El Gobierno ningunea el informe del BCE: "Ya tuvimos en cuenta su visión"

Menos de una hora y media. Eso es lo que ha tardado el Gobierno en responder al dictamen del Banco Central Europeo (BCE) sobre el impuesto a la banca, en la que le pedía un "examen exhaustivo" por su potencial impacto en el crédito, la economía y la solvencia y competencia de los bancos.

Fuentes gubernamentales señalan que "analizaremos detenidamente" el dictamente, aunque matizan que "no tiene carácter vinculante" y que "todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el gobierno antes de hacer la propuesta". En otras palabras, el Ejecutivo analizará el dictamen pero no ve razones para cambiar la redacción de la proposicón de Ley que está actualmente en el Congreso, por la que los bancos pagarán 3.000 millones con cargo a sus cuentas de 2022 y 2023.

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J. Zuloaga

El Gobierno aprovecha la ocasión para recordar que "los resultados que estamos conociendo estos días apuntan a un fuerte incremento de los beneficios en los 9 primeros meses del año como consecuencia, entre otros aspectos, de la subida de tipos de interés y de que la remuneración de los depósitos todavía se mantiene contenida".

Esto apoyaría la tesis que soporta el impuestos: los beneficios extraordinarios que están obteniendo las entidades gracias a la subida de tipos, en un entorno difícil para las familias. En contra de este argumento, el BCE y las entidades alertan de que la mejora de los márgenes va a tener efectos secundarios en los costes y la morosidad, por lo que no hay tal resultado extra.

Naturaleza temporal

Junto a ello, el Ejecutivo sostiene que "el sector bancario se encuentra en una posición muy sólida en términos de solvencia y en el análisis previo que hemos realizado nos prevemos que tenga un impacto significativo tanto por su naturaleza temporal como por la calibración y diseño del mismo".

Esta temporalidad choca con lo que dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace algunas semanas, abriendo la puerta a que el tributo se extienda más allá de los dos años previstos.

El BCE también critica en su dictamen que solo se aplique a algunas entidades españolas, lo que "podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria". Frente a ello, el Gobierno defiende que "el horizonte temporal minimiza cualquier efecto distorsionador".

De este modo, está por ver que el Gobierno haga caso a la institución y realice "un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de crédito".