Iberdrola mete prisa a EEUU para su gran 'deal' y Asenjo pide multar a Florentino por mala fe

Ignacio Sánchez Galán ha puesto toda la carne en el asador para despejar en las próximas semanas dos asuntos esenciales para Iberdrola. Por una parte, la adquisición de PNM Resources por 11.000 millones de dólares, vetada por Estados Unidos en diciembre de 2021. Una transacción que le permitiría presentarse a la junta de accionistas de su reelección como presidente con otra gran operación corporativa en su currículo. Por otra, el cierre definitivo del caso Villarejo, por el que quien fuera su jefe de Seguridad y hombre de confianza, Antonio Asenjo, ha pedido una sanción contra Florentino Pérez.

Pérez ha pedido la impugnación del recurso de apelación de Asenjo contra la decisión de la Audiencia Nacional de mantenerle como imputado, dictada el pasado 6 de febrero. Un auto en el que el magistrado asevera que el exdirectivo de la eléctrica, despedido con 1,6 millones de indemnización, participó activamente en la contratación de Villarejo y aceptó el pago de facturas falsas. Además, le advierte de que, al no haber prescrito las presuntas irregularidades, “solamente el delito de cohecho activo está castigado con pena de prisión superior a cinco años”.

* Si no ves correctamente este formulario, haz clic aquí.

Pero Manuel Ollé, abogado del ex responsable de Seguridad de Iberdrola, ha interpuesto un recurso de reposición contra esta maniobra de Florentino Pérez, enfrentado con Galán, al exponer que el presidente de ACS ya fue excluido de cualquier encargo a Villarejo que no le afectaba, al “carecer de legitimación”. Presuntamente, Iberdrola pagó facturas al comisario jubilado para investigar al ingeniero de Caminos, proyectos que se denominaron Gipsy y Posy. Pero el también presidente del Real Madrid se personó como parte interesada en relación con otros trabajos para la eléctrica del policía, que cobró del grupo vasco durante 13 años mientras estaba en activo en el cuerpo.

“La acusación particular desoye, de nuevo, el mandato judicial. Una vez más, se inmiscuye indebidamente en proyectos ajenos a su exclusiva incumbencia e impugna nuestro recurso sobre argumentos que exceden de su ámbito de legitimación procesal” explica Ollé. En el escrito, agrega que el “Sr. Pérez abiertamente asalta el procedimiento a su antojo y se inmiscuye en terrenos vetados para él. Se permite conjeturar sobre hechos, posibles indicios y posible tipicidad de tales proyectos”.

TE PUEDE INTERESAR

Iberdrola dispara las aportaciones a políticos en EEUU tras el veto a la compra de PNM

Juan Cruz Peña

Por todo ello, “dada la pertinaz desobediencia del Sr. Pérez de los mandatos imperativos de este juzgado y de la Sala de lo Penal, por los motivos expuestos, y en orden a conservar el orden del procedimiento, de conformidad con el artículo 247.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, debe incoarse pieza separada para, en su caso, imponer al Sr. Florentino Pérez la multa que corresponda al haber actuado conculcando las reglas de la buena fe procesal. El Sr. Pérez desoye y desobedece sistemáticamente los mandatos de la Sección Tercera, de la Sala de lo Penal, de la Audiencia Nacional y de este Juzgado Central instructor”.

La Audiencia Nacional, que ha extendido el periodo de investigación hasta finales de marzo, tiene previsto tomar una decisión el próximo día 17. Iberdrola ha presentado una demanda contra Florentino Pérez por daños morales y reputacionales por 73 millones de euros, mientras ha recurrido la sentencia que exoneraba a José Antonio del Olmo, el conocido como testigo clave, a devolver más de 600.000 euros, como le exigía la empresa por deslealtad.

Una semana decisiva

Un poco más tarde, pero antes del 12 de abril, Iberdrola ha pedido a los reguladores de Estados Unidos que se pronuncien sobre la adquisición de PNM Resources, operación que las autoridades estadounidenses vetaron en diciembre de 2021 por el impacto en el servicio público y la reputación de la eléctrica española. La compañía dirigida por Galán ha pedido que la Corte Suprema devuelva el caso a la Public Regulation Commission, cuyos miembros cambiaron en enero y ahora estarían a favor de aprobar una integración cuyo importe se ha encarecido hasta los 11.000 millones respecto al primer precio pactado, de 8.000 millones.

La compañía dirigida por Galán ha pedido que la Corte Suprema devuelva el caso a la Public Regulation Commission

Esta adquisición, la más importante para Iberdrola desde que en 2006 compró Scottish Power por 17.200 millones, es clave para el futuro del grupo vasco, puesto que la ha incluido ya dentro del plan estratégico 2022-2025. Un plan que consiste en unas inversiones de 47.000 millones, la mitad de las cuales irá destinada a Estados Unidos. Aunque la PRC habitualmente destina 15 días hábiles a escuchar a las partes interesadas u opositores a la transacción y otros 15 días para debatir el expediente, Avangrid ha pedido que se reduzcan los plazos de cada una de las fases a cinco días para que tomen una decisión en firme el 12 de abril como muy tarde.

Un calendario ajustado que se explica porque los consejos de la filial de Iberdrola y de PNM Ressources se dieron, tras la primera negativa, hasta el 20 de abril de 2023 para sellar la operación. Una semana más tarde, Galán (72 años) se somete a la reelección como presidente de la primera eléctrica española, por tres ejercicios más. Y quiere que el acto coincida con el anuncio de su nueva y última gran caza.