia dejó claro que "no se pueden trasladar sin más a aquella los posibles defectos de organización de la entidad absorbida ni la existencia de una cultura de incumplimiento de la norma susceptibles de reproche penal, porque, de ser así, sí se estaría produciendo una vulneración del principio de personalidad de las penas y del de culpabilidad, ya que se haría responder a aquel por hechos ajenos en los que ninguna intervención dolosa ni culposa hubiera tenido".

A esto, Luksic sumó un nuevo revés en 2022, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fijó que Santander no debe responder de las demandas de Banco Popular en la vía civil. De ahí que el chileno y muchos otros inversores hayan decidido volver a enfocarse en la vía penal.

Foto: Ana Botín, presidenta de Santander, en la Audiencia Nacional. (EFE)

La única satisfacción reciente que han tenido las acusaciones del caso frente a Santander fue hace algunos meses, cuando la Audiencia rechazó un recurso del banco español para que excluyera su responsabilidad civil en la causa. De esta forma, a la espera de lo que diga el tribunal, Santander tendrá que asumir parte del coste de una posible sentencia penal, pero sin responsabilidad penal.

Estas novedades llegan tras el escrito presentado hace algunos días por Ángel Ron, expresidente de Banco Popular, con una ampliación de su informe pericial, elaborado por el exinspector del Banco de España y expresidente de Banco de Valencia, José Antonio Iturriaga. El mismo defiende las cuentas de la entidad en 2015 y 2016 y trata de justificar que los deterioros encontrados por las posteriores inspecciones del BCE no se pueden aplicar retroactivamente.

El empresario chileno Androniko Luksic vuelve a la carga contra Banco Santander. Este inversor, que perdió 113 millones en la resolución de Banco Popular, ha vuelto a pedir la imputación del banco presidido por Ana Botín en el caso que se sigue en la Audiencia Nacional. Santander ya estuvo imputado entre 2017 y 2019 como heredero societario de Banco Popular, aunque el tribunal decidió hace cuatro años que el comprador de una entidad en resolución no tenía que heredar los presuntos delitos cometidos por sus predecesores. Santander señala que recurrirá la solicitud.

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