El ICO se salva de las quitas en el primer rescate de la nueva ley concursal

El ICO salva el primer match ball de la nueva ley concursal. La entidad pública ha quedado fuera de las quitas aplicadas en la refinanciación de Hiperxel, rival directo de La Sirena en el negocio de los congelados, un plan de reestructuración de la deuda del grupo gallego aprobado hace apenas dos semanas que ha permitido salvar 320 puestos de trabajo.

Como adelantó El Confidencial, este acuerdo ha sido posible gracias a los ajustes aceptados por el anterior accionista, Grupo Vinova, que ha perdido el 100%, y por los acreedores financieros, entre los que figuran Gedesco, EBN Banco, Novicap y Finalbion, que han aceptado quitas del 85%. En cambio, el medio millón de euros de líneas ICO concedidas por BBVA, Bankinter y Laboral Kutxa ha sido excluido del acuerdo. ¿El motivo? Era la única vía que garantizaba cerrar un acuerdo con la celeridad que necesitaba la empresa para sobrevivir.

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J. Zuloaga

El caso de Hiperxel es la confirmación definitiva del problema con que se están encontrando las empresas para llevar a buen puerto los planes de reestructuración de créditos. El problema radica en que, con la nueva clasificación de acreedores que establece la ley concursal, la Agencia Tributaria debe validar cualquier modificación de préstamos con aval del ICO. Y Hacienda, históricamente, se ha caracterizado por no aceptar rebajas o por responder con un estruendoso silencio.

Hasta ahora, la Agencia Tributaria jugaba con la ventaja de ser la primera en cobrar, pero con la nueva clasificación, las tornas cambian. En el sector financiero, se teme que la característica falta de flexibilidad por parte de Hacienda ralentice los procesos de reestructuración de empresas viables e, incluso, los ponga en peligro. Una amenaza que, en este caso, se ha esquivado dejando a un lado al instituto de crédito.

De hecho, en el convenio de acreedores de Hiperxel se destacan "las dificultades operativas que plantea la adhesión o voto favorable tanto de sociedades públicas como del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital", lo que hace que sea "ciertamente incompatible, en términos de plazos y urgencias, con la necesidad de una ágil aprobación y homologación judicial del plan de reestructuración, que posibilite la materialización de la nueva financiación".

Además, "la inexistencia de precedentes sobre las consecuencias que tiene la conducta de las entidades financieras al apoyar, o no, dichos planes cuando los mismos inciden sobre los créditos ICO hace imposible prever si, como resultado de una hipotética extensión de los efectos del presente plan a los acreedores con créditos ICO, se produciría —o no— el perjuicio de los avales públicos otorgados", lo que "condiciona poderosamente la situación de la sociedad deudora en un escenario post plan de reestructuración".

Para poder sacar adelante el plan de salvamanto de Hiperxel, primero con la nueva ley concursal, se ha tenido que excluir de las quitas al ICO

Aunque por su volumen los préstamos ICO son los llamados a condicionar mayor número de acuerdos, esta misma casuística afecta también a las financiaciones otorgadas por otras entidades públicas de naturaleza similar, como Avalmadrid, en el caso de Hiperxel. Los créditos con aval del ICO superan los 140.000 millones de euros, tras financiar a 750.000 empresas y autónomos.

La nueva ley establece que la banca representará a los créditos derivados de los avales públicos. Sin embargo, para votar a favor de reestructuraciones que impliquen aplazamientos, fraccionamientos y quitas de los préstamos, deberá contar con la aprobación previa de la Agencia Tributaria y el ICO, un requisito que amenaza con extender en exceso las negociaciones y que explica la presión que están ejerciendo los bancos y los asesores de este tipo de operaciones sobre Hacienda para que agilice sus tiempos y acepte cambios en los préstamos, aunque impliquen asumir pérdidas por el aval.

Los bancos prestaron 122.000 millones en 2020 a pymes y grandes empresas con el aval del ICO. Desde el mundo jurídico, alertan de que estos créditos podrían atascar muchas refinanciaciones en los próximos meses, salvo que el Gobierno acometa una reforma.