Galán adelanta la junta de Iberdrola para renovar mandato con otro bonus millonario

Ignacio Sánchez Galán vuela esta semana a Davos para asumir su rol de empresario líder en el sector de las energías renovables, especialmente cuando el cambio climático se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de los ejecutivos que intervendrán en la gran cita suiza. Pero su mirada está en el próximo mes de abril, cuando celebrará la junta general de accionistas en que someterá a votación su continuidad como presidente de Iberdrola hasta al menos 2026. El ingeniero propondrá además la aprobación de un nuevo plan de incentivos que rondará los 150 millones de euros.

Según fuentes próximas a la primera eléctrica española, Galán ha decidido que la próxima junta general de accionistas se celebre en Bilbao el 28 de abril. Dos meses antes de la fecha en que tuvieron lugar las de 2022 y 2021, cuando la imputación por el caso Villarejo llevó al consejo de administración a retrasar la cita anual con los inversores. Habitualmente, Iberdrola siempre reunía a sus inversores entre los meses de marzo y abril, pero debido a las investigaciones judiciales sobre los pagos al comisario jubilado, el órgano de gobierno del grupo pospuso las dos últimas juntas a finales de junio para ganar tiempo e intentar que la Audiencia Nacional diera carpetazo al asunto.

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Así fue justo el pasado 23 de junio, apenas cinco días después de que tuviese lugar el encuentro anual con los accionistas, cuando Manuel García Castellón consideró que habían prescrito todos los presuntos delitos que se imputaban tanto a Galán como a otros directivos y exejecutivos de la compañía energética. Con el camino despejado de cualquier riesgo jurídico, el salmantino, de 72 años y primer ejecutivo de Iberdrola desde 2001, pretende ahora que los inversores le ratifiquen como presidente con plenos poderes por tres años más.

La próxima junta deberá ratificar la nueva estructura ejecutiva de la segunda mayor compañía por capitalización del Ibex 35, tras el nombramiento el pasado mes de noviembre de Armando Martínez como consejero delegado. Se trata de una concesión de Galán a las agencias de voto o proxys, que llevaban tiempo reclamando una delegación de funciones dentro de Iberdrola. Pero, como dijo el mismo presidente el día de la designación de Martínez, “aquí no ha cambiado nada”, lo que puso de manifiesto que todo el poder sigue recayendo en su figura. “Es un signo de continuidad, no una revolución”, apostilló como adelanto a su intención de presentarse a la reelección.

Aunque Iberdrola tiene limitada a los 70 años la edad para ser consejero, la presidencia no tiene fecha de caducidad, por lo que Galán quiere culminar su obra de convertir la empresa vasca en líder mundial de las energías renovables. Para ello, en noviembre presentó un nuevo plan estratégico con unas inversiones previstas de 47.000 millones de euros hasta 2025. Principalmente en Estados Unidos, donde el grupo confía en cerrar este año la adquisición de PNM Resources, compra que le denegaron las autoridades americanas por, entre otros motivos, los efectos reputacionales del caso Villarejo.

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La renovación de Galán se da por hecha, porque en la última década es el único ejecutivo del Ibex que ha conseguido duplicar el beneficio operativo o ebitda, según un informe de Goldman Sachs. Un resultado que se ha trasladado al valor bursátil, ya que Iberdrola capitaliza más que todas las empresas energéticas españolas juntas, como Naturgy, Endesa y Repsol.

El próximo 28 de abril, los accionistas deberán examinar también la continuidad de Helena Antolín, heredera del Grupo Antolín, cuyos dueños siempre han tenido una relación muy estrecha con la eléctrica. La hija del fundador lleva en el consejo desde 2010 como independiente, pero ya ha superado los 12 años que aconseja la CNMV para ejercer esa función, por lo que Galán podría intentar que se quedara con la categoría de otro externo, como sigue Íñigo de Oriol Ybarra.

El hombre del PNV

Otro que acaba mandato es Xabier Sagredo, presidente de la Fundación BBK, accionista destacado de Iberdrola. Sagredo, hombre vinculado al PNV, quiere continuar en el órgano de gobierno de Iberdrola, para lo que ha enviado recientemente varios guiños a Galán. El pasado verano compró un paquete de acciones a título individual y días atrás invirtió cinco millones de euros en nombre de la BBK. El economista es además presidente de la comisión de auditoría, cargo que deberá dejar, al cumplir ya los cuatro años de periodo máximo al que está limitada esta función por el reglamento interno. Sagredo percibe 229.000 euros por su pertenencia al consejo y las dietas, pero, sobre todo, otros 276.000 euros por dirigir la citada comisión de auditoría: un total de 505.000 euros.

Precisamente, la remuneración será un tema trascendental en la próxima junta, después de que en la de 2022 varios de los grandes inversores votaran en contra de la retribución de los consejeros, especialmente de los más de 13 millones de euros de Galán. El presidente quiere proponer, previa aprobación de la comisión pertinente, un nuevo bono estratégico, que permitirá a un grupo de ejecutivos percibir a partir de 2026 hasta cerca de 14 millones de acciones de Iberdrola, valorada a precios de mercado en algo más de 150 millones.

La comisión de retribuciones está comprobando que se han cumplido todos los objetivos a los que estaba condicionado ese premio

Un incentivo similar al que finalizó el pasado mes de diciembre y por el que los ejecutivos de la matriz, de Neoenergía, la filial brasileña, y de Avangrid, la subsidiaria estadounidense, podrán embolsarse hasta 200 millones de euros. La comisión de retribuciones está precisamente ahora comprobando que se han cumplido todos los objetivos a que estaba condicionado ese premio, que según fuentes internas se han alcanzado con creces.

El equipo de relaciones con inversores, dirigido por Ignacio Cuenca, uno de los ejecutivos más prestigiosos del sector, ya está trabajando con las agencias de delegación de votos para conseguir su respaldo a la política retributiva de Iberdrola, que ha iniciado un plan de desinversiones a nivel mundial debido a la subida de los tipos de interés y el encarecimiento de la financiación. Galán, por su parte, quiere ganarse a los sindicatos, que el pasado mes de diciembre protestaron ante la sede del grupo en Madrid y Bilbao por la pérdida de poder adquisitivo. Ese mes, UGT, una organización poco afín, ganó las elecciones sindicales en la eléctrica frente a USO, cuyo líder, Mikel Sesé, tiene a una decena de familiares trabajando en la compañía.