Roures salva Mediapro al firmar la paz con los fondos buitre tras el aviso de PwC

Jaume Roures ha conseguido salvar al fin Mediapro, a la que la pandemia llevó a rondar la quiebra. Según indican fuentes financieras, los principales acreedores de la productora de televisión han aceptado, tras cerca de un año de conversaciones, las condiciones de refinanciación ofrecidas por Orient Hontai, el fondo chino que se comprometió a aportar 620 millones de euros de dinero nuevo a cambio de hacerse con el 80% del capital. La firma del acuerdo se produce después de la negativa de PwC a firmar las últimas cuentas del grupo.

Invesco y Searchlight, los dos fondos oportunistas que emergieron en el balance de Mediapro, para tratar de quedarse con la mayoría del capital de la compañía, han accedido a firmar la reestructuración del capital a pocos días de que la sociedad incumpliera otro de los vencimientos de su deuda. La productora, que llegó a pedir un préstamo a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 230 millones, ya impagó en dos ocasiones anteriores sus obligaciones financieras, la última el pasado mes de noviembre, lo que 'de facto' la situó en ‘default’ o a un paso del concurso de acreedores.

Los dos ‘private equity’ se habían opuesto en reiteradas ocasiones a facilitar la ampliación de capital de Orient Hontai, al que llegaron a investigar por dudar de la procedencia de los 620 millones que el inversor chino anunció que inyectaría para evitar la quiebra del grupo audiovisual. Pero la reciente aprobación por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) a la ampliación de capital ha despejado cualquier posibilidad de que el acuerdo del consejo de administración, firmado a finales del pasado año, como adelantó El Confidencial, no fructificase.

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Ambos ‘private equity’ se aprovecharon de la grave situación por la que atravesó Mediapro tras la irrupción del covid-19 para comprar gran parte de la deuda bancaria a precio de derribo y ofrecer una aportación adicional de dinero nuevo para tomar la mayoría del accionariado. En total, cerca de 500 millones con los que pretendían recapitalizar la sociedad, que había sido valorada en cerca de 2.000 millones cuando Orient Hontai compró el 54% del capital en 2018. Asesorados por Lazard, los dos fondos entraron en una guerra sin cuartel, con intercambio de cartas incluido, con el fondo chino, que ahora llega a su fin al no poder alcanzar el objetivo deseado.

A falta de las últimas rúbricas, la mayoría de los acreedores han validado los 620 millones de euros del fondo asiático, cuya participación pasará ahora a ser de entre el 80 y el 85%. El resto de accionistas, entre los que se encuentran Roures y su socio Tatxo Benet, verán diluidas sus participaciones de forma sensible. Los dos fundadores, que tenían cada uno de ellos el 12% del capital, se quedarán ahora con apenas el 4%, el 8% en total. No obstante, Orient Hontai les da un derecho a recuperar parte de las acciones perdidas si Mediapro alcanza determinados objetivos financieros en los tres próximos años.

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Los 620 millones se destinarán a financiar el circulante de la compañía (unos 150 millones) y a repagar parte del pasivo (470 millones), que ascendía a unos 865 millones, más 120 millones de líneas a corto, incluido el préstamo que le concedió el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El grupo, que ha contado con la ayuda de Rothschild como banco asesor, se quedará ahora con una deuda bancaria neta próxima a los 450 millones, que ahora saldrá a refinanciar en forma de bonos, ya sea en el mercado privado o en el público.

Las cuentas, sin aprobar

El acuerdo entre las partes llega justo a tiempo para evitar otro impago de Mediapro y para poder aprobar las cuentas de 2021. Las de 2020 no pudieron ser firmadas por la negativa de Pricewaterhouse, el auditor de la compañía, según consta en el Registro Mercantil. La compañía ha explicado que esta situación se produjo porque la firma de consultoría consideró que, ante el proceso de reestructuración, no tenía sentido la firma del informe anual.

No obstante, fuentes financieras indican que, en la mayoría de los casos, las cuentas anuales se someten a aprobación del consejo de administración y son evaluadas por el auditor, que suele aprobarlas si la información y la situación patrimonial es correcta o incluir salvedades si advirtiera alguna incorrección o la empresa tuviese problemas para seguir en funcionamiento.