ERC complica la reforma eléctrica: no apoyará al Gobierno si castiga a las comercializadoras

Se complica la reforma eléctrica con la que el Gobierno busca abaratar la luz a una parte de los consumidores domésticos y parte de la industria con los ingresos que reciben las renovables con subvención. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha transmitido al Ejecutivo que no apoyará la convalidación de un hipotético Real Decreto-ley, actualmente en elaboración, si dicha norma supone un castigo para las comercializadoras independientes que a su vez favorezca a las grandes eléctricas, afirman fuentes al tanto de las negociaciones.

Dichas fuentes señalan que para el partido mayoritario de Cataluña el planteamiento que ha trascendido va contra la competencia y además supone un especial castigo para comercializadoras catalanas (Holaluz, Audax, Factor Energía, Nexus Energía, etc.). El apoyo de ERC a esta reforma es clave, ya que sus votos en el Congreso de los Diputados son imprescindibles para que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos saque adelante su propuesta.

El pasado martes, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, y el director general de política energética, Manuel García, se reunieron con las principales asociaciones que representan a las renovables y cogeneradores para pedirles propuestas con las que bajar la luz.

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La idea del Gobierno, según avanzó 'El Economista', era sacar un real decreto en el próximo Consejo de Ministros con el que las renovables primadas, cuyo régimen se denomina RECORE, pusieran a disposición de la tarifa regulada, conocido como Precio de Venta al Pequeño Consumidor (PVPC), y de la industria su energía a un precio asequible al margen del mercado marginalista, actualmente en máximos (ronda los 200 euros MWh cuando habitualmente está en 50 euros MWh).

Este planteamiento ha generado un fuerte malestar entre las comercializadoras independientes, como avanzó El Confidencial, que entienden que una norma así provocará una fuga masiva de clientes del mercado libre en el que está su negocio hacia la tarifa regulada, que por ley solo pueden dar las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Repsol). Este jueves a última hora, la patronal de comercializadoras (ACIE), anunció que "tramita una queja a instancias europeas por la adopción de medidas públicas que refuerzan la posición de dominio de las grandes eléctricas".

Para ERC, además, esto tiene un efecto territorial muy desigual, ya que la fuga de clientes supondría una pérdida de ingresos para firmas de mediano tamaño con sede en Cataluña como Holaluz, Audax, Factor Energía o Nexus Energía hacia empresas de gran tamaño ubicadas fundamentalmente en Madrid.

Para ERC supone una pérdida de ingresos de empresas catalanas (Holaluz, Audax, Factor Energía o Nexus) hacia las eléctricas en Madrid

La reforma se aplaza

Las quejas del sector y los grupos parlamentarios están haciendo efecto sobre el Ministerio para la Transición Ecológica. Fuentes empresariales detallan que la Secretaría de Estado de Energía les ha transmitido que finalmente la reforma no irá a Consejo de Ministros el próximo martes. Dichas fuentes señalan que las autoridades ministeriales han transmitido este viernes que se darán al menos una semana más, hasta el Consejo del 16 de noviembre, para que la norma salga lo mejor posible.

Este viernes también, los responsables en Energía del Gobierno se reunían con la asociación de representantes del mercado (ARMIE). En dicho encuentro, se les ha tranquilizado sobre varios aspectos. En primer lugar, el Gobierno busca aprobar la norma sin afectar al negocio de representación de mercado, que supondría un duro golpe a la liquidez de las comercializadoras en un momento de extremada tensión de caja por los elevados precios del mercado mayorista, conocido como 'pool'. La idea es que el RECORE siga pasando por el 'pool' para hacer una suerte de contrato a plazo posterior con el que servir al PVPC, tal y como le pedían las empresas. Sacar el RECORE del mercado de casación marginalista supondría complicaciones adicionales con las autoridades comunitarias. Bruselas ya ha advertido a España que no es favorable ni a modificar el actual sistema de fijación de precios ni tampoco a revertir el proceso de liberalización, por lo que la norma no es fácil de articular para el Gobierno.

Además, desde el Ejecutivo señalan a las empresas que la cogeneración, tecnología primada pero dependiente del gas, quedaría fuera de la limitación de sus ingresos. También se les ha tranquilizado, ya que aseguran que son sensibles a dejar fuera de esta rebaja de ingresos a aquellos productores de renovables que tienen firmadas coberturas y que en realidad no cobran los elevados precios del mercado mayorista. Las propias asociaciones de renovables, entre las que se encuentran UNEF, APPA, AEE, Anpier y Protermosolar, no actúan de forma consensuada, ya que cada uno tiene sus intereses y la posición sobre esta reforma de cada una de ellas es dispar.