Un bufete español recurre al TEDH la sentencia europea sobre accionistas del Popular

El bufete de abogados Pérez Lema ha presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) un recurso contra la sentencia del pasado 5 de mayo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que cerró la puerta a que accionistas del Popular reclamasen al Santander.

Con el apoyo de Durán & Durán Abogados, el despacho gallego presentó a mediados de julio un recurso -que espera sea admitido a trámite en las próximas semanas- contra la sentencia del TJUE, que resolvía una cuestión prejudicial presentada por la Audiencia Provincial de La Coruña.

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El TJUE decidió, atendiendo al criterio del Abogado General, que los accionistas que sufrieron pérdidas por la resolución del Popular no pueden reclamar compensación al Banco Santander basándose en que recibieron información defectuosa al adquirir esos títulos antes de la resolución.

El alto tribunal daba así la razón al Santander, que se hizo con la extinta entidad al precio simbólico de un euro tras la resolución, y "heredó" las cientos de demandas presentadas por los accionistas que perdieron su inversión.

En su sentencia, el TJUE entendió que las directivas europeas aplicables "se oponen" a que con posterioridad a la amortización total de las acciones del capital de una entidad de crédito objeto de una resolución, quienes hayan adquirido acciones en el marco de una oferta pública de suscripción emitida por dicha entidad antes del inicio de la resolución, ejerciten, contra esa entidad o la que la suceda, una acción de responsabilidad por la información contenida en el folleto.

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El socio director de Pérez Lema Abogados, Xoán Antonio Pérez Lema, defiende que la decisión del TJUE vulnera la tutela judicial efectiva de los accionistas, así como el derecho a la propiedad.

El Abogado General se posiciona sobre cuestiones que no fueron objeto de debate ni planteadas en la cuestión prejudicial por la Audiencia de La Coruña, ni por el Santander ni por las defensas de los accionistas, y lo hace de forma incorrecta, porque ni él ni el TJUE pueden interpretar el derecho español.

Uno de los socios fundadores de Durán & Durán, Miguel Ángel Durán Muñoz, explica que el TJUE "atiende al Abogado General, dicta sentencia y dice que no caben más alegaciones, tras consultar con el propio Abogado General".

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De este modo, prosigue, se produce una violación del derecho de propiedad, al conculcarse el derecho a acudir a "alguna parte a reclamar para ser resarcidos".

El que fuera director general de la ONCE, Miguel Durán Campos, destaca que el propio tribunal "adolece de falta de imparcialidad cuando otorga privilegios al Abogado General al preguntarle a él mismo si nos tiene que dar trámite en las alegaciones".