Santander reconoce ante Luksic que tiene 16.000 demandas por Popular

Santander está todavía lejos de resolver la maraña judicial de Banco Popular. La entidad presidida por Ana Botín reconoció este jueves en un tribunal europeo que tiene abiertos 16.000 pleitos por la entidad que se quedó en resolución en junio de 2017. Esta es una de las primeras cifras que desvela el banco español sobre este frente judicial, del que solo suele ofrecer datos generales en sus informes anuales.

Estos números surgieron en la vista que se celebró en Luxemburgo entre el grupo chileno Luksic, que perdió 113 millones en Popular, y el Banco Central Europeo (BCE). El grupo latinoamericano abrió esta causa ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para obtener acceso a determinada información de la resolución de 2017.

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Durante el transcurso de la vista, el abogado de Santander, Juan Rodríguez Cárcamo, de Pérez-Llorca, se posicionó del lado del BCE para que no se tengan que hacer públicos determinados datos, según fuentes conocedoras consultadas por este medio. Alegó que dichos documentos del supervisor europeo pueden perjudicar al banco en los 16.000 litigios que tiene abiertos en España.

Estos pleitos son principalmente de clientes que acudieron a la ampliación de capital de 2016, aunque también hay de accionistas que compraron títulos de Popular en el mercado secundario y en la ampliación de 2012.

Cuando Popular se fue a resolución, contaba con unos 300.000 inversores. De estos, Santander ofreció una compensación a unos 115.000 accionistas minoritarios que cumplían una serie de condiciones. De los 980 millones que puso sobre la mesa el banco, aceptaron su propuesta los dueños de 535 millones. Buena parte del resto serían los que están ahora demandando.

En sus cuentas, la entidad presidida por Botín señala que "las provisiones registradas se estiman suficientes para cubrir los riesgos asociados a las reclamaciones judiciales que están sustanciándose a día de hoy. No obstante, en el supuesto de que hubiera que abonar cantidades adicionales por reclamaciones ya planteadas con interés económico no determinado o por nuevas reclamaciones, podría producirse un efecto adverso significativo en los resultados y en la situación financiera de Grupo Santander".

Discusión con el BCE

Al margen de este dato, la vista del TJUE de este jueves se centró en si debe o no el BCE hacer públicos algunos documentos clave sobre la resolución de Banco Popular, que giran sobre la gestión de la liquidez de la entidad entre abril y junio de 2017. La institución europea alegó que hacerlos públicos vulneraría sus códigos internos, al ser un asunto que se trató en su consejo de gobierno, y podría generar desconfianza a las entidades que supervisa, que confían en que determinados aspectos nunca serán públicos.

Los magistrados hicieron preguntas durante tres horas y, según las fuentes consultadas, mostraron dudas sobre si el BCE podría estar interpretando de una manera demasiado estricta las normas de confidencialidad, causando un posible perjuicio a los inversores que perdieron su dinero en Popular. Por su parte, Santander alegó que inclinar el balance del lado de los antiguos accionistas del Popular podría dañar a sus actuales accionistas, por el coste de las 16.000 demandas.

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Esta vista es la segunda que afronta sobre esta cuestión el tribunal presidido por Anthony Collins, y es consecuencia de la negativa de la Audiencia a que se usen en Europa documentos del sumario penal del caso Popular. El TJUE trató algunas semanas un tema similar liderado por la OCU. Ahora se espera que tome una decisión al respecto en los próximos meses, antes de afrontar los juicios clave en que se decidirá si los grandes inversores de Popular fueron perjudicados por la primera resolución europea.

Hay varios inversores en esta causa. Además de Luksic, están el mexicano Antonio del Valle, que perdió junto a otros inversores del país 470 millones, los fondos Anchorage y Ronit, socios de Pimco, y otros accionistas de la entidad.