El calvario judicial del creador de Rojadirecta: libre de fraude fiscal, a juicio por 'copyright'

Corría octubre de 2016 cuando Igor Seoane, creador de la web Rojadirecta, ataviado con gafas de sol, peluca y casco de moto para no desvelar su aspecto real, era detenido por sorpresa a las puertas del juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña. Acababa de comparecer por dos causas civiles tras varias demandas presentadas por Mediapro y DTS (hoy Telefónica), cuando su situación se complicó al instante. LaLiga y DTS había presentado una nueva demanda, pero esta vez por lo penal, con peticiones de cárcel y multas millonarias de por medio. Se le acusaba de presunto fraude fiscal, organización criminal y contra la propiedad intelectual. Comenzaba así un calvario judicial que aún dura hoy, pero que recientemente ha dado un giro importante.

Cinco años después de su breve detención, Seoane, que se trasladó a vivir al extranjero en 2013, ha sido absuelto de buena parte de los presuntos delitos de los que le acusaban Mediapro y DTS y que la Guardia Civil y la Policía habían incluido en la investigación. Los dos principales eran un presunto fraude fiscal y pertenencia a organización criminal. Fuentes de la investigación en su momento argumentaron que Seoane había mantenido millones de euros ocultos al erario público, y que lo había hecho en coordinación con varios colaboradores. El juez de instrucción, tras analizar todas las pruebas aportadas por las partes, ha concluido que no hay ningún tipo de indicio de delito en ambos frentes. Sin embargo, sí será juzgado por presunto delito contra la propiedad intelectual, y las penas que pide la acusación no son pequeñas.

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"La Policía pidió y promovió una investigación sobre presuntos delitos fiscales, a la que el juzgado accedió pidiendo informe a la Agencia Tributaria. Los informes que aportó la AEAT certificaron que Igor Seoane no solo pagó millones de euros en impuestos, sino que además acreditaron que no había ni rastro de delito fiscal", explican fuentes consultadas de la defensa del creador de Rojadirecta.

Dichos informes, a los que ha tenido acceso este diario, acreditan cómo Seoane notificó en 2013 a la Agencia Tributaria (AEAT) su cambio de domicilio fiscal al extranjero. La notificación y los informes posteriores elaborados por la Agencia Tributaria sirvieron además para aclarar que no había habido ningún riesgo de fuga por parte de Seoane, en contra de lo que apuntaron en 2016 algunas fuentes policiales de la investigación. De hecho, el auto de instrucción de 27 de octubre de 2016 acordó libertad sin fianza de Igor tras su detención en lugar de prisión provisional, que se dicta cuando se aprecia riesgo de fuga. No fue el caso.

“La posibilidad de riesgo de fuga, o incluso de fuga consumada, un hecho introducido mediáticamente por fuentes policiales, era absurda. Su traslado de residencia fuera de España sucedió dos años antes de la investigación. Cuando esta se inició, el administrador se personó voluntariamente ante la Guardia Civil por si querían tomarle declaración. La Guardia Civil negó que hubiera alguna causa pendiente contra él. Pese a eso, tres días después le detuvieron en pleno juzgado donde estaba prestando declaración por un procedimiento civil, algo que podía afectarle negativamente a ojos del juez de ese procedimiento o, quizás, precisamente por eso”, explican fuentes de la defensa.

El otro frente del que ha quedado exonerado el creador de Rojadirecta es de su supuesta pertenencia a grupo organizado. Igor trabajaba solo en su página web y no tenía colaboradores ni trabajadores, tal y como se deduce de los informes de la AEAT, que no hallaron abono ni recepción de beneficio de ningún tercero ajeno a Rojadirecta. El juez de instrucción ha desestimado este frente, tal y como consta en el auto de transformación, que afirma que los ingresos de Rojadirecta únicamente derivan de las comisiones aportadas por las casas de apuestas y no del acceso a la retransmisión de partidos enlazados por terceros que LaLiga y DTS consideran ilegales.

Penas de hasta 6 años de cárcel

Si bien Igor Seoane ha logrado esquivar dos de los tres cargos que se le imputaban, tendrá todavía que demostrar su inocencia sobre el supuesto delito contra la propiedad intelectual del que el juez de instrucción sí ha visto indicios y por el que LaLiga y DTS piden, cada una, hasta 6 años de cárcel y más de 6 millones de euros de multa. Ambas empresas, dueñas de los derechos de emisión de fútbol en la época de funcionamiento de Rojadirecta, argumentan que, tras la reforma del Código Penal de 2015, la web pasaría a ser considerada una página de enlaces coordinados por Igor Seoane con el fin de lucrarse ilegalmente de contenido protegido por derechos de autor.

La línea de defensa es similar a la que se ha venido usando con éxito en los múltiples juicios a webs de enlaces en nuestro país: Rojadirecta no estaría regulada por el Código Penal, sino por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) que en sus artículos 16 y 17 señala que estas webs son en realidad servicios que se nutren de la aportación masiva de sus usuarios. Esta ley obliga a los administradores de las webs a retirar contenido que infrinja la propiedad intelectual cuando tengan conocimiento de su existencia, pero no fuerza a revisar contenido a contenido. Seoane, según su defensa, solo se estaría lucrando por las comisiones de las apuestas realizadas en la web por los usuarios, y no por la retransmisión de los partidos que estos suben a la página. "Los ingresos derivaban exclusivamente de promocionar las retransmisiones deportivas legítimas y autorizadas de las casas de apuestas", señala su defensa.

Cinco años después, el creador de Rojadirecta sigue sin saber si se podrá librar de penas de cárcel y multas millonarias. Mientras tanto, la página sigue activa con el mismo modelo en otros países donde no hay leyes que impiden su funcionamiento (en España fue condenada a su cierre total en 2017). El juzgado aún no ha autorizado la presentación del escrito de defensa. Cuando eso ocurra, podrían transcurrir al menos varios meses hasta que se fije la fecha final del juicio, al que, de nuevo, tendrá que acudir Seoane. La sentencia, probablemente, no se conocerá hasta finales de 2022.