El Gobierno pide a Pérez Llorca un informe para asegurar la solvencia de Air Europa

Valentín Lago, José Ángel Partearroyo y Juan Manuel Bujía, los tres consejeros en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sentados en el consejo de Air Europa, quieren asegurarse de que la aerolínea será solvente en los próximos meses y averiguar si el ente público tiene que inyectar capital. Según han asegurado fuentes próximas al organismo controlado por el Ministerio de Economía, los administradores han pedido un informe al bufete Pérez Llorca para certificar si la empresa es solvente o está en causa de disolución por las pérdidas de los dos últimos años.

El consejo de administración, en el que también se encuentra Juan José Hidalgo, dueño del 100% de la aerolínea a través de Globalia, tiene como objetivo saber cómo afecta a la actual Air Europa la moratoria concursal aprobada por el Gobierno cuando emergió el covid-19 y que, tras la última renovación, vence el próximo 30 de junio. Una norma que exime a las compañías afectadas por la pandemia de acogerse al preconcurso de acreedores en el caso de que tuvieran un patrimonio negativo o que algún proveedor lo instase por impago de la empresa. A partir de esa fecha, los administradores o cualquier deudor disponen de dos meses para solicitarlo y después seis meses para solventar la situación, es decir, hasta marzo de 2023.

Según las primeras conclusiones de Pérez Llorca, en relación con la situación patrimonial, “Air Europa no está legalmente obligada a apreciar si se encuentra o no en situación de pérdidas cualificadas hasta el 31 de diciembre de 2022”. El bufete sostiene que, gracias a esa moratoria, las pérdidas de 435 millones registradas en 2021 y los cerca de 300 millones que la sociedad se apuntará cuando formalice el cierre de 2021 no se deben de tener en cuenta todavía para determinar la solvencia, pese a que los fondos propios serán negativos en cerca de 700 millones.

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Un agujero que, acorde a la ley mercantil y sin tomar en cuenta esta exoneración por la pandemia, obligaría a los accionistas a recapitalizar la empresa en seis meses mediante la aportación dineraria de los socios. Por tanto, forzaría a la familia Hidalgo a inyectar dinero en el grupo aéreo o a la SEPI a convertir en capital parte de los 475 millones de euros en forma de préstamos que le concedió en noviembre de 2020, y así garantizar la viabilidad de la compañía. Una maniobra que convertiría al Estado en accionista de referencia.

Debido a que esta dispensa vence el 30 de junio, Pérez Llorca indica que cualquier decisión a partir de ese momento se tomará “en función de lo que decrete el Gobierno en cuanto a la contabilización de las pérdidas de 2020 y 2021”. Un argumento que refrenda la visión de Juan José Hidalgo, que considera que hasta finales de año tendrá tiempo para ampliar capital en Air Europa, salvo que la aerolínea sea comprada finalmente por Iberia.

En relación con la normativa sobre la situación concursal, el informe preliminar del bufete expone que “la moratoria del deber legal de solicitar el concurso de acreedores está vigente hasta el 30 de junio”. No obstante, matiza que “la moratoria no suspende el régimen de responsabilidad concursal de las personas afectadas por la calificación en el caso de un eventual concurso culpable”.

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Unas aseveraciones jurídicas que significan que los administradores de Air Europa sí pueden solicitar la causa de disolución si la situación es irreversible por cualquier causa extrema, principalmente si las pérdidas continúan en este año en curso, ya que de lo contrario recaería sobre ellos, sobre su bolsillo, la responsabilidad patrimonial. Una coyuntura que ha provocado tensiones entre Valentín Lago, el consejero delegado propuesto por la SEPI, y Pepe Hidalgo.

Por ello, Pérez Llorca, que ha declinado hacer ningún comentario sobre esta información, explica que “si el deudor no ha solicitado el concurso voluntario antes del 30 de junio de 2022, cuando un legitimado hubiera presentado la solicitud de concurso necesario del deudor, dicha solicitud debe ser admitida a trámite a partir de ese momento, aunque no haya transcurrido el plazo de dos meses”.

El consejo ha recibido el informe con alivio, ya que considera que, salvo que algún administrador lo decidiese por su cuenta, el grupo tiene cerca de 12 meses para tomar cualquier decisión de recapitalización. Un tiempo que coincide con el plazo que Globalia e International Airlines Group (IAG) se han dado para que Iberia negocie en exclusiva y cierre la compra de Air Europa, a la que acaba de prestar 100 millones de euros en forma de crédito participativo a cambio de una participación futura del 20% del capital.