Santander reclama a la Audiencia que le libere de la herencia económica del Popular

Banco Santander quiere tapar la última posible gran fuga económica de Banco Popular. La entidad presidida por Ana Botín ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que reclama que "debe excluirse la responsabilidad civil de Banco Santander en este procedimiento". El banco se apoya para esta petición en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) del mes pasado, en la que le blindó ante demandas de accionistas.

Inicialmente, este fallo del tribunal luxemburgués va destinado a las decenas de miles de reclamaciones que Santander ha recibido en los tribunales civiles. El primer banco español quiere extender ahora su aplicación a la vía penal, donde permanece en el caso Banco Popular como responsable civil subsidiario.

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Nacho Alarcón. Bruselas Jorge Zuloaga

Cuando se abrió la investigación que lidera el juez José Luis Calama, Santander partió inicialmente como imputado indirectamente a través de Banco Popular. Tras la desaparición de esta sociedad, el banco presidido por Botín consiguió que la Sala de lo Penal le exonera de la imputación, aunque no de la responsabilidad civil. Lograrlo ahora sería cerrar el último gran posible foco de pérdidas.

"La sentencia del TJUE confirma que los remedios ejercitados frente a Banco Santander por anteriores titulares de instrumentos de capital afectados por la resolución de Banco Popular son incompatibles con el Derecho de la Unión que regula la resolución de entidades de crédito", expone el banco en su escrito.

Estabilidad del sistema

"El ordenamiento europeo atribuye a los accionistas y acreedores la asunción de las pérdidas correspondientes sin que subsista responsabilidad alguna, pues debe prevalecer la estabilidad del sistema financiero y la evitación de un riesgo sistémico, que constituyen objetivos de interés general superior perseguidos por la Unión", añade.

Por todo ello, la entidad alega que "las acciones de responsabilidad civil frente a Banco Santander que pudieran ejercitarse en este procedimiento, sin perjuicio de su falta de fundamento, privarían por completo de efecto útil al sistema europeo de resolución. Se transformaría ese sistema, basado en el paradigma del 'bail-in' o recapitalización interna, en otro completamente distinto, que desnaturalizaría su esencia, en el que las pérdidas de la entidad inviable las asumiría un tercero ajeno a la adopción del dispositivo de resolución".

Se prevé una batalla de recursos ante este movimiento de Santander, que era esperado tras la sentencia del TJUE. Todas las grandes acusaciones presentes en el caso intentarán contradecir al banco para mantener más opciones de recuperar su dinero en caso de que la Audiencia les de la razón en el proceso.

Hay grandes inversores como el chileno Luksic y los fondos Pimco y Algebris personados en la causa, reclamando cientos de millones de euros. Junto a ellos, se espera la llegada a la causa de miles de pequeños accionistas y bonistas que perdieron su dinero y que están abandonando la vía civil.

En caso de que Santander consiga su propósito y el caso finalmente derivara en una sentencia condenatoria por estafa en la ampliación de 2016, por 2.500 millones, tendrían que responder con sus bienes los acusados. Entre los imputados provisionales está todo el consejo de administración de la entidad, tanto de la época de Ángel Ron como de la de Emilio Saracho, exdirectivos y la auditora PwC.