El Supremo avala el cierre de Rojadirecta en España en el conflicto con Canal+ y Mediapro

El Tribunal Supremo inadmite los recursos de Rojadirecta mediante los que impugnaba la decisión de la Audiencia Provincial que acordaba el cierre de su web. La sala ha emitido su veredicto sobre los procesos mercantiles impulsados por DTS (antigua Canal+ y hoy propiedad de Telefónica) y Mediapro contra la empresa por la retransmisión de partidos de fútbol por internet. En dos autos coetáneos, el Tribunal inadmite a trámite los recursos interpuestos por la matriz controlada por Igor Seoane, Puerto 80 Projects, y avala que su actividad sí infringía la propiedad intelectual y que la web debe permanecer cerrada.

Las decisiones del Supremo son firmes, aunque la ley permite un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (en caso de que el demandado considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales) o una demanda de amparo ante el Tribunal de Estrasburgo.

El proceso comienza en 2015, cuando las televisiones dan comienzo a sendos procesos mercantiles contra Puerto 80 Project. En 2016, el juzgado de lo mercantil de A Coruña dicta que la actividad de la empresa sí infringía los derechos patrimoniales de propiedad intelectual de las televisiones, por lo que decretaba el cese de su actividad. En 2018, la Audiencia Provincial de A Coruña da la razón a DTS y Mediapro, respectivamente, al confirmar el cierre ordenado por la sentencia en primera instancia. Seoane recurre y, finalmente, ha sido este 26 de enero cuando el Tribunal Supremo ha desestimado los argumentos del administrador de Rojadirecta.

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Este caso no debe ser confundido con el proceso penal que se está llevando a cabo paralelamente sobre la sociedad tras Rojadirecta. En enero, un juzgado de instrucción de A Coruña ordenó la apertura de un juicio oral por un presunto delito contra la propiedad intelectual por el que LaLiga y DTS pedían, cada una, hasta seis años de cárcel y más de seis millones de euros de multa, como ya informó El Confidencial.

En el caso de estas demandas mercantiles, el juzgado gallego había dictado en su día que Puerto 80 Projects ofrecía acceso no autorizado a retransmisiones deportivas de las que eran titulares de derechos exclusivos las dos televisiones. Consideraba que Rojadirecta actuaba como un proveedor de contenidos y no como un mero intermediario. Por eso, dictaba entonces el cese de la actividad infractora y el cierre de la página web en todos sus dominios. También concedía el derecho de las demandantes a ser indemnizadas en una cantidad a decidir 'a posteriori'.

Por eso, Rojadirecta lleva años sin operar webs de retransmisión de fútbol en España, aunque hoy existan dominios similares de empresas ajenas a Puerto 80 Projects. Contra la decisión del juzgado gallego, la sociedad de Seoane puso primero un recurso ante la Audiencia Provincial y posteriormente recursos de casación y por infracción procesal, que la sala no ha aceptado. En cambio, el tribunal sí admite a trámite unos recursos de Mediapro.

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"Mediapro recurre la decisión de la Audiencia Provincial de A Coruña de absolver a Igor Seoane, por considerar que no es personalmente responsable de la actividad de Puerto 80 Projects a pesar de ser su administrador único y socio único de una sociedad que no tiene empleados", explican fuentes de Mediapro. Ahora, "Igor Seoane está emplazado para impugnar el recurso de Mediapro y, una vez presente su escrito de defensa ante la sala primera del Tribunal Supremo [finales de febrero], pasarán los recursos al ponente y quedarán solo pendientes de deliberación y fallo para emitir sentencia", añaden.

Paralelamente al proceso de Rojadirecta, este enero también saltó al ojo público una sentencia de un juzgado de Barcelona que permite los bloqueos semanales de webs de fútbol consideradas piratas. Estas resoluciones han sido fruto de los esfuerzos de Movistar+ y LaLiga por obtener una herramienta ágil e inmediata que luche contra lo que consideran un ejercicio de la piratería de estos eventos deportivos, en línea con lo indicado por el Parlamento Europeo en 2021. El precedente permitirá a los operadores simplificar la petición de bloqueo de estas webs de enlaces. Es decir, ahora los operadores podrán pedir cada semana el bloqueo en un plazo concreto de los nuevos dominios.