El ex-CEO de Air Europa demanda a la SEPI por despido nulo y daños al honor

A la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no le han sentado nada bien los rescates en el sector aéreo. A los problemas judiciales por los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra, se suma ahora la demanda laboral que le ha presentado Valentín Lago, el directivo que impuso como consejero delegado de Air Europa y que ahora le reclama una indemnización por su reciente despido. Así lo aseguran fuentes próximas al ente público y consta en los Servicios de Mediación y Arbitraje de la Comunidad de Madrid (SMAC), donde además acusa al organismo del Ministerio de Hacienda de daños morales.

Según esta documentación, Lago, que antes de incorporarse a Air Europa había sido directivo de Vueling, filial de International Airlines Group (IAG), ha cursado una demanda laboral contra la SEPI por "despido nulo con vulneración de los derechos fundamentales", relativos a la dignidad de la persona, derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Una acusación que el ex consejero delegado de la aerolínea de los Hidalgo ha cursado por sentirse vilipendiado en sus funciones y no haber sido protegido por los dos consejeros que el organismo público nombró tras otorgar un crédito de 475 millones de euros a la compañía.

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Lago fue designado en noviembre de 2020 por la SEPI como primer ejecutivo de Air Europa para gestionar esa ayuda estatal. Pero su nombramiento no pudo concretarse hasta mediados de marzo de 2021 por la oposición de Juan José Hidalgo, máximo accionista del grupo aéreo, que se negaba a pagarle los cerca de 500.000 euros que pedía por dejar su anterior puesto como director general de Pollos Planes. Tras una ligera rebaja en los emolumentos, el empresario cedió finalmente a la presión del ente dependiente del Ministerio de Hacienda porque aún faltaban 100 millones por desembolsar de los 475 millones, un dinero vital para poder pagar las facturas que debían a los propietarios de los aviones, los llamados 'lesores'.

Pero la relación entre Hidalgo y Lago siempre fue fría y sin ninguna química, hasta el punto de que el comité de dirección se reunía sin su presencia. La gota que colmó el vaso fue cuando el consejero delegado puso encima de la mesa en marzo de este año las dudas sobre la capacidad legal de Air Europa de continuar en funcionamiento por las pérdidas de más de 700 millones acumuladas entre 2020 y 2021. El directivo pidió un informe al bufete de abogados Pérez Llorca para saber si debía o no presentar el concurso voluntario de acreedores con el fin de proteger a los administradores, planteamiento que terminó de encender a Hidalgo.

Finalmente, como adelantó El Confidencial, el pasado 22 de junio, la SEPI fue la que cedió a la petición de Hidalgo de relevar a Lago. El ente público, lejos de oponerse a su destitución planteada por los dos consejeros de Air Europa en representación de los Hidalgo, accedió, pese a que contaba con tres asientos. Su sustituto fue Jesús Nuño de la Rosa, expresidente de El Corte Inglés y experto en el sector turístico.

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Air Europa le ofreció la compensación económica a la que tenía derecho por su relación laboral, pero el ex consejero delegado ha decidido exigir una indemnización de 350.000 euros a la SEPI, que fue quien le propuso para la función. Su defensa está en manos de Joaquín de Fuentes Bardají, abogado del bufete Escalona y De Fuentes.

Esa cantidad se corresponde con una anualidad fija como CEO de Air Europa (tenía un bonus adicional de 70.000 euros) y la justifica porque dejó su trabajo en Valencia como director general de Pollos Planes, que estaba "bien remunerado y con derecho al desempleo". Además, añade que existe un lucro cesante porque su contrato debía haber sido blindado, ya que su destitución se produjo, según el documento, sin que hubiera transcurrido un año de la inscripción de su cargo en el Registro Mercantil.

A ese importe, Lago, al que se vinculó con el exministro José Luis Ábalos, suma otros 120.000 euros por los daños y perjuicios morales por su despido, que es la sanción máxima dentro del grado medio de las infracciones muy graves de la normativa laboral. Fuentes jurídicas próximas al directivo aseguran que ya se ha alcanzado un acuerdo amistoso entre las partes tras la demanda.