La Audiencia bloquea la ofensiva legal de Santander contra Pimco y Luksic

Revés en la Audiencia Nacional para Banco Santander. El juez José Luis Calama ha desestimado un recurso de la entidad presidida por Ana Botín en el que pedía información interna de dos de las principales acusaciones del caso Banco Popular: el fondo Pimco y el inversor chileno Luksic, según un auto al que ha tenido acceso este medio. Este recurso fue apoyado por el expresidente del banco Ángel Ron y otros exdirectivos.

Santander había pedido que estos dos grandes inversores, que perdieron cientos de millones en Popular, aportaran una batería de pruebas con el objetivo de acreditar que invirtieron a corto —posiciones bajistas— en la entidad, siendo parte del problema que llevó a la entidad a resolución en junio de 2017.

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J. Zuloaga

"Si hubiesen previsto este riesgo —los fondos— y optado por realizar la citada apuesta [bajista], esta decisión sería la que determinó la pérdida de su inversión, no la actuación de Banco Popular. Esto es, en términos de imputación objetiva, el resultado lesivo sufrido por estos inversores institucionales no sería objetivamente imputable a ninguna actuación de Banco Popular [...]. Nos estamos refiriendo, en definitiva, a una actuación sumamente arriesgada de unos inversores profesionales y sofisticados, que nada tendría que ver con las cuentas de Banco Popular", expuso la defensa de Santander, liderada por Uría Menéndez, en su recurso.

En concreto, Santander pedía que Luksic, a través de su sociedad Aeris Invest, aportara "informes o notas con el análisis de las inversiones en bonos o en acciones de Banco Popular y de las ventas de 'credit default swaps' (CDS) sobre bonos de Banco Popular". Estos CDS son coberturas contra pérdidas en el mercado de renta fija.

La entidad española también pedía las "comunicaciones intercambiadas entre empleados o representantes del grupo empresarial controlado por la familia Luksic y empleados o representantes del grupo empresarial controlado por D. Antonio del Valle". Esta petición buscaba descubrir nexos entre Luksic y el mexicano Del Valle, que era accionista y consejero de Popular, y que abrió la puerta del banco al chileno. De este modo, Santander quiere que el juzgado considere que las pérdidas de 113 millones de Luksic no se debieron a las cuentas del banco, sino a un pacto previo entre inversores latinoamericanos.

En el caso de Pimco, Santander solicitaba "los posibles correos electrónicos intercambiados con empleados o representantes del grupo Allianz". Así, el fondo, que perdió una gran suma de bonos de Popular, es filial de Allianz, quien a su vez era accionista significativo y consejero del banco.

El juez Calama considera que estas peticiones llegan tarde —tras cuatro años de instrucción— y "suponen una desviación de los fines de la instrucción". Así, el magistrado cree que Pimco y Luksic actuaron "en el mercado financiero de forma legítima" con inversiones "legales y con un riesgo, en ocasiones, ciertamente relevante". "La afirmación del recurrente de que estos inversores tomaron decisiones de inversión con independencia del estado de las cuentas del Banco Popular carece, a nuestro juicio, de ninguna justificación y se constituye en una aseveración huérfana de fundamentación", añade.

Agujero contable

El magistrado va más allá y manda un serio recado a Santander —que ha pedido dejar de ser responsable civil subsidiario— y al resto de imputados del caso. Calama afirma que Pimco y Luskic, "como tantos otros [inversores], disponían de la información pública que se ofrecía al mercado. Con carácter provisional, podemos afirmar que esa información pública no reflejaba en absoluto la verdadera situación contable del balance del Banco Popular".

"A estos efectos, no podemos pasar por alto que las diligencias periciales y testificales ('ad exemplum', la del Sr. Jesús Usano, inspector del BCE) apuntan, con carácter interino, a que el Banco Popular tenía un déficit estructural de provisiones, no reflejado, por ejemplo, en sus cuentas del año 2015; déficit que se camuflaba tras una inadecuada calificación del riesgo de buena parte de la cartera crediticia". Una reciente ampliación del informe pericial del caso señala que el banco tendría que haber registrado pérdidas de 1.194 millones en 2015, frente al beneficio de 106 millones que anunció.