Golpe al Ibex: Bruselas exige a grandes empresas devolver más de 2.500 M de ayudas ilegales

La Comisión Europea exige la devolución a las arcas públicas de España de más de 2.500 millones de euros por ayudas ilegales concedidas a las grandes empresas del Ibex 35 durante casi 20 años.

Se trata de beneficios fiscales a los que se acogieron desde 2002 —año en que el Gobierno de José María Aznar instauró esta bonificación en el impuesto de sociedades— compañías de primer nivel como Banco Santander, Telefónica, Iberdrola, Ferrovial, Abertis, Prosegur, Ebro Foods, World Duty Free o Axa.

En un informe publicado la semana pasada por la CNMC, la autoridad de competencia explica que, cuando se inicia un procedimiento de recuperación, los Estados miembros deben informar del importe o la ayuda desembolsada. En este sentido, destaca que en los años 2017, 2018 y 2019 se encuentran incluidos 743,4 millones, 904,3 millones y 904,9 millones de euros (2.552,6 en total por esos tres años) "correspondientes a un antiguo programa de beneficios fiscales que está sujeto a un procedimiento de recuperación".

En su reporte, el organismo dirigido por Cani Fernández explica que dichas ayudas fueron consideradas por la Comisión Europea como ayudas de Estado incompatibles con el derecho comunitario y que, por tanto, debían ser devueltas.

El golpe para las grandes multinacionales del Ibex tiene un doble reverso. Por un lado, están los importes a devolver, parte de los cuales cuantifica ahora la CNMC, y, por otro lado, está el aumento impositivo por esta causa para los resultados de los próximos años, ya que dicha ventaja fiscal se aplicaba durante 20 años, por lo que la bonificación sigue vigente.

La CNMC explica que, "de conformidad con el antiguo artículo 12.5 de la Ley del Impuesto de Sociedades a partir del 1 de enero de 2002, las sociedades españolas pudieron amortizar hasta el 5% el fondo de comercio financiero cuando se cumplían ciertos requisitos (básicamente, la adquisición y mantenimiento durante al menos un año de una participación como mínimo equivalente al 5% en una sociedad extranjera)".

La medida creada por el entonces superministro de Economía, Rodrigo Rato, consistía en que las empresas pudieran deducirse el fondo de comercio. Es decir, la diferencia entre el precio pagado por empresas adquiridas en el extranjero y su valor contabilizado en libros. La idea era ayudar a los supercampeones nacionales a convertirse en potencias de ámbito mundial. La medida, además, se siguió aplicando y defendiendo con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero tras su llegada a Moncloa en 2004.

Sin embargo, diversos Estados miembros de la Unión y grandes compañías europeas rivales de las españolas, como por ejemplo Deutsche Telekom, denunciaron esta situación ante Bruselas, por lo que entendían era una competencia fiscal desleal a la hora de comprar empresas. Eso motivó que los responsables de competencia de la Unión Europea abrieran diversos expedientes de infracción contra el Reino de España. El primero data de 2007 y dictaminaba que la bonificación en la adquisición de empresas europeas estaba considerada una ayuda de Estado incompatible. La segunda decisión es de 2011 y extendió el área de aplicación también para la compra de empresas de fuera de la Unión Europea.

La medida, sin embargo, libraba a las multinacionales españolas de las compras anteriores a 2007. Pero las autoridades fiscales de España se sacaron una interpretación de la manga que consistía en que si las compañías compradas se hacían de forma indirecta, a través de filiales, se podía seguir deduciendo el fondo de comercio. Esto de nuevo fue objeto de expediente por parte de la Comisión Europea, que en una tercera decisión, finalizada en octubre de 2014 (mes en que dejó su cargo de comisario de Competencia en la CE el socialista Joaquín Almunia), dictaminaba que aun así se consideraban ayudas de Estado y, además, ponía en duda la aplicabilidad del principio de confianza legítima en la aplicación del incentivo para las adquisiciones indirectas, cualquiera que haya sido la fecha de adquisición.

En 2017, 2018 y 2019 se incluyen 743,4 millones, 904,3 millones y 904,9 millones de euros (2.552,6 M en total) de ayudas fiscales ilegales

Hasta ese momento, las compras anteriores a 2007 justificaban la aplicación de la exención fiscal por el principio de confianza legítima de la Administración, ya que según entiende no se pueden defraudar las expectativas que ha creado en el sector privado con sus normas.

Esto supone un golpe añadido para las multinacionales, bajo las que ahora pesa procedimiento de recuperación también de aquellas compañías adquiridas antes de 2007. Las empresas españolas y el Gobierno español, también con Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, han planteado recursos tanto al Tribunal General de la Unión Europea como posteriormente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, órgano supremo en esta materia, para tratar de evitar devolver este dinero al erario público español.

Hasta la fecha, el TJUE se ha pronunciado en contra tanto de la primera como de la segunda decisión. Su último dictamen es de octubre de 2021, hace tres meses. La CNMC explica ahora que "tras un largo proceso, el 15 de noviembre de 2018 el Tribunal General de la UE confirmó que la medida era 'selectiva' (incluso cuando la ventaja fiscal estaba disponible para cualquier sociedad residente fiscal en España) y que se trataba, por lo tanto, de una ayuda de Estado".

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Con estos mimbres, la Agencia Tributaria lleva ya años tocando a la puerta de las multinacionales para que devuelvan dichas ayudas. No obstante, la situación contable de cada una de ellas es distinta y no siempre transparente. Además, tanto las que han pagado como las que han provisionado cantidades millonarias en sus cuentas por dicha causa, así como las que ni han pagado ni han provisionado, se agarran a un último recurso, sobre la tercera decisión, que les permita eludir parte de las dádivas fiscales de los gobiernos de PP y PSOE. Las expectativas de las empresas divergen: mientras unas creen que tiene posibilidades de ganar e incluso reclamar lo devuelto y revertir provisiones, otras creen que los precedentes judiciales, todos en contra de las compañías hasta ahora, pesarán en su contra.

En este sentido, uno de los que aún no han hecho provisiones por esta causa es Banco Santander. Según el banco presidido por Ana Patricia Botín, las dos primeras decisiones prácticamente no les afectan. Sí lo hace, sin embargo, la tercera decisión. La entidad financiera, que no detalla en qué magnitud le afecta el caso y que se benefició de esta medida por las compras de Abbey o ABN Amro, está pendiente del recurso a la tercera decisión, que sí tendría un impacto material si la Justicia europea falla en contra.

Por su parte, Telefónica reportó en 2020 un beneficio global por dicha deducción de casi 1.800 millones de euros. La firma ha pagado cerca de 1.400 millones por las amortizaciones fiscales de 2006 a 2018, aunque lo ha hecho en su mayor parte con activos fiscales (sin salida de caja). Sin embargo, la firma sigue haciendo provisiones por esta causa, con lo que da a entender que sigue aplicando la bonificación. Hasta 2020, sumaba provisiones de más de 400 millones de euros y de nuevo espera un resultado favorable en los tribunales para poder reclamar por estas cantidades, que en los últimos años le ha reclamado la Agencia Tributaria, así como revertir las crecientes provisiones al efecto.

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"El Grupo Telefónica, en aplicación de esta norma, ha venido amortizando fiscalmente los fondos de comercio financieros procedentes de sus inversiones, directas e indirectas, en O2, BellSouth y Colombia Telecom (anteriores a 21 de diciembre de 2007) y Vivo (adquirida en el ejercicio 2010)", detalla la operadora presidida por José María Álvarez-Pallete.

También Iberdrola ha devuelto más de 665 millones de euros, alrededor de la mitad ejecutando activos fiscales de 2016 y la otra mitad con ingresos directos a Hacienda. No obstante, dichas cantidades ya fueron pagadas hace años. La multinacional presidida por Ignacio Sánchez Galán, afectada por compras como Scottish Power, ha rechazado hacer comentarios de cuánto le falta por pagar ni qué parte le corresponde de los 2.550 millones de ayudas irregulares reclamadas entre 2017 y 2019.

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Otros afectados, aunque en menor medida, son compañías como Ferrovial, que ha pagado casi 70 millones, Prosegur, que también asegura que devolvió este beneficio fiscal, sin especificar qué cantidad, o Abertis. La firma de gestión de autopistas que ACS y Atlantia compraron a Caixa en 2018 también ha devuelto parte de las ayudas y provisionado otra parte, aseguran fuentes oficiales de la empresa, que no aclaran las cantidades.

Todas estas dádivas fiscales explican el fuerte aumento de ayudas públicas de España en el concepto de "promoción de las exportaciones y del sector exterior" en diversos años con respecto a otros países de Europa, explica la CNMC. Rodrigo Rato, responsable directo de aprobar esta medida en 2002, posteriormente, tras dejar sus cargos públicos, fue contratado por firmas que se vieron beneficiadas como Banco Santander, Telefónica o CaixaBank. Por su parte, otro miembro destacado del gabinete de José María Aznar cuando se aprobó esta ayuda ilegal como Ángel Acebes fue fichado por Iberdrola, donde aún permanece tras ser absuelto por el caso de las tarjetas 'black', escándalo por el que el propio Rato fue condenado a cuatro años y medio de prisión.