El sector de la tecnología sanitaria ve "prioritario indexar los precios de los contratos públicos"

Ante la actual situación geopolítica, económica y social que atravesamos, dos son los ejes principales de preocupación de las empresas de tecnología sanitaria: por una parte, el problema con la disponibilidad de los suministros necesarios para la fabricación, distribución y comercialización de equipos y productos sanitarios; y por otra, una inflación al alza que ha provocado que se disparen los costes de todos los procesos vinculados a la producción y la distribución.

Se trata de una coyuntura, corrobora Margarita Alfonsel, secretaria general de la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin), marcada "por la reducción de la disponibilidad de materias primas y componentes electrónicos, el incremento impredecible y sin precedentes de los costes de las materias primas, de la energía y de la cadena logística/de transporte".

En este contexto, el sector "está trabajando al 100%, volcado en garantizar que los pacientes dispongan de la tecnología sanitaria que necesitan para prevenir, diagnosticar y tratar sus enfermedades", ha señalado Alfonsel, recordando que un posible incumplimiento de los compromisos por estas causas sobrevenidas podría impactar en el correcto desarrollo de la actividad asistencial.

Efectivamente, sobre la mesa está la inviabilidad de muchos contratos con las administraciones públicas, lo que, aseguran desde Fenin, podría traducirse en una dificultad de acceso de los pacientes a productos de primera necesidad para prevenir, diagnosticar y tratar sus enfermedades.

Claves de un plan de choque

A la vista de este entorno macroeconómico, las empresas de tecnología sanitaria solicitan a las administraciones públicas la puesta en marcha de forma urgente de un plan de choque que permita mantener el equilibrio económico-financiero de los contratos.

La estrategia clave de este plan de choque sería la habilitación de mecanismos de indexación de costes. Para entender bien la cuestión, debemos recordar que en 2015 —mediante la ley de desindexación de la economía española— se modificó el mecanismo tradicional de la contratación pública. Esta ley desvinculaba los precios de los contratos del IPC, con lo que las administraciones públicas se aseguraban de que los precios, al no ir vinculados al IPC, no sufrieran oscilaciones en los contratos plurianuales. De esta manera, se cerraba la puerta a cualquier actualización de la evolución de sus costes durante la vida de dichos contratos.

Esta situación podía controlarse en un entorno como el que veníamos teniendo en la última década, pero, con una inflación disparada y sin precedentes, se puede llegar al punto de que muchos contratos no sean viables económicamente. Como apunta Margarita Alfonsel, "Fenin considera prioritario el diseño de nuevos modelos de adquisición de tecnología sanitaria que permitan la indexación de los precios de los contratos públicos (actualización al alza o a la baja de los precios de adjudicación o mecanismos extraordinarios de indexación de costes vinculados al IPC), con el fin de ajustarlos a los costes de mercado reales que los contratistas del sector están asumiendo actualmente".

Por ello, el plan propuesto por el sector solicita, entre otras medidas, iniciar procedimientos de restablecimiento del equilibrio económico financiero de los contratos públicos vigentes para poder actualizar al alza o baja los precios de adjudicación, de acuerdo con los gastos que soporten las empresas, llevando a cabo los cambios normativos que sean necesarios.

Indexación de costes

Es crucial, concluye Alfonsel, tener en cuenta que la flexibilización de precios de los contratos públicos es "un factor vital para asegurar la solidez de un tejido industrial que, tal y como ha demostrado la pandemia, es estratégico y esencial para nuestro país por el impacto y el valor que sus tecnologías y terapias aportan a los pacientes y a la población".

Otras propuestas que Fenin está trasladando a las administraciones con la idea de continuar impulsando la colaboración público-privada son la aplicación de un IVA reducido permanente a todos los productos sanitarios —que permitiría disponer al conjunto de sistemas de salud autonómicos de más de 1.000 millones de euros para renovación tecnológica e incorporación de nuevas tecnologías al servicio de los pacientes— o la puesta en marcha de un Plan de Industrialización del Sector de Tecnología Sanitaria, apoyándose en mecanismos de financiación como los fondos Next Generation UE, que fortalezca el tejido industrial nacional.