Iberdrola pierde el pleito contra el jubilado clave del caso Villarejo al que pedía 573.000 €

La prescripción que sirvió a Iberdrola para desimputar a sus principales directivos, incluido su presidente, Ignacio Sánchez Galán, por el caso Villarejo, ha servido de argumento al Juzgado de lo Social número 3 de Bilbao para desestimar la última demanda presentada por la eléctrica contra su exdirector de Planificación José Antonio del Olmo, el testigo clave de las facturas abonadas al comisario jubilado de Policía. El juzgado ha rechazado que el exdirectivo, ya jubilado, tenga que devolver los 573.000 euros recibidos como bonus que le reclamaba la compañía por presunta deslealtad, al llevarse documentación confidencial.

Iberdrola inició su batalla legal contra su antiguo controller en diciembre de 2019, al interponer una denuncia en la Fiscalía de Bilbao por tener en su poder un documento, publicado por El Confidencial, en el que advertía de supuestas irregularidades en los pagos a Villarejo. Una información que provocó la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía Anticorrupción y que acabó con la imputación de varios directivos en activo y exejecutivos. La eléctrica negó la existencia de ese informe, que llevaba incluidas varias facturas, al no localizarlo en sus archivos, por lo que lo calificó de falso.

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Más tarde, en mayo de 2021, Iberdrola presentó otra demanda contra su exdirectivo "por competencia desleal" y "por violación de secreto empresarial". La compañía esgrimió que Del Olmo había copiado numerosos documentos que contenían secretos empresariales, incumpliendo la normativa interna. Una acusación que basaba en la existencia de pruebas suficientes que acreditan la apropiación, al asegurar que el exdirectivo, que trabajó en Iberdrola entre 1974 y 2016, había filtrado información a los medios de comunicación.

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao sentenció en septiembre de 2021 que Del Olmo se había llevado a su casa tras su jubilación un total de 23 facturas, archivadas como confidenciales, por lo que le condenó a cesar en la violación de secretos empresariales y a la entrega a Iberdrola de los documentos sustraídos ilícitamente. Pero el exdirector de Planificación respondió que esos informes ya los había puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional cuando fue llamado a declarar por parte de la Fiscalía Anticorrupción en diciembre de 2019.

Ahora, el juez ha indicado que "el contrato del directivo firmado en el año 2000 no establece cláusula de confidencialidad" y que tenía derecho a los premios o bonus que Iberdrola implantó para impulsar la vinculación con sus ejecutivos. El magistrado agrega que "dentro de sus funciones como controller corporativo, el demandante era quien controlaba el pago de facturas y estimaba, de las facturas sin pedido, qué facturas se escaneaban y cuáles no. Si no se escaneaban, esas facturas eran confidenciales y debían de incluirse los originales en la caja fuerte de Iberdrola".

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En julio de 2022, el Juzgado Central de Instrucción de Madrid número 6 decretó el sobreseimiento libre del demandando por los delitos de falsedad documental, revelación de secretos y revelación de datos reservados de persona jurídica, auto después confirmado por la Audiencia Nacional. Una victoria de Del Olmo, a quien ahora le faltaba por resolver esta demanda laboral por la que Iberdrola le reclamaba 573.000 euros cobrados desde 2007 hasta 2016.

El exdirectivo defendió en el juzgado que las retribuciones variables las había percibido hacía más de seis años y, en algunos casos, desde hacía 14 años, por lo que cualquier acción judicial había prescrito. Aunque Iberdrola esgrimió que solo tuvo conocimiento de que mantenía esas facturas en septiembre de 2021, el juez ha decidido que ha pasado el tiempo para cualquier reclamación y que la compañía no tiene derecho a exigirle la devolución. Contra esta sentencia, cabe recurso ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

A raíz de esta guerra judicial, Iberdrola le ha retirado a Del Olmo todos los beneficios sociales que tienen los jubilados de la compañía, como una reducción de la cuota de la luz o la asistencia sanitaria, según fuentes próximas al caso.